Los taxistas de Madrid piden tacógrafos en taxis y VTC para vigilar los turnos de 24 horas

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Taxis circulando por la Comunidad de Madrid.
20M EP

La Federación Profesional del Taxi (FPTM) ha comunicado este miércoles que, junto a TaxiProject, Unidas Podemos y otras formaciones, ha promovido un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid, la que denominan 'Ley Uber de Ayuso', y han exigido la instalación de tacógrafos en taxis y en VTC (Vehículo de Transporte con Conductor) para vigilar los turnos de 24 horas y tiempos de descanso tras el anuncio de la liberalización de los horarios, pues "da pie a que puedan trabajar hasta tres conductores distintos".

Así lo ha manifestado el presidente de la FPTM, Julio Sanz, después de la nueva medida anunciada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la que pretende ampliar los turnos de trabajo del sector del taxi a 24 horas todos los días de la semana y que los usuarios puedan reservar plaza única en coche compartido.

"Además de ser una medida que no ha sido solicitada ni avalada por la mayoría del sector, al que ni se ha consultado ni informado sobre ello, supone un peligro para el estado de los vehículos y la calidad del servicio, pues en 24 horas podrían trabajar hasta tres conductores, tanto en los taxis como en las VTC que tengan trabajadores asalariados contratados, algo que dudamos que las grandes empresas de VTC vayan a estar comprometidos con cumplir", ha explicado Sanz.

En este sentido, en un comunicado, la federación del taxi ha subrayado que ampliar los turnos de trabajo del sector del taxi a 24 horas diarias supondrá, para un sector formado en su mayoría por autónomos, "una losa más en la supervivencia del sector que lleva años agonizando" por "las consecuencias de las decisiones de un Gobierno regional que premia los intereses de unas pocas multinacionales en detrimento de un servicio público".

Por su parte, el consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez, se ha reunido este miércoles con representantes de los sectores del taxi (la Asociación Madrileña del Taxi y la Gremial del Taxi) y VTC de la región para explicarles los contenidos que el Gobierno regional quiere incorporar en los reglamentos que establecerán las normas para la prestación de sus respectivos servicios.

"Estos servicios son distintos y queremos asegurar que estén en igualdad de condiciones, que no tengan más ventajas las VTC que el taxi. Queremos velar también por este último sector, al que hemos ofrecido una línea de ayudas para poder modernizarse y fortalecerse de cara a un futuro que está condicionado por una competencia que exige al sector del taxi tomar decisiones que les permitan competir con mayor fortaleza", ha explicado.

Recurso de inconstitucionalidad

En paralelo, la asociación ha promovido, junto a Unidas Podemos y el apoyo de hasta 55 diputados del Congreso de otros partidos políticos, un recurso de inconstitucionalidad contra esta nueva ley de transporte por evasión de competencias municipales y estatales y discriminación en contra del taxi.

Según han explicado desde la FPTM, esta reforma habilita a las VTC a que tengan autorización nacional domiciliada en la Comunidad de Madrid para realizar actividad urbana en todos sus municipios, algo que invadiría competencias municipales, pues son estos los encargados de otorgar licencias de taxi y autorizaciones VTC. "De nuevo nos encontramos ante una norma improvisada que será impugnada por el sector y que no se entiende si no es por dar respuesta a intereses ocultos que buscan sustituir un servicio público por otro de carácter privado", ha indicado Sanz.

A su juicio, "las leyes que aprueba este equipo de Gobierno no tienen recorrido legal, rozando en algunos casos la prevaricación, y aunque caerán una a una en los tribunales, esta última reforma es sin duda la mayor chapuza normativa que ha vivido el sector en los últimos 40 años y haremos lo posible porque no salga adelante".

Por último, la FPTM ha hecho un llamamiento al PP para reunirse con las asociaciones y escuchar al sector, "y no con tres empresarios que dicen ser la voz del sector, pero no cuentan con el aval del conjunto del colectivo".

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