San Chin Choon, el empresario malasio que consiguió el material sanitario que Alberto Luceño y Luis Medina, imputados por presunta estafa, vendieron al Ayuntamiento de Madrid, confirmó haber enviado un escrito al juzgado encargado del caso porque no tiene, dijo, "nada que esconder".

En una breve conversación telefónica en malayo, el empresario ha asegurado este viernes a EFE que sí envió el correo electrónico al juez Adolfo Carretero, recibido por el magistrado el 22 de julio, en el que certifica que los dos empresarios investigados eran agentes exclusivos suyos y que el precio habría sido el mismo sin ellos.

"No tengo nada que esconder. He dado mi plena cooperación", enfatizó este viernes San Chin Choon en línea con lo que declaró a EFE el pasado abril, cuando aseguró que la operación con los españoles fue "limpia" y que se hallaba en Kuala Lumpur, capital de Malasia, desde donde colaboraba con la Justicia.

Renuentes a enseñar el correo

El director ejecutivo de Leno Sdn Bhd, la empresa malasia en el centro de la supuesta estafa, quien se muestra renuente a compartir el correo electrónico sin permiso judicial, defendió entonces que su parte "está clara".

Se trata del suministro de paquetes de mascarillas, test y guantes en los albores de la pandemia de covid-19, por los que el Ayuntamiento de Madrid pagó 11,9 millones de euros.

San Chin Choon ya aseguró en abril haber respondido a las preguntas de las autoridades malasias a instancias de las españolas, explicándolas en detalle.

En una diligencia de ordenación, a la que tuvo acceso EFE el pasado 26 de julio, el juzgado remite a las partes un correo electrónico recibido el día 22 que "al parecer" escribe San Chin Choon -autoría que el empresario confirmó este viernes- y en el que adjunta la respuestas que ya dio a las preguntas de la Fiscalía española.

Según le informó el empresario Alberto Luceño, las respuestas no fueron remitidas a España, por lo que el malasio acompañaba el correo que envió al juzgado con la declaración jurada que hizo el 18 de abril pasado ante un comisario de juramentos, "certificando que la operación fue correcta y certificando los documentos utilizados en la misma". En ella se responde a las preguntas de la Fiscalía española, ya que entienden que éstas "podrían ser relevantes para la investigación".

Recientemente, el magistrado del caso rechazó enviar una nueva comisión rogatoria a Malasia para interrogar a San Chin Choon, como solicitó Luceño tras saber que el empresario malasio había asegurado que sí había contestado a las diecinueve preguntas de la Fiscalía española.

Al rechazar esta petición, el juez Adolfo Carretero argumentó que el juzgado ya envió una comisión rogatoria a Malasia, cuyo Gobierno exigió "reciprocidad" a España, "incluyendo el respeto a la pena de flagelación para que pueda ser aplicada a los extraditados de España a Malasia por el mismo delito que investigamos y que está penado en ese país asiático".

Unos días después, llegó al juzgado el escrito en el que, como firmante, San Chin Choon afirma que los empresarios investigados -Alberto Luceño y Luis Medina- son agentes exclusivos de su empresa, Leno, y que hizo el negocio a través de ellos porque conocía a Luceño desde hacía años por su actividad comercial.

Acusados por estafa

Luceño y Medina están imputados por estafa, falsedad y blanqueo de dinero en la venta del material sanitario al consistorio madrileño a cambio de comisiones de unos 6 millones de euros supuestamente pactadas con el proveedor malasio.

"El precio de los productos habría sido el mismo. No vendes a un precio más alto porque haya agentes. Sin ellos no habría habido operación", añade el empresario malasio en la misiva enviada al juez al responder a la pregunta de las comisiones.