El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a repetir este lunes, en el acto en el que ha recibido a 50 ciudadanos en La Moncloa, que España se trata de uno de los países con más personas desaparecidas del mundo, lo que achaca a la Guerra Civil (1936-1939) y a los cuarenta años siguientes de represión y de dictadura que caracterizaron al territorio español. 

En concreto, Sánchez ha declarado que el país ocupa la segunda posición, por detrás de Birmania. No obstante, hace menos de dos meses, el pasado 13 de julio, el presidente afirmaba en su discurso del debate sobre el estado de la nación que España, "después de Camboya, es el país con mayor número de desaparecidos forzosos", aportando la cifra de 114.00 personas.

Ya sea por detrás de Birmania o Camboya, la insistencia de Sánchez  en que España constituye uno de los primeros puestos en cuanto a desaparecidos forzosos no se ha probado con evidencias que lo avalen, según el medio de verificación Newtral. Así, no existe estadística internacional alguna que demuestre que dicha afirmación sea acierta.

Esta máxima también ha sido secundada por otros políticos, activistas, asociaciones u organizaciones, sobre todo como argumento para justificar la Ley de Memoria Democrática. Sin embargo, la ONU y la Comisión Internacional de Personas Desaparecidas (ICPM) han asegurado que no tienen constancia de la clasificación que sitúa al país en segundo lugar en el número de desaparecidos y/o fosas comunes.

¿Por qué se defiende esta afirmación?

Solo existe un documento oficial, de 2008, que hace referencia al dato de 114.00 desaparecidos y que situaría a España después de Camboya: un auto dictado por el Juzgado de Instrucción Penal n° 5 de la Audiencia Nacional, firmado por Baltasar Garzón. El texto recoge que "el número global de víctimas desaparecidas en el período estudiado (17 de Julio de 1936 a Diciembre de 1951) es de 114.266 personas".

Ahora bien, el escrito aclara que los números "deben ser contrastados, analizados y renovados para completarlos y actualizarlos al máximo". En este sentido, el dato no se puede considerar definitivo, puesto que se trata de una estimación realizada en base a información recibida por parte de asociaciones de familiares de desaparecidos.

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El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU que visitó España en 2013 asume, en un informe publicado en 2014, la cantidad de desaparecidos aportada por el entonces juez instructor, pero señalando que "no existe una cifra oficial del número de personas desaparecidas". 

Además, a través del informe, se platean dudas sobre la obtención de dicho resultados, ya que no se ha contado con una base de datos centralizada: "Existe una fragmentación y dispersión de la información disponible sobre las desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la dictadura, lo que produce confusión, entre otros, sobre el número de desapariciones forzadas".

Por tanto, a pesar de que haya sido reiterada varias veces, la afirmación respecto al lugar de España entre los países con más número de desaparecidos forzosos todavía no ha sido avalada ni demostrada como una información verídica.