La subida de pensiones con el IPC que planea el Gobierno tiene otro enemigo: el 'escudo' de Lagarde para frenar las primas de riesgo

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, explica la subida histórica de tipos a los periodistas.
La presidenta del BCE, Christine Lagarde, explica la subida histórica de tipos a los periodistas.
RONALD WITTEK / EFE
La presidenta del BCE, Christine Lagarde, explica la subida histórica de tipos a los periodistas.

El Banco Central Europeo (BCE) ha desvelado su receta para que la senda de subidas de tipos de interés que la autoridad monetaria ha emprendido este jueves no ponga en peligro a los países más endeudados (entre ellos España). Un 'escudo' contra las primas exigirá rigor fiscal y cumplir con las reformas del plan de recuperación a los países que lo soliciten y que exige requisitos de difícil encaje con la política fiscal del Gobierno de España, que se enfrenta al reto de conjugar la histórica revalorización de las pensiones con el IPC, un aumento del gasto social y en defensa. Todo ello en un contexto de 'economía de guerra' por la situación en Ucrania.

La herramienta que ha presentado el BCE ha sido bautizada como Instrumento para la Protección de la Transmisión (TPI por sus siglas en inglés). Se trata de un programa de compra de deuda para países que tengan problemas para financiarse en los mercados, algo que con las subidas de tipos de interés previstas para los próximos meses resultará cada vez más costoso para los gobiernos, especialmente los más endeudados. El TPI formará junto a las reinversiones del programa de compras pandémico (el PEPP) la principal línea de defensa contra las primas de riesgo.

La clave del recién nacido TPI es que, a diferencia de programas anteriores como el APP y el PEPP incluye condicionalidad para los países que quieran beneficiarse de él. Entre las exigencias se incluyen cumplir con las reglas fiscales de la UE, no tener desequilibrios macroeconómicos importantes, trazar una trayectoria de deuda sostenible y cumplir con las reformas comprometidas para recibir los fondos europeos de recuperación.

Unas condiciones que, según fuentes del BCE citadas por la agencia Reuters, ahora mismo cumplen todos los países del euro. Las mismas fuentes agregan que por ahora la autoridad monetaria no ve necesario desplegar el TPI en ningún país en el momento actual. Sin embargo, las cosas podrían no ser tan sencillas si la situación empeora.

Por el momento, las primas de riesgo (un indicador que refleja el riesgo que ven los inversores a la hora de comprar deuda de un país) de los países del sur (España, Portugal, Italia y Grecia) están muy lejos de los niveles que marcaban hace una década durante la crisis del euro. 

El caso de Italia es ahora el que más preocupa. La incertidumbre política tras la dimisión el jueves del primer ministro, Mario Draghi, y la convocatoria de nuevas elecciones han disparado la prima del país a los 245 puntos básicos, una cifra similar a la que forzó la convocatoria de urgencia de una reunión en el BCE para abordar la situación. En España, la prima de riesgo es de 124 puntos, por debajo de los peores momentos de la pandemia cuando la incertidumbre era total.

El reto de cuadrar las cuentas

Aunque, por el momento, España cumple con los requisitos del BCE para beneficiarse del escudo del TPI las cosas podrían complicarse en 2023. Aunque las reglas fiscales de la UE seguirán suspendidas también el año próximo, el Gobierno se ha comprometido a revalorizar las pensiones con el IPC y a aumentar el gasto social y en defensa. Compromisos que añadirán tensión a unas cuentas públicas que salen muy deterioradas de la pandemia con una deuda que ronda el 118% del PIB y un déficit que no se espera que baje del 3% hasta 2025.

Entre las condiciones que el BCE ha hecho públicas para solicitar esta herramienta se incluye la exigencia de "una política fiscal sensata y sostenible". Un apartado en el que se destaca que es necesario cumplir con las reformas comprometidas en el plan de recuperación enviado a Bruselas y "las recomendaciones específicas para cada país" del Semestre Europeo. 

Entre esas reformas se encuentra la del sistema de pensiones, que incluye la revalorización según al IPC, pero también exige diseñar un mecanismo que garantice la sostenibilidad del sistema. Algo que la Comisión Europea evaluará antes de que acabe el año. 

Además, la Comisión recomendó específicamente a España que no aumentara el gasto corriente más del crecimiento potencial a medio plazo. Recientemente, la Airef puso cifras a esta petición y estimó que el Gobierno tendría margen para gastar 15.000 millones más en 2023, de los cuales 13.000 se irían directamente a revalorizar las pensiones. En cualquier caso, si llegara el momento de activar el escudo, la decisión la tomará exclusivamente el BCE. 

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