De hacer devoluciones en caliente o de escasa transparencia se le acusa a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, conocida como Frontex. La dimisión este abril de su anterior director, Fabrice Leggeri, pone en primer plano un asunto que llevan denunciando las organizaciones no gubernamentales prácticamente desde la creación del organismo: una posible vulneración de los derechos humanos. Desde su origen, en 2004, ha pasado a ser la agencia con más presupuesto de la Unión Europea (UE), pero, paradójicamente, un informe del Tribunal de Cuentas comunitario evidenció recientemente que su lucha contra la inmigración ilegal y la delincuencia transfronteriza "no es suficientemente eficaz".

Próximamente se comprobará si la palabra "eficaz" es un eufemismo para referirse a la expulsión de casi 1.000 migrantes en el mar Egeo, una vez la oficina antifraude europea (OLAF) haga pública su investigación. Es el resultado de más de dos años de pesquisas, tanto por parte de la defensoría del pueblo europeo y del propio Parlamento Europeo, como de las impulsadas internamente por el Consejo de Administración de Frontex.

La atención está fijada ahora en el impacto que pueda generar el contenido del informe de OLAF, que aceleró la dimisión de Leggeri y que servirá para ver a posteriori si las supuestas irregularidades forman parte ya del ADN de la agencia o, por el contrario, si será el punto de inflexión para que se produzca un cambio de paradigma. 

"La dimisión de Leggeri ha evidenciado una vez más cómo la política migratoria europea se está escorando muy peligrosamente y cada vez con más intensidad hacia unos modelos ya no solo de securitización, sino de vulneración de derechos de todo tipo", explica a 20minutos Raquel González, responsable de Relaciones Institucionales de Médicos Sin Fronteras (MSF). La renuncia del anterior director, añade González, es "un síntoma más" de una política que, a su juicio, solamente atiende al bloqueo por encima de cualquier derecho.

Como ella, son muchas las organizaciones que aguardan vigilantes al contenido que revele el informe y a las reacciones que ello genere, tanto en la propia agencia europea como en los Estados que la financian. Pero las expectativas son mínimas. Asumen que se trata de un organismo que recoge todos los ingredientes para que rendir cuentas sea algo, cuando menos, lejano: mucha financiación, interés político de los Estados miembros y falta de transparencia. 

Según David Fernández-Rojo, investigador en la Universidad de Deusto en temas centrados en la evolución de la cooperación y los poderes operativos conferidos a Frontex, EASO y EUROPOL, no habrá un cambio de rumbo como tal porque el motor de funcionamiento no depende únicamente del director. "Tiene un trabajo de dirección en el que están representados la mayor parte de los Estados, y la tendencia de los representantes suele ser más de securitización de las fronteras", explica a este periódico.

Si para algo va a servir la dimisión del alto cargo de Frontex, asegura Fernández-Rojo, será, sobre todo, para poner en valor la "importancia" que tienen otros mecanismos de responsabilidad social, tanto los que provienen del activismo, ONG, como la propia sociedad civil. "La presión que han ido metiendo mes tras mes, año tras año, al final ha permitido que el director se viera con el agua al cuello y dimitiera. También es cierto que seguramente Leggeri ya tuviera el resultado de la OLAF, que con toda seguridad será muy llamativo", asegura.

Ha cuadruplicado su presupuesto en 10 años

Ahora bien, ¿por qué ahora? ¿Cómo puede ser que una agencia creada en 2004 para ayudar a los Estados miembros a proteger Schengen haya cuadruplicado su presupuesto en diez años -de 93 millones de euros en 2010 a 460 millones de euros una década después- y, sin embargo, se le acuse de ineficacia? O lo que es más destacable: ¿qué ha pasado esta vez para que las denuncias no caigan en saco roto y por lo menos haya un amago de rendición de cuentas? 

