La sección 10 de la Audiencia de Barcelona ha condenado a 17 personas por la tramitación fraudulenta de licencias de pisos turísticos en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona entre 2005 y 2009.

La sentencia les impone penas que oscilan entre los seis meses y los tres años y medio de prisión por los delitos de soborno, prevaricación urbanística, infidelidad en la custodia de documentos y falsedad documental.

Para la acusación de la Fiscalía, la entonces jefa jurídica de la asesoría jurídica del distrito era la "pieza clave" de esta trama que cobraba entre 150 y 450 euros por agilizar la tramitación expedientes de licencias.

Estas licencias se volvieron necesarias a raíz de una regulación del Ayuntamiento sobre los pisos turísticos en el distrito, que prohibía abrir nuevos apartamentos turísticos pero permitía que continuaran los que ya había si tenían una licencia municipal.

El caso se empezó a investigar en 2009 en el Juzgado de Instrucción 33 de Barcelona y llegó a la Audiencia de Barcelona, encargada de juzgarlo, en 2019.

La causa empezó con una veintena de acusados pero tras diferentes acuerdos entre defensas y Fiscalía, además de algunas retiradas de acusaciones, hizo que el juicio siguiera solo contra cuatro personas.

De entre estas cuatro, una técnica quedó absuelta en la última sesión del juicio porque la Fiscalía y la Generalitat retiraron la acusación contra ella.

Los acusados que pactaron con la Fiscalía reconocieron los hechos a cambio de rebajar las condenas en la sentencia que se ha publicado este viernes.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha detallado que la causa consta de un total de 35.369 folios repartidos en 27 volúmenes y tiene más de 46 cajas de prueba documental. ITZIAR GONZÁLEZ Y LOURDES CONESA

Itziar González y Lourdes Conesa

La sentencia reconoce el papel de la entonces concejal de Ciutat Vella Itziar González y la técnica Lourdes Conesa, que detectaron las irregularidades en la tramitación y denunciaron la trama.

Esto les comportó amenazas que los acusados ya han reconocido, en un acuerdo en el que también admitieron que eso forzó que González y Conesa renunciaran a sus responsabilidades en el distrito.

Por eso, en el juicio el abogado de González, Benet Salellas, pidió al tribunal que remitiera testimonio al Ayuntamiento para valorar si la administración debe indemnizarla por haber dejado su cargo a causa de las amenazas que recibió.

Sin embargo, el tribunal ha descartado incluirlo en la sentencia, ante lo que Salellas ha señalado este viernes que el Ayuntamiento tiene capacidad para abrir de oficio un procedimiento para indemnizar a González.