El Gobierno renuncia a realizar los nombramientos de los dos magistrados que debía designar para el Tribunal Constitucional. Al menos, por ahora. Este martes era el último día para que el Ejecutivo acometiese estas designaciones, pero finalmente ha decidido saltarse los plazos impuestos por él mismo y esperar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tendrá que llevar a cabo otras dos designaciones y que está en la actualidad negociando los nombres tras rechazar el pasado jueves cumplir lo estipulado por ley.

"El Gobierno no contempla otro escenario que el CGPJ no proceda a nombrar a los magistrados cumpliendo la ley que está vigente", ha lanzado la ministra de Justicia, Pilar Llop. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha dicho estar "segura" de que "en los próximos días" el órgano de Gobierno de los jueces alcanzará un acuerdo para realizar sus nombramientos. Por lo pronto, no parece que vaya a ser fácil. Los ocho vocales 'conservadores' se rebelaron y forzaron al CPGJ al completo a saltarse una reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial que impulsó el Gobierno el pasado julio y que habilitaba al Consejo a nombrar a miembros del Constitucional mientras permanecía incapaz -por estar en funciones desde 2018- de realizar otros nombramientos discrecionales.

El presidente del órgano, Carlos Lesmes, ha hablado con posibles candidatos y ha presionado para que ambos sectores -conservadores y progresistas- se pongan de acuerdo en los nombres seleccionados, aunque no logró que lo hicieran en tiempo y forma por el boicot de los conservadores. Con todo, tendrán una nueva oportunidad en el próximo Pleno, fijado para este viernes.

Los miembros del CGPJ se reunirán el próximo viernes para continuar negociando los nombramientos del TC fuera de plazo

En ese contexto es bajo el que se debe entender que la ministra haya dado por hecho que harán los nombramientos "en días". "Dejémosles trabajar y que haya consenso", ha remachado Llop, que ha insistido en echar la culpa del bloqueo del CGPJ al Partido Popular por no avenirse a sentarse a negociar. "La culpa es exclusivamente de una fuerza política que es el PP", ha continuado la ministra, que ha evitado responder a si llamará a los 'populares' al asegurar que el Ejecutivo "hace gestos todos los días" y al recordar que la renovación no compete al Gobierno, sino a los grupos parlamentarios -PP y PSOE-.

La titular de Justicia también se ha pronunciado sobre la carta enviada por la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, a Lesmes tras la amenaza de éste de dimitir "en semanas" si no se renovaba el CGPJ. La vicepresidenta le transmitió ayer la "coincidencia" en la "urgencia y prioridad absoluta" que es la renovación. “El PP buscó la complicidad de la Comisión Europea para incumplir la Constitución, pero afortunadamente la vicepresidenta se ha mostrado en contra”, ha declarado Llop.

Miles de sentencias paralizadas

La ministra, que siempre trata de hacer pedagogía ante la patente falta de interés de la opinión pública sobre la renovación del órgano constitucional, ha señalado que ahora sí es algo que preocupa a los españoles, a los que ha dicho haber escuchado en el metro o en el autobús. Lo cierto es que el bloqueo tiene una afección enorme para el mundo judicial al paralizar la acción de la Justicia. Según cuantificó el propio Lesmes el pasado miércoles, hay 14 vacantes en el Tribunal Supremo "y miles de sentencias pendientes", lo que supone un retraso con efectos "devastadores".