Los incendios calcinan en una década más de un millón de hectáreas en España y apenas se han reforestado 130.000

El incendio forestal declarado en Vall d'Ebo (Alicante) ha calcinado más de 13.000 hectáreas.
El incendio de Vall d'Ebo (Alicante) ha calcinado más de 13.000 hectáreas.
EFE/ Natxo Frances
El incendio forestal declarado en Vall d'Ebo (Alicante) ha calcinado más de 13.000 hectáreas.

En lo que va de año se han calcinado más de 250.000 hectáreas en nuestro país, una cifra que augura que 2022 va camino de convertirse en uno de los años más trágicos para los montes españoles que, según un informe de la Fundación Artemisan, dedicada a la gestión y conservación de la fauna y flora, acusa la falta de prevención y de gestión forestal. "En los últimos 20 años se ha quemado prácticamente todo el esfuerzo de reforestación que se han hecho desde los años 1940", lamenta a 20minutos el director de Artemisan, Luis Fernando Villanueva. Y es que, si bien entre 1940 y 1995 se reforestaron 4,1 millones de hectáreas, desde 2001 apenas se ha llegado a las 560.000 hectáreas y en la última década el dato merma hasta las 129.000, una muestra de la falta de gestión forestal.

Estas cifras, superadas con creces por las de superficie calcinada, suponen un abandono de los esfuerzos realizados antaño. En la última década han ardido 1,12 millones de hectáreas, un dato que deja patente la tragedia que cada verano asola los montes españoles y cuyos últimos episodios han sido esta semana los incendios de Bejís (Castellón) y Vall d'Ebo (Alicante), que ya han abrasado 19.000 y 13.000 hectáreas respectivamente.  "Ni siquiera se está reponiendo lo que se quema. No podemos dejar que sea la propia naturaleza la que haga que esto se regule. Existe la necesidad de hacer un esfuerzo de planificación en España de cara a los próximos 20-30 años", señala el director de Artemisan.

Villanueva reclama además una reforestación con especies menos pirófitas, que permitan una mejor defensa frente a los incendios. "Está claro que, cuando se quema un pinar, la velocidad de propagación que hay no es la misma que cuando se quema un bosque mediterráneo, un encinar...", explica. La escasa reforestación es solo un ejemplo de los déficits de la gestión forestal en nuestro país. La pérdida de la silvicultura, la insuficiencia de las políticas forestales y el cambio climático han provocado un cóctel perfecto cuyo resultado son miles de hectáreas abrasadas año tras año. "Es una mezcla de los tres factores, tenemos que ver contra qué podemos luchar. En las políticas silvícolas se puede hacer muchísimo todavía y la inversión en materia de prevención ha sido prácticamente nula", señala el director de Artemisan.

Falta de prevención

"Los gobiernos regionales han invertido en materia de extinción y están infinitamente mejor preparados que hace años, con profesionales buenísimos… pero, sin embargo, ha habido una política de prevención prácticamente nula", recrimina Villanueva. Según el informe, en torno al 60% del gasto forestal de las Administraciones Públicas se dedica a la extinción de incendios, mientras que menos de un 20% se destina a prevención. "¿No tendría más sentido trabajar en prevención para así tener que invertir menos en extinción?", se pregunta Villanueva, que reconoce que "está bien que se hagan las inversiones en extinción que se hacen, pero es un poco desproporcionado".

El documento publicado por Artemisan explica que los grandes incendios forestales, es decir, aquellos que abrasan más de 500 hectáreas, "se producen cuando existe masa combustible en los montes y se dan condiciones térmicas y de viento adversas", tales como viento de más de 30 km/h, temperaturas superiores a los 30ºC y niveles de humedad inferiores al 30%. La acumulación de masa combustible en los montes es, por lo tanto, un problema que va en aumento debido a la despoblación rural y a la consecuente pérdida de gestión forestal y ganadera. "La extracción de leñas que se realizaba décadas atrás, junto con el pastoreo, han sido sustituidas por nuevas fuentes de energía -carbón, gasóleo y gas- y por la estabulación del ganado", ejemplifica el estudio.

