La exdiputada de la CUP Anna Gabriel ha comparecido este miércoles a las 11.30 horas ante el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena como procesada por un delito de desobediencia –que no implica penas de prisión- relacionado con la declaración unilateral de independencia (DUI) del año 2017. Gabriel ha llegado a las puertas del Supremo a las 11.10 horas y ha sido recibida por representantes de la CUP, ERC, Junts, Bildu, Òmnium Cultural y Podem. En la comitiva han estado presentes Oriol Junqueras, Gabriel Rufián o Carolina Telechea de ERC; Josep Rius y Josep Pagès de Junts, Jaume Asens de En Comú Podem; Mertxe Aizpurua y Jon Iñarritu de EH Bildu y Nestor Rego del BNG. También ha asistido el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich.
La exdiputada ha accedido al edificio judicial por una puerta lateral y ha salido a las 12.20 horas. Su comparecencia ante el juez apenas ha durado 15 minutos. Gabriel ha estado representada por el abogado Íñigo Iruín, con mucha trayectoria en la representación de militantes de la izquierda 'abertzale' y que también lleva el recurso de Carme Forcadell.
Solo ha contestado una pregunta, la del fiscal, negando rotundamente que recibiera un requerimiento personal del Tribunal Constitucional prohibiendo determinadas cuestiones en el Parlament, por lo que rechaza que cometiera un delito de desobediencia. La exdiputada de la CUP se ha negado a responder a la Abogacía el Estado y a Vox, que ejerce la acusación popular en este caso.
Anna Gabriel ha salido del juzgado visiblemente emocionada porque "son 4 años y medio lejos de casa". Sin embargo, no tiene previsto establecerse en España. Continuará residiendo en Suiza. No ha querido responder a las preguntas los periodistas y tan solo ha hecho unas breves declaraciones a los medios allí presentes en el que ha expresado, en primer lugar, su "pensamiento para todas las represaliadas en el exilio, multadas, amenazadas y perseguidas" por el 'procés'.
Seguidamente, ha expresado que, a su parecer, "nunca debería haberse judicializado la aspiración legítima de un país" (Cataluña) a su independencia.
El magistrado deberá dictar un auto de conclusión del sumario, remitir la causa a la Sala Segunda, y previsiblemente, el caso acabará en un juzgado de lo penal de Cataluña
Ahora, el magistrado deberá dictar un auto de conclusión del sumario y remitir la causa a la Sala Segunda del alto tribunal para revisar el procedimiento. Previsiblemente, el caso acabará en un juzgado de lo penal de Cataluña, puesto que ya no es cargo público. El delito de desobediencia que Llarena le imputa no comporta ninguna pena de prisión, sino una multa de hasta 12 meses y una pena de inhabilitación para ocupar de cargo público de hasta dos años.
Els principis segueixen intactes! ✊ 😍
— Free Anna Gabriel (@freeannagabriel) September 14, 2022
Anna Gabriel Sabaté pic.twitter.com/6dEpJ2SHhC
Apoyo de Junqueras y Asens
Gabriel ha acudido al Supremo acompañada de una delegación de la CUP y también de representantes de diversas formaciones. Maria Sirvent, de la CUP, ha declarado a las puertas del Alto Tribunal que "estamos ante una causa represiva (contra Gabriel) y política que la mantiene ya cuatro años y medio en el exilio". Jaume Asens, diputado de En Comú Podem en el Congreso de los Diputados, ha mostrado su "apoyo al independentismo ante la ofensiva judicial que está sufriendo".
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, que ha ofrecido un desayuno informativo a primera hora de la mañana en la capital española, ha reiterado "el compromiso de su partido con la amnistía para los represaliados, en la lucha contra la represión y en el ejercicio del derecho a la autodeterminación" y que "nadie debería comparecer ante este tribunal teniendo en cuenta todas las resoluciones adoptadas por los organismos internacionales".
Desde Junts Per Catalunya, su portavoz Josep Rius, ha incidido en que su formación sigue "apostando por la estrategia de todo el independentismo" para hacer frente también a la "lucha represiva", y ha reiterado que ni Gabriel ni ninguno de los "exiliados" ha cometido ningún delito.
"Nadie debería comparecer ante este tribunal teniendo en cuenta todas las resoluciones adoptadas por los organismos internacionales". Oriol Junqueras, presidente de ERC.
La exdiputada de la CUP fue procesada en marzo de 2018 en el marco del procedimiento penal del Tribunal Supremo por el 'procés', y fue declarada en rebeldía en julio de 2018. El juez la investigó por un supuesto delito de desobediencia, pero no emitió ninguna orden europea o internacional de detención contra ella. Llarena sí que dictó una orden estatal de detención para que fuese puesta a disposición del Supremo y se le pudiese tomar declaración.
Per este motivo, el pasado 19 de julio –tras dejar sin efecto la declaración de rebeldía- el juez la dejó en libertad y la citó para este miércoles en una comparecencia en la que también estarán presentes el resto de partes personadas en el 'procés'. Con todo, Llarena la obligó a designar un domicilio y a dejar un teléfono para localizarla.
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