El conflicto de la línea 7B va a más: 14 nuevos desalojos y quejas por el pago a los realojados

  • La Comunidad ha decidido que 14 familias más salgan de sus casas, como pedía el Ayuntamiento de San Fernando.
  • Otras 10 se quejan de que el dinero que se les da para seguir en un apartahotel desde este martes es "insuficiente". 
  • Todos los afectados vuelven a manifestarse este martes en las calles de San Fernando de Henares.
Las grietas recorren toda la fachada del edificio en el cruce de Vergara con Somorrostro.
El problema de la línea 7B en San Fernando se remonta 15 años atrás. En la imagen, tomada en 2011, un vecino de la zona muestra la magnitud de las zonas.
Jorge París

Los problemas siguen creciendo en San Fernando de Henares por la línea 7B de Metro de Madrid. A los nuevos desalojos de vecinos por los desperfectos causados por el suburbano hay que sumar el final del contrato de emergencia mediante el que se paga el realojo en un apartahotel a varias familias que se vieron obligadas a dejar sus casas el año pasado. Para abordar estos asuntos, este lunes se han producido varias reuniones entre la Consejería de Transportes e Infraestructuras, con el consejero David Pérez a la cabeza, el Ayuntamiento de la localidad y los vecinos perjudicados.

La primera cuestión urgente a tratar era la situación en la que iban a quedar los vecinos del número 7 de la calle de Rafael Alberti. El pasado jueves, la Comunidad ordenó el desalojo de 16 viviendas de dos portales de esta finca para garantizar la seguridad mientras se realizan trabajos de consolidación en la zona. Tras conocer esta decisión, el Consistorio que preside Javier Corpa pidió el desalojo completo de la comunidad, formada por 30 familias repartidas en cuatro portales.

"La entrada es una parte del edificio que está muy dañada y, por tanto, el Ayuntamiento entiende que se tiene que llevar a cabo el realojo de todas las familias", señaló entonces el primer edil de San Fernando, que ya el viernes firmó la "declaración de ruina física inminente" del bloque porque los vecinos les habían transmitido que vivían con "miedo". Esta petición se ha vuelto a reiterar este lunes al consejero, con resultado positivo, porque la Comunidad ha optado por el desalojo completo, con la salida de otras 14 familias.

"La empresa Tragsa se va a poner en contacto con las familias explicándoles cuáles van a ser los pasos que tienen que seguir para llevar a cabo el realojo", ha agregado Corpa, unos trámites que deben resolverse en las próximas horas. A la espera de recibir solución definitiva, estas familias serán trasladadas a un apartahotel o a pisos de alquiler, que pagará el Gobierno regional, al igual que los costes de los suministros y de manutención, según ha informado el departamento de Pérez.

Viviendo un apartahotel, y en las últimas horas con una situación de incertidumbre, siguen 10 de las 24 familias que fueron realojadas el año pasado. La Comunidad ha estado corriendo con los gastos de alquiler y manutención de estos afectados desde que se vieron obligados a dejar sus viviendas, que ya están demolidas, pero a partir de este martes no podrá seguir haciéndolo porque, según se ha justificado en reiteradas ocasiones desde el Ejecutivo, expira la orden de emergencia que ampara esos pagos.

Desde el área de Transportes e Infraestructuras se aseguró hace semanas que seguirían corriendo con los gastos para que ninguna familia se viera en la calle, aunque con otra fórmula. La Comunidad ha optado por ofrecer a los vecinos un acuerdo por el que se compromete a adelantarles 4.788 euros, a razón de 798 al mes durante medio año, para que puedan hacer frente a los "gastos de alojamiento". Esta cantidad se sumaría a la indemnización final que tengan que percibir los vecinos por los daños patrimoniales, según precisan fuentes del departamento que dirige David Pérez, y el objetivo que se busca es que los vecinos puedan disponer de ella hasta que se resuelvan los expedientes definitivos, una tarea en la que ya se trabaja.

