La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes (Aerte) reclama a la Generalitat una deuda de casi 50 millones de euros correspondiente a 3.300 plazas concertadas y a la gestión integral de centros de mayores que, en el caso de algunas facturas, se remonta a noviembre y que está poniendo al sector en una situación "insostenible". La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas, admite una cantidad cercana a los 45 millones de euros tras el abono de 15 millones y ha anunciado que su departamento trabaja en un nuevo sistema interno para aligerar los pagos.

El presidente de la entidad, José María Toro, ha explicado que que el importe de la deuda acumulada por el concurso de esas 3.300 plazas asciende a unos 36 millones, incluyendo el mes de junio, a lo que hay que sumar otros 13 millones correspondientes a las gestiones integrales, lo que sitúa la deuda cerca de los 50 millones. Los impagos a residencias privadas de mayores y empresas gestoras están ocasionando "grandes problemas a las entidades que atienden a estas personas".

Esta deuda, afirma el dirigente de Aerte, no se debe a un problema de tesorería de la Generalitat, sino "a la deficiente gestión administrativa que impide formalizar los nuevos contratos y contabilizar las facturas que se generen hasta ese momento", lo que la patronal del sector considera "inaceptable".

Según expone Toro, el concurso de plazas residenciales de personas mayores de 3.300 plazas, que fue el primero que llevó a cabo la Conselleria de Igualdad, venció el 31 de agosto de 2021, mientras el que lo sustituye, de 7.100 plazas, está en la fase de adjudicación provisional actualmente y se espera que entre en vigor el 1 de septiembre de 2022, lo que supone "un año de retraso".

Además, señala que "muchos centros de servicios sociales de titularidad pública y que son gestionados por entidades privadas se encuentran en la misma situación; sin contrato, pero con la obligación de seguir prestando el servicio y con retrasos en el cobro de las facturas correspondientes a dichos servicios", asegura.

Al respecto, recuerda que trasladaron esta situación en la reunión que mantuvieron con la vicepresidenta y consellera Aitana Mas hace dos semanas, que les informó de que se iba a resolver en este mes. Sin embargo, "todavía no están contabilizadas las facturas en el sistema informático lo que, desde nuestro punto de vista, impide que se puedan pagar en breve", critica.

Toro señala que "aunque se han hecho algunos pagos, la situación general no ha cambiado: estamos en la última semana de julio y, nos tememos que lo que no se pague esta semana ya no se pagará hasta septiembre, lo que dificultará el pago de las nóminas de este mes para muchos centros".

Por su parte, la consellera Mas afirma que están trabajado en un nuevo sistema para agilizar los pagos a las residencias con el objetivo de evitar que la situación de deuda actual "vuelva a repetirse". Asimismo, avanza que en los dos próximos plenos del Consell se aprobarán más pagos a los centros para disminuir la deuda que, tras el abono de unos 15 millones de euros, cifra en unos 45 millones.

La responsable del área social del Gobierno valenciano insiste en la importancia de "priorizar pagos rápidos en estas semanas para que las empresas no sufran" porque "llevan unos cuantos meses y facturas que no les hemos pagado". Además, en septiembre se pondrá en marcha el contrato de plazas residenciales de personas mayores de 7.100 plazas que "hará que no haya que recurrir a la figura del resarcimiento que no queremos utilizar". En ese sentido, subraya que este marco legal dará "una seguridad tanto a la Generalitat como a todas las empresas que dependen de estos contratos".