La UE mantiene abierta la petición del PP sobre abusos sexuales a menores tutelados en la Comunitat Valenciana

La diputada Elena Bastidas (PP), durante su intervención en el Comité de Peticiones.
La diputada Elena Bastidas (PP), durante su intervención en el Comité de Peticiones.
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La diputada Elena Bastidas (PP), durante su intervención en el Comité de Peticiones.

El Comité de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido mantener abierta la iniciativa para investigar los casos de presuntos abusos sexuales a menores tutelados en la Comunitat Valenciana. La petición, que ha sido presentada este jueves por la diputada del PP en Les Corts Elena Bastidas y por la abogada valenciana Ana Gil, ha tenido que ser sometida a votación por parte de la presidenta del Comité, Dolors Montserrat (PP), debido a la división entre los diferentes grupos políticos. De hecho, los contrarios a mantenerla abierta, como los grupos socialdemócrata, izquierda o Verdes, han abandonado la sala antes de la votación al estar en desacuerdo con el formato propuesto por la Presidencia.

En su exposición, Gil ha denunciado la existencia de "numerosos casos de abusos a menores tutelados" en la Comunitat Valenciana y ha pedido a la Unión Europea que legisle para proteger a este segmento de población a nivel comunitario. Bastidas, que ha aludido a un informe del Síndic de Greuges que cifra en 175 los menores tutelados abusados en esta autonomía, se ha centrado en el caso por el que ha acabado condenado a cinco años de prisión por abuso sexual a una menor tutelada el exmarido de Mónica Oltra, por cuya gestión está imputada la propia exvicepresidenta y otras 13 personas. La parlamentaria ha llegado a afirmar: "No queremos más Oltras en la Comunitat Valenciana, en España ni en Europa".

En la sesión también ha intervenido un representante de la Generalitat, en concreto el director general del Secretariado y de la Portavoz del Consell, Juan Vicente Santos, que ha expuesto un listado de 13 puntos por los que, en su opinión, se debería cerrar la petición. Entre ellos, que el caso ya está judicializado, que la UE no tiene competencias y que las peticionarias son cargos públicos y buscan "atacar a la persona impulsora del nuevo modelo" de atención a la infancia y la adolescencia, en alusión a Oltra.

Durante el debate, el grupo popular y Vox se han manifestado a favor de mantener abierto el caso, los liberales se han mostrado divididos y la izquierda ha pedido cerrarlo. Ante esta división, Montserrat ha optado por una votación, que ha acabado con el resultado de nueve votos a favor de mantenerla abierta (el quórum estaba fijado precisamente en nueve europarlamentarios).

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