"En verano está bien que los equipos estén trabajando en extinción, lógicamente, pero durante todo el otoño, el invierno y parte de la primavera tienen que trabajar en prevención, en la limpieza de los montes", señala Villanueva, que lamenta que "muchos de estos equipos son temporales" y añade que también debe "facilitarse la prevención en la propiedad privada". El director de la fundación recuerda que en los montes toledanos, por ejemplo, la maleza todavía atestigua el paso de la borrasca Filomena hace ya más de año y medio, porque los trámites burocráticos requeridos para retirar la leña disuaden a los propietarios de los montes privados. "La prevención no es solo que las Administraciones Públicas inviertan, que lo pueden hacer en sus montes, también es responsabilidad suya legislar para que la gestión privada sea más fácil en ese sentido", añade.

El análisis realizado por Artemisan apunta a que la legislación ambiental es un obstáculo para la prevención "por el exceso de proteccionismo y la burocracia". "Si quieres hacer un camino, una zona de poda o un cortafuegos... para cualquier actuación de estas tienes que hacer un estudio por impacto ambiental, cuyo periodo mínimo de resolución es de 18 meses porque hay un atasco impresionante, la legislación ambiental sigue siendo muy restrictiva", explica el director, que lamenta que hayamos "convertido a los ingenieros de montes en simples administrativos". "Si a eso le unes que no hay una incentivación para que las fincas y la propiedad privada, incluso la pública, haga planes de ordenación forestal, vemos que hay cosas que sí dependen de nosotros y en las que estamos fallando", añade.

Solo un 20% de superficie ordenada

La falta de ordenación es precisamente otro de los problemas en los montes y provoca una mayor vulnerabilidad ante  incendios. En España hay 28 millones de hectáreas de superficie forestal, una extensión que cada año crece en 150.000 hectáreas por el abandono agrícola. "Si hubiese solo una superficie ordenada pública, podríamos echarle la culpa a los privados, pero la propia Administración tiene un porcentaje muy pequeño de su propio monte ordenado", señala Villanueva. Según el informe, solo el 20% de la superficie forestal española está ordenada. "Cuando se ordena un monte, se hace una planificación de la actividad forestal de todo tipo que se va a realizar en los próximos 10 años", explica.

"Una vez que ya tienes el monte ordenado, las actuaciones en materia forestal no requieren de toda la burocracia administrativa que hay, porque ya se ha pasado todo ese filtro previo. ¿Puedes hacer una limpieza sin necesidad de tener el monte ordenado? Sí, pero el problema está en que el papeleo y el tiempo que se tarda es tan grande que a la gente le echa para atrás", continúa el director de Artemisan. No obstante, Villanueva reconoce que es un proceso "tedioso" y que no es "barato". "Ordenar un monte te puede salir a un precio de entre 8 y 12 euros por hectárea, dependiendo de sus características", señala.

La prevención pasa, a fin de cuentas, por el uso de la superficie forestal. De hecho, el pastoreo es una herramienta clave para acabar con la maleza. "Las especies ganaderas son absolutamente fundamentales en el aprovechamiento del monte, son desbrozadoras, muy importantes en materia de prevención", afirma el director de Artemisan, que aboga por el fomento de la ganadería extensiva. Otra beneficiosa forma de explotación forestal son las granjas de carbono, extensiones de tierra dedicadas a capturar, procesar y almacenar grandes cantidades de carbono atmosférico para transformarlo en carbono orgánico.

 "Actualmente, en España solo estamos generando carbono en las replantaciones agrícolas posteriores a 2012", señala Villanueva, que pronostica que en los próximos años esta forma de aprovechamiento forestal será muy rentable. Desde Artemisan piden que la reforestación en terrenos no agrícolas y el desarrollo de acciones en materia de prevención de incendios contabilicen para la creación de estos sumideros de carbono, algo que incentivaría la propiedad privada en la gestión forestal.

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