"La diferencia es que este director ejecutivo ha vivido la transformación exponencial de la agencia desde la crisis de refugiados de 2015. Salieron varios informes en los que demostraban situaciones en las que se estaban produciendo vulneraciones de derechos humanos y el director ejecutivo siguió adelante a pesar de ello. Esto generó mucha presión por parte de la sociedad civil, porque no había ocurrido antes", detalla Fernández-Rojo.

Lo cierto es que los rumores de irregularidades circulaban cada vez con mayor fuerza en el último año. Llegó incluso a constituirse una Comisión en el Parlamento Europeo para esclarecer las supuestas vulneraciones de derechos fundamentales. En el informe de los eurodiputados -que dan una de cal y otra de arena al exdirector- señalan no haber encontrado "pruebas concluyentes sobre la realización directa de devoluciones o expulsiones colectivas de migrantes por parte de Frontex". Sin embargo, el documento denuncia una serie de malas praxis y asegura que la agencia "no impidió" las violaciones de derechos fundamentales "ni redujo el riesgo de futuras violaciones", pese a tener constancia de que se estaban produciendo.

¿Qué sucede con Frontex? Los países desconfían de una agencia bajo permanente sospecha

En esa aparente impunidad juega a favor también la opacidad y falta de transparencia que ha caracterizado a Frontex desde su nacimiento. No han sido pocas las veces que se han denunciado obstaculizaciones a la hora de reclamar ciertas informaciones, y el desconocimiento de la sociedad civil sobre la existencia y las labores de la agencia es generalizado.

"La Agencia tiene que hacer una lectura sobre la base de errores cometidos, construir lecciones aprendidas y trazar un nuevo camino que ponga como pilar básico el respeto de los derechos humanos y establezca mecanismos independientes de monitoreo y rendición de cuentas", sentencia Nuria Díaz, coordinadora estatal de incidencia de CEAR (la Comisión Española de Ayuda al Refugiado). 

¿Lo hará? Está por ver. Y de ello dependerá mucho la persona que se ponga al frente para sustituir a Leggeri y la visión que tenga acerca de la protección de fronteras. "Pero, insisto, el nuevo director o directora lo va a elegir el Consejo de Administración, que está representado por los Estados miembros. Y la mentalidad es siempre de protección de fronteras, por lo que todo apunta a que no va a cambiar radicalmente el sentido o la asistencia que presta la Agencia a los países", asevera Fernández-Rojo.

De momento, no se habla públicamente de la persona que pasará a estar al frente de Frontex, pero lo que sí se sabe es que se busca a un nuevo director "más apaciguador" para que, según afirma el experto, "calme un poco las aguas después del escándalo que se prevé que venga cuando se publique el informe de OLAF". Con apaciguador se refiere Fernández-Rojo a alguien con un estilo "menos beligerante con los migrantes" y "más favorecedor de los derechos fundamentales". 

Las organizaciones no piden nada que no lleven clamando desde hace tiempo. Que no se hagan devoluciones en caliente (expulsar a los migrantes sin la debida protección o acceso a los procedimientos habituales de asilo), especialmente a países donde las personas corran peligro; que se respeten los Derechos Humanos; y que haya un sistema efectivo e imparcial que monitoree las acciones de la agencia. "Es el momento de que Frontex repiense y trabaje bajo este enfoque en una UE en la que el respeto de los Derechos Humanos es uno de los principios básicos", exige desde CEAR Nuria Díaz. "Que en esta Europa de Derechos Humanos, de valores, no sean capaces de encontrar un modelo migratorio más digno y más humano es inconcebible", coincide Raquel González.

Pero para ello habrá que atajar un asunto mucho más estructural, y es, apunta González, de MSF, "el auge de determinados grupos de extrema derecha en el Parlamento Europeo" que, a su juicio, están alimentando un discurso muy a favor del control y la externalización de fronteras. "Nadie dice que no haya que regular la migración, pero no puede hacerse a costa de vidas humanas", concluye.