La propuesta de Díaz de limitar el precio de alimentos básicos, entre lo inviable y lo trágico: "Se dejaría de producir pan o leche"

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EUROPA PRESS
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El alto coste que están alcanzando algunos de los productos básicos de la cesta de la compra ha llevado a la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz a proponer que se establezca un precio máximo para entre 20 y 30 productos básicos de la cesta de la compra a través de un acuerdo con las grandes distribuidoras. 

Y es que según los últimos datos publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), productos como los huevos (+19,3%); la leche (+16,4) o el pan (11,4%) se han encarecido por encima del IPC, que en agosto se situó en el 10,4%, cuatro décimas menos que en julio, que hasta la fecha es el máximo registrado en los últimos 38 años.

Su iniciativa parece que no cuenta con demasiados apoyos. Ni siquiera en Podemos lo ven claro pese a que comparten el fondo de la propuesta. "Nosotros propusimos hace unas semanas crear un impuesto extraordinario a las grandes empresas de distribución", ha declarado el portavoz orgánico de Podemos, Pablo Fernández. 

Desde el Ejecutivo también han dejado claro que la propuesta es en la actualidad inviable. Luis Planas, ministro de Agricultura, ha concretado al respecto en declaraciones a EP que la intervención de precios es una "medida excepcional" que solo se puede adoptar, de acuerdo con la normativa europea, en el caso de mercados regulados y el mercado agroalimentario no lo es. "No me parece, en absoluto, una medida pertinente y no ayudaría ni a los productores ni a los consumidores, ni a ningún eslabón de la cadena", ha asegurado.

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Expertos en derecho consultados por 20minutos han añadido que la medida también sería muy complicada de ejecutar aunque hubiese voluntad y se produjese un acuerdo entre las partes porque resulta contraria a la normativa de la competencia tanto a nivel nacional como comunitario. Ni siquiera estaría exenta de polémica aunque fuese aprobada con rango de ley, debido a que se estaría vulnerando el artículo 38 de la Constitución, que "reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado". 

"Tendría consecuencias nefastas para la economía"

Al margen de su inviabilidad desde el punto de vista legal, la medida que plantea Díaz tampoco solucionaría nada sino todo lo contrario. "Tendría consecuencias nefastas y trágicas para la economía", afirma José García Montalvo, catedrático del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra. 

García Montalvo explica a este medio que fijar los precios sería un grave error porque "el problema viene del exterior" como consecuencia del imparable coste del precio de la energía, lo que está repercutiendo directamente en el coste de la cesta de la compra. 

"Están analizando mal el problema. Las causas de la subida del precio de los alimentos no tienen que ver con un aumento de los beneficios empresariales como se está diciendo sino con la subida de los costes de la energía", explica. Y pone un ejemplo reciente: "En Venezuela acusaron a los empresarios de inflar sus beneficios mientras el Gobierno se dedicaba a imprimir dinero, lo que contribuye a que aumente la inflación. Entonces decidieron controlar los precios. La consecuencia fue que una inflación del 25% se disparó hasta llegar al 1.000.000%". 

El profesor de la Pompeu Fabra concluye que en el hipotético caso en que Díaz lograse materializar su propuesta, el Gobierno solo tendría la opción de "indemnizar a los empresarios" para que no pierdan dinero porque de los contrario se verían obligados al cierre de sus negocios, lo que haría que aflorase un mercado negro de productos básicos. "Se dejaría de producir pan o leche", sentencia. 

Fabricantes y distribuidores piden bajar el IVA

En el lado de las patronales de los supermercados y empresas de distribución de alimentos aseguran que llevan mucho tiempo conteniendo los precios y que sería más oportuno una medida como reducir el IVA de estos productos. 

"La cadena de valor del gran consumo lleva mucho tiempo haciendo un gran ejercicio de contención para no repercutir al consumidor el gran incremento de costes que está sufriendo en un contexto marcadamente inflacionista", ha asegurado este martes la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc), integrada por 30.000 socios entre los que figuran Mercadona, Coca-Cola o El Corte Inglés.

Aecoc ha instado a aplicar rebajas en el IVA de los alimentos y "a no introducir más medidas impositivas que sumen costes a las empresas y resten competitividad al sector".

Ha destacado que España es uno de los países europeos donde menos se han incrementado los precios de los alimentos en 2022, concretamente el 7,9 % en los cinco primeros meses del año, entre otros motivos por los ajustes y la reducción de márgenes llevados a cabo por el sector.

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