Hace unos pocos meses, parecía que en Cataluña iba a poder utilizarse el castellano en todos centros educativos como lengua de enseñanza, en aplicación de la sentencia del TSJC que obligaba a impartir un mínimo del 25%. Aunque la sentencia era firme desde enero pasado, la administración educativa catalana se resistió a aplicarla con el objetivo de ganar tiempo para poder desactivarla. Si ha logrado ese empeño es porque quienes debían pedir la ejecución de la sentencia, la Abogacía y el ministerio de Educación, han preferido mirar para otro lado por razones políticas. Este es uno de los tributos que ha pagado el Gobierno de Pedro Sánchez a ERC para contar con su apoyo, y del que se trató en la última reunión de la mesa de diálogo.

En paralelo, el Parlamento autonómico aprobó una nueva ley de política lingüística un tanto ambigua, y el Govern dictó un decreto-ley prohibiendo cualquier tipo de porcentaje lingüístico a fin de alegar ante la justicia que el marco legal había cambiado y, en consecuencia, ya no podía aplicar ese 25%. La nueva ley, aprobada por PSC, ERC, Junts y Comunes, permitía interpretaciones diversas. Para los nacionalistas, la diferenciación entre "vehicular" y "curricular" era un simple ardid para no aplicar la sentencia sin desobedecer explícitamente. Los socialistas, en cambio, defendían que se abría una fórmula para que el castellano fuera también lengua de enseñanza. El inicio de curso ha evidenciado que el fin real de la nueva legislación era, efectivamente, blindar la escuela monolingüe en catalán. Finalmente, el TSJC, harto del pulso que venía librando con la Generalitat, y a la vista de que el Gobierno de España se desentendía del asunto, decidió echarse a un lado y aceptar la inaplicabilidad de su propia sentencia.

El resultado es que este curso ha empezado sin el castellano como lengua vehicular, y que incluso peligra para aquellas familias que tiempo atrás se ganaron ese derecho en los tribunales, como pretende el ahora envalentonado consejero de Educación Josep González Cambray. Para defender que el castellano sea también vehicular en la enseñanza obligatoria, la plataforma "Escuela de Todos", que reúne a una serie de entidades civiles constitucionalistas, llama a la movilización este domingo en Barcelona. Lamentablemente, Cataluña es el único lugar de la UE donde la lengua cooficial y mayoritaria de un territorio no se puede utilizar en la escuela. Es una anomalía que vulnera derechos fundamentales, va en detrimento de la competencia lingüística de los alumnos, sobre todo de los catalanohablantes, y convierte la educación en un instrumento de los nacionalistas para intentar cambiar la composición lingüística de la sociedad catalana. Hablamos siempre de la escuela pública, porque en la privada, donde las élites (también las nacionalistas) llevan a sus hijos, la enseñanza es trilingüe.