A cinco metros sobre el océano Pacífico, entre Australia y Hawaii, cerca de 12.000 personas habitan una serie de islas que amenazan con ser tragadas por el mar: un paraíso tropical que los expertos tributarios de Gestha también califican como paraíso fiscal. El país menos visitado del planeta (recibió 2.000 turistas en 2016 según Clarín) irrumpió el pasado jueves en la actualidad española a causa del hundimiento frente a la costa de Gibraltar de un buque granero, el OS35, que ondea la bandera de esta pequeña nación insular.

Tuvalu es una de los países del pacífico en los que, ciertos residentes, ya sean personas o empresas, poseen cuentas bancarias con millones de dólares australianos. En 2020 eran 212 cuentas que acumulaban 194 millones en Australia. 

Ocurre igual en Kiribati, de 120.000 habitantes, donde sus residentes fiscales acumulan 682 millones de dólares en cuentas australianas. A ojos de la Unión Europea, que solo cuenta con nueve nombres en su lista negra, Tuvalu no es un paraíso fiscal, consideración que le ha costado la queja de los técnicos del Ministerio de Hacienda, cuyo listado incluye a 130 estados.

Con un PIB per cápita de 3.637 dólares, el sector público del país suministra alrededor del 70% de los empleos formales del país, y el 15% de la población masculina se halla enrolada permanentemente en estos buques extranjeros, concretamente alemanes.

Banderas de conveniencia

EFE

El OS35, que fue noticia en mayo de 2017 a causa de un intento de secuestro pirata, estaba registrado en este remoto estado del Pacífico, una estrategia que abre la veda a la extensión de tasas y permite al buque burlar las regulaciones nacionales en materia de derechos de los trabajadores y respeto al medio ambiente.

Igual que el OS35, los buques hundidos Prestige, Erika y Deepwater portaban banderas de paraísos fiscales y se ajustaban a las leyes de los países abanderados. La llamada bandera de conveniencia es una práctica bastante común que ha sido reiteradamente denunciada por los sindicatos internacionales de trabajadores del transporte marítimo. El argumento que esgrimen estos sindicatos es que la práctica incumple el Convenio de Naciones Unidas sobre el derecho del Mar, que exige la existencia de un vínculo genuino entre el propietario de un barco y su bandera.