En rueda de prensa junto a la directora general de Desarrollo Rural, Nuria Bazo, ha hecho un llamamiento "claro en favor de la concienciación" para que haya unos precios "justos" para la uva, teniendo en cuenta, ha dicho, "la relevancia que tiene para nuestra región la viticultura".

Por ello, ha explicado, y dado que el Gobierno de La Rioja tiene un compromiso de "prioridad" con el cumplimento de la Ley de la Cadena Alimentaria este año se amplían las inspecciones y se incluyen las bodegas.

En las inspecciones, se comprobará que se ha formalizado un contrato por escrito en todas las operaciones de compraventa y, en él, se detalla el precio del producto y que se están cubriendo los costes de producción para el agricultor.

En este sentido, Bazo ha insistido en que deben formalizarse contratos alimentarios por escrito antes de la entrega de los productos agrícolas, o alimentarios, en todas las relaciones comerciales que se produzcan.

"Es una obligación", ha dicho, "que los precios a pagar en el campo por la industria, los operadores o la distribución, cubran los costes de producción", ha insistido.

El contrato, ha resaltado Hita, "es un vehículo de ordenación de la oferta" por lo que "es una cultura que tenemos que ir asimilando". "Tenemos que permearlo en nuestra forma de hacer", ha subrayado.

La Ley de la Cadena Alimentaria establece la prohibición de la venta a pérdidas; la transparencia en la formación de precios, con los costes de producción como base de los contratos, así como una mayor transparencia en la contratación, con una obligatoriedad de las relaciones contractuales mediante el registro de contratos.

Bazo ha detallado que los contratos revisados se referirán a las campañas agrícolas 2021. "Con el cumplimiento de esta ley se trata de evitar precios por debajo del coste de producción, sobre todo ahora, con incremento de precios de las materias primas y del combustible", ha dicho.

A su juicio, "asegurar lo justo de quienes trabajan en el sector primario es el objetivo. Es de justicia que se cubran los costes de producción, es de justicia que se prohíba la venta a pérdidas, que se les blinde frente a prácticas comerciales desleales y se dote de trasparencia real a las relaciones comerciales".

En el caso de infringir alguna de estas obligaciones, la empresa puede sufrir una sanción, que varía según el grado de la infracción: de 205 euros hasta 3.000 euros si se cataloga como leve; entre 3.001 y 100.000 euros si se califica como grave; y entre 100.001 y un millón de euros si se considera muy grave.

Se considera infracción muy grave la no formalización por escrito de los contratos alimentarios cuando esta formalización sea obligatoria o no incorporar en el contrato alimentario el precio.

Además de las inspecciones de oficio, se podrán realizar inspecciones derivadas de las denuncias. En este sentido la Autoridad de Ejecución adoptará todas las medidas necesarias para proteger la identidad de los denunciantes, así como de cualquier otra información cuya divulgación el denunciante considere que sería perjudicial para sus intereses.

La protección de la identidad del denunciante se garantizará tanto en vía administrativa como, en su caso, en vía judicial. En este último caso, la autoridad de ejecución, actuará en su nombre y representación, si es necesario, y siempre que esa representación no suponga indefensión. No se informará al denunciado de la identidad del denunciante.

Se pueden tramitar las denuncias en el registro ordinario de las Administraciones Públicas, dirigido a la sede de la Agencia de Información y Control Alimentarios.