El Ayuntamiento de Barcelona ha acordado un crédito público de 140 millones de euros para ampliar la vivienda social en la ciudad. El acuerdo se ha materializado este jueves con el Institut del Crèdit Oficial (ICO) y el Institut Català de Finances (ICF), que aportarán 70 millones cada uno para financiar la creación de viviendas de alquiler social y coviviendas promovidas por fundaciones y cooperativas en cesión de uso.

Así lo ha anunciado este lunes la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en rueda de prensa junto al consejero delegado del ICF, Jordi Òliva, y a la directora general de Negocios del ICO, Rosario Casero, en la que ha detallado que el acuerdo facilitará la construcción y rehabilitación de 1.000 viviendas en un periodo máximo de 10 años, de las cuales el 60% se destinarán a alquiler asequible y el 40% a covivienda.

El objetivo de este acuerdo es dotar a estas cooperativas y fundaciones seleccionadas por el consistorio de financiación para poder desarrollar proyectos de rehabilitación y construcción de vivienda, cubriendo el 100% del coste con un máximo orientativo de 120.000 euros por vivienda. Estas entidades tendrán hasta 30 años para devolver el préstamo.

Colau: "El Ayuntamiento solo no puede hacerlo"

Colau ha remarcado este jueves que el Ayuntamiento de Barcelona "tiene la prioridad máxima de hacer una política de vivienda fuerte, porque es una de las principales necesidades sin cubrir que tenemos en generan en el país, a diferencia de otros países europeos". Pero ha apuntado que el consistorio "no puede hacer toda la vivienda que se necesita".

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Y es que, ha explicado, "cuando llegamos, nos encontramos con un parque -de vivienda pública- de un 1%, así que hay que crecer muy rápido en vivienda social y asequible y un ayuntamiento solo no puede, aunque sea como el de Barcelona". Así, ha dicho, "en 2015 pusimos la prioridad en la vivienda, destinamos más presupuesto que nunca y estamos haciendo más vivienda de iniciativa municipal directa que nunca, pero aún así había que abrir otras líneas, y eso nos llevó a la cooperación con el tercer sector, las cooperativas y el sector privado".

La alcaldesa ha señalado que los "problemas históricos que se encuentran las ciudades" a la hora de construir vivienda pública son dos: "acceder al suelo a un precio razonable y la financiación para hacer estas viviendas". Sobre lo primero, ha dicho que el Ayuntamiento ha facilitado suelo a cooperativas, pero faltaba la financiación, por lo que "hicimos un primer acuerdo histórico en 2017 con la banca pública europea, la primera operación de crédito importante que hicimos como ayuntamiento por un importe de 264 millones para hacer vivienda pública de alquiler".

En cuanto al acuerdo de este jueves con el ICO y el ICF, Colau lo ha tachado de algo "histórico", ya que "no sólo es el primer convenio que hacemos con con el ICF y el ICO, sino que lo hacemos para impulsar acuerdos con el tercer sector y con el mundo de las cooperativas en régimen de cesión de uso".