El Gobierno se mantiene en la prohibición de cazar lobos en todo el país, también el norte del Duero donde se localizan la mayoría de los ejemplares y más daño hacen a la ganadería, pero se abre a que en casos muy concretos se les pueda dar muerte. Este es uno de los elementos de la estrategia del lobo que ha aprobado este jueves junto con las comunidades autónomas con ayudas para prevenir ataques y para resarcir a quienes se vean perjudicados por ellos. Han votado en contra tres de las cuatro principales comunidades 'loberas', Castilla y León, Cantabria y Galicia, mientras que Asturias se ha desmarcado al considerar que el documento sí le permitirá seguir controlando la población de lobos y, en su caso, darles muerte en casos justificados.

La Estrategia para la convivencia de las actividades del medio rural con el lobo (Canis lupus) y su conservación se ha aprobado en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente que ha presidido la vicepresidenta tercera ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y, según apuntan en una autonomía 'lobera', ha tenido luz verde principalmente gracias al voto afirmativo de las comunidades que no tienen el problema que el lobo supone para la ganadería al norte del Duero.

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Según ha informado el Ministerio, supone "un impulso a las medidas de cohabitación del lobo con sectores clave como la ganadería y en información más precisa y actualizada sobre las poblaciones de la especie en el territorio". 

Por una parte, repartirá entre las comunidades 10,5 millones en ayudas para prevenir los ataques del lobo mediante las técnicas que el Ministerio considera que "resultan efectivas", como cercados perimetrado para proteger a terneros, ovejas o cabras, para agrupar rebaños  o mediante perros guardianes. 

Para cuando de todas formas se produzca el ataque, la nueva estrategia contempla gastar 9,5 millones para resarcir a los afectados.

El acuerdo alcanzado este jueves no buscaba modificar la Orden Ministerial que en 2021 prohibió dar caza al lobo y, de hecho, incluye pautas para poder aplicar esa normativa, pero en él el Ministerio de Transición Ecológica ha incluido una petición de algunas comunidades para hacer controles de ejemplares y manadas y en casos muy tasados darles muerte.

Así, se incluye un protocolo para la autorización de "excepciones para la extracción selectiva de ejemplares", que no supone excluir al lobo del listado de Especies en Régimen de Protección Especial (Lespre), en el que Ribera lo incluyó en todo el país en octubre de 2021 con la oposición de las comunidades del norte del Duero, pero sí que se pueda llevar un control de ejemplares y camadas, que el Gobierno apuesta por que sea de carácter nacional, y en algunos casos muy concretos, que se los pueda matar.

Esta modificación con respecto a un primer borrador ha hecho que Asturias haya votado a favor de la estrategia, a pesar de que este jueves ha insistido en su oposición a la Orden Ministerial que prohibió cazar al lobo también en el norte de España. Fuentes del Principado explican que ellos ya tenían un plan para controlar la población que preveía "extracciones", aunque ahora tendrán que cambiarlo para hacerlas aún más restrictivas, porque lo que permite el Ministerio es estudiar caso por caso la posibilidad de dar muerte a cada ejemplar de lobo y no a cuotas anuales como hasta ahora estaba haciendo Asturias.

Frente a esta posición, Castilla y León, Galicia y Cantabria han mantenido su oposición al cambio de ley por el que el lobo no es considerado una especie cinegética, que se puede cazar, y han votado en contra de la estrategia. Según el consejero de Desarrollo Rural de Cantabria, Guillermo Blanco, responde "a un criterio político, no técnico ni jurídico" y es "una herramienta del Ministerio para legitimar la inclusión del lobo en el Lespre".

A pesar de haberse desmarcado en la votación de este jueves, Asturias se mantiene en la demanda de anulación de la Orden Ministerial que prohíbe dar caza al lobo que presentó junto con Castilla y León, Galicia y Cantabria ante la Audiencia Nacional.

Pautas para extinción de incendios

Por otra parte, durante la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente Ribera ha informado a los consejeros que "próximamente" llevará al Consejo de Ministros un real decreto con requisitos básicos que deben tener las operativas de extinción de incendios forestales.

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De momento, Ministerio y comunidades han aprobado las orientaciones estratégicas para la gestión de incendios forestales que incluye actuaciones sobre la gestión del territorio rural para reducir el riesgo de incendios y para "adaptar los dispositivos" contra los incendios ante los nuevos escenarios, reforzar la cooperación y profundizar en el conocimiento sobre los incendios y sensibilizar a la sociedad en la gestión de los mismos.