Los vecinos han calificado esta cantidad como "insuficiente" porque no cubre en su totalidad las tarifas que se han dado a los vecinos desde el apartahotel en el que llevan residiendo el último año. Juan Antonio Fuentes, presidente de la Asociación de Afectados Presa–Rafael Alberti, ha explicado que el establecimiento ha pedido a las diez familias que aún siguen viviendo allí un total de 960 euros por 30 días de alojamiento en un apartamento de un dormitorio. Para uno de dos habitaciones con capacidad triple la mensualidad asciende a 1.260 y se ha fijado en 1.510 para uno de dos dormitorios cuádruple. Las ampliaciones de estancia para esos mismos alojamientos por tres semanas asciende a 756 euros, 1.018,50 y 1.239, respectivamente.

"Los 798 no cubren las necesidades de los vecinos, que tendrían que aportar la diferencia", ha lamentado Juan Antonio Fuentes, quien ha destacado que estas familias también tendrán que correr a partir de ahora con los gastos de manutención. "Muchos carecen de estos recursos porque siguen pagando hipotecas de 700 y 800 euros", ha insistido, por ello en la reunión que han mantenido este lunes con el consejero le han solicitado que el adelanto sea de un año y no de seis meses.

También han pedido a la consejería que utilice otro criterio diferente al que ha usado para calcular los 798 euros. El Gobierno regional ha obtenido esta cantidad a partir del índice de precios medios de alquileres que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana publicó en 2020 y le ha añadido un 14% por la variación del IPC. Los vecinos han defendido que el cálculo se tendría que haber hecho a partir del precio de los alquileres que hay hoy en día en San Fernando de Henares. "Ayer salían 13 pisos en alquiler amueblados y los precios eran de 1.250 euros para arriba", ha remarcado el representante de los afectados.

"Las familias no están para limosnas"

"La propuesta que se le ha hecho a los vecinos de esta de esta finca es insuficiente porque no cubre las necesidades más básicas de muchas de las familias. Espero la rectificación de la Comunidad de Madrid", ha pedido también el alcalde Javier Corpa. "Es injustificable que 15 años después de que comenzasen los problemas estemos con estas", ha valorado Mónica García, portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional. "Sabiendo, como saben, que el apartahotel donde han estado desalojados hasta el momento cuesta 960 euros por personas, ¿qué pretenden que hagan las familias con el dinero que les ofrecen?", se ha preguntado la líder de la oposición sobre la cantidad mensual para alojamiento que ha ofrecido la Comunidad de Madrid.

El representante de los afectados ha asegurado que el consejero les ha dicho este lunes que no puede atender sus peticiones. "Las familias han dicho que no están para limosnas", ha advertido Juan Antonio Fuentes. Algunas, de hecho, han asegurado que van a seguir en el alojamiento más allá de las 12.00 horas de este martes, cuando la dirección del establecimiento les ha comunicado que deben "liberarlo". "Unos vecinos han dicho que no se van a ir, que vengan a desalojarles. Y otros que si se van, se quedan en la calle", ha señalado el presidente de la asociación de perjudicados. "Esta no es la solución", ha agregado.

"Siempre hemos actuado con diligencia y de oficio", ha asegurado el consejero David Pérez en unas declaraciones remitidas a la prensa por la consejería tras las reuniones de este lunes. Pérez ha calificado como "provechosas" las reuniones a las que ha asistido en San Fernando. "Hemos trabajado precisamente para escuchar, que creo que es fundamental para dar solución de una forma dialogada a los vecinos (…) hemos estado resolviendo las dudas de las familias y escuchando también sus propuestas y comprobando cuál es la situación tan dura que estas familias están sufriendo. Nosotros hemos explicado nuestra voluntad y que nuestras decisiones están orientadas precisamente a darles una solución", ha añadido.

Desde el departamento de Transportes e Infraestructuras se ha insistido que desde este martes están disponibles "los anticipos" para destinarlos a los gastos de alojamiento e igualmente ha añadido que la consejería ya tiene "las indemnizaciones definitivas". "La Comunidad de Madrid no se está escatimando ningún recurso humano y económico para solventar cuanto antes esta situación", han reiterado desde el Gobierno autonómico.

Mientras, los vecinos se preparan para salir de nuevo a protestar a la calle. Será este martes, una semana después de su concentración frente a la Asamblea de Madrid durante el Debate sobre el estado de la Región. En esta ocasión, la manifestación está convocada en San Fernando a partir de las 19.00 horas. La protesta comenzará frente al número 27 de la avenida de Algorta y desembocará en la plaza de España de la localidad.

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