La inflación se ceba con los asalariados, que pierden ya ocho puntos de poder adquisitivo aunque tengan el cobijo de un convenio

Extremadura cierra septiembre con 32.708 empresas con asalariados en el Régimen General, un 1,9% más en tasa interanual
Una trabajadora en una cocinal
20M EP

La intensa subida de precios que España sufre desde hace ya más de un año está erosionando el poder adquisitivo de millones de personas. El encarecimiento de la cesta de productos desde mediados de 2021 se ha acelerado con la guerra de Ucrania hasta alcanzar un 10,8%, según confirmó el INE este viernes: una cifra que no se recordaba desde hace 38 años y que impacta en la capacidad de compra de los españoles porque sus ingresos no están creciendo, precisamente, a semejante ritmo.

El Gobierno es el responsable de decidir cómo de grande será el golpe para los pensionistas y los empleados públicos; a los primeros el ministro José Luis Escrivá les asegura que no sufrirán el embate de la inflación "en cualquier escenario". Su prestación subirá lo mismo que el IPC medio del año —se espera cercano al 7,8%— aunque eso suponga un quebranto para las arcas públicas; a los segundos, los más de tres millones de funcionarios que hay en España, no se les traslada desde el Ejecutivo nada parecido y tendrán que esperar.

Los asalariados, por el contrario, no poseen el soporte de las decisiones políticas del Gobierno. La decisión para estos 17,3 millones de personas que se emplean por cuenta ajena parte del empresario que les contrata. Y ahí radica su reto: deben convencer a su empleador de que incremente sus emolumentos para que su sueldo no pierda valor por una vida más encarecida. La tarea se antoja hercúlea, sobre todo para los no protegidos por un convenio, porque al empresario la inflación tampoco le es ajena: se le ha encarecido la energía, los materiales, el transporte... y ahora le piden sus empleados que les suba el sueldo. Difícil conseguirlo sin un acuerdo colectivo que les represente a todos.

Pero los asalariados cobijados bajo ese acuerdo colectivo tampoco están para tirar cohetes. Los salarios pactados en convenio se han revisado un 2,56% de media hasta julio, según los datos del ministerio de Trabajo. Más de ocho puntos menos de lo que se encarece la vida. 

Dicho de otro modo: el sueldo para los 6,87 millones de trabajadores de las 667.400 empresas que han revisado en 2022 las condiciones retributivas de su convenio pierde un 8,24% de su valor. Es decir, pueden adquirir con su nómina un 8,24% menos de productos que en 2021. Y eso de media. Hay convenios con una revisión más austera que ese 2,56%... y su poder de compra se ha erosionado más.

Inflación y salarios en convenio
Inflación y salarios en convenio
Carlos Gámez

“Las familias ven cómo los salarios no suben y pierden poder adquisitivo. Es fundamental que los convenios lo garanticen mediante cláusulas de revisión", señala Adrià Junyent, el secretario de Juventud en CCOO, que culpa las empresas de contribuir a la espiral de precios elevándolos de forma artificial para mantener su beneficio. "La inflación no solo la crean la energía o los combustibles, también los márgenes empresariales".

"Subir salarios es una necesidad económica y social de primer orden, así como un reparto justo de los costes de la deriva inflacionista", indican por su parte desde UGT. "Hay empresas y sectores que siguen ampliando sus márgenes de beneficios a costa del empobrecimiento de los hogares", añaden en coincidencia con la visión de CC OO.

"No es realista subir los salarios un 10%"

Ambos sindicatos entienden, sin embargo, que muchas empresas no pueden subir un 10% los salarios en estos momentos. "No sería realista plantear tal subida de salarios", admite el secretario general de CC OO, Unai Sordo, que plantea en cambio pactar con la patronal una subida de retribuciones desde 2023 a 2025 que permita, al final de ese tercer año, recuperar el poder de compra perdido en los dos años previos.

La intención del Gobierno es que al menos las rentas bajas amortigüen el golpe de una inflación "absolutamente desbocada", tal y como la calificó esta semana la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La responsable laboral del Ejecutivo ha acelerado este mes su plan para volver a subir el SMI a finales de año —la cuarta vez que lo haría el Gobierno de coalición en tres años— y cumplir así la meta de alcanzar el 60% del salario medio antes de las elecciones generales de finales de 2023. 

Evolución del SMI en España
Evolución del SMI en España
Henar de Pedro

La decisión se consensua habitualmente junto a los sindicatos y  los empresarios. Pero la potestad final si no se amarra un acuerdo conjunto con los agentes sociales —como sucedió este año— es del Ejecutivo.

Los vulnerables, los más afectados

Lo cierto es que el impacto de la inflación se está cebando más con la población más vulnerable. "Los precios suben más en comunidades con sueldos más bajos, con Castilla-La Mancha en el 13,2%", señala Laura Estévez, secretaria de Comunicación y Gestión de Proyectos del sindicato USO. Madrid, en cambio, es la autonomía con la inflación más baja (9,6%) y a diferencia del resto, apenas ha visto crecer los precios en julio.

El segundo factor preocupante es que los productos de la cesta que más se encarecen son los más necesarios en hogares humildes: las gasolinas para desplazarse (+34,3%), la vivienda y sus suministros (+20%), el transporte para ir a trabajar (+16,2%) y la alimentación para nutrirse (+13,5%). "Los sueldos no se habían recuperado de la anterior crisis y ahora, los que suben por convenio, ya han perdido tres veces más de poder adquisitivo nada más que se les aplica la subida. Es urgente recuperar la cláusula de revisión salarial ligada al IPC en los convenios", enfatiza Estévez.

Los productos que más suben de la cesta de la compra
Los productos que más suben de la cesta de la compra
Carlos Gámez

La oposición apunta directamente a Sánchez como responsable y le insta a bajar impuestos como Alemania, una exigencia que Feijóo puso sobre la mesa en abril durante su primera visita a Moncloa como líder del PP. "Si no nos hace caso a nosotros, que haga caso al Gobierno alemán, que es de su signo político", dijo ayer tras conocer el pésimo dato de inflación Miguel Tellado, vicesecretario de Organización Territorial de los populares. "Que no nos dé la razón, que diga que se le ha ocurrido a él, pero que baje impuestos porque cada vez hay más familias con dificultades". 

Un discurso similar mantuvo ayer la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que acusó además al Gobierno de "maquillar estadísticas" —en referencia al relevo en la cúspide del INE— y reprochó a la vicepresidenta Nadia Calviño su predicción de que la inflación tocaría techo en primavera.

Calviño rectificó meses después aquel optimismo y cambió el augurio de la "primavera" por una esperanza de bajada de los precios en "la segunda mitad" del año. "Ya hemos dejado atrás el pico y en el segundo semestre iniciaremos la desaceleración de los precios", acotó la vicepresidenta.

De momento, entrada ya la segunda mitad del año, la inflación marca un nuevo récord y en el Ejecutivo preocupa cuál será la inflación media al cerrar el ejercicio. El Gobierno espera que sea del 7,8%, pero la Comisión Europea y la OCDE elevan ese augurio al 8,1%. Tres décimas que no son baladíes. De ese porcentaje dependerán las futuras nóminas de los pensionistas y los funcionarios... y el puzle fiscal que creará la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para cuadrar las cuentas de 2023.

Mostrar comentarios

Códigos Descuento