La Comunidad de Madrid avanza en el proyecto de la Ciudad de la Justicia, que se situará en el barrio de Valdebebas y de la que se espera colocar la primera piedra en 2023. El Consejo de Gobierno regional ha aprobado este miércoles la licitación para la construcción, conservación y explotación de este nuevo complejo judicial ubicado en Valdebebas, que concentrará en este punto de la capital los 356 órganos judiciales dispersos en la actualidad por 28 inmuebles de la ciudad, muchos de ellos de alquiler.

Así lo ha detallado el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, en rueda de prensa posterior al Consejo, donde ha explicado que esta gran infraestructura "se convertirá en el principal hito del Plan Justicia 21x21", una iniciativa de modernización y humanización de la Administración de Justicia en Madrid diseñado por el Gobierno autonómico.

"Se calcula que dará servicio diario cuando entre en funcionamiento a más de 30.000 personas, entre usuarios, funcionarios, empleados y operadores del sector", ha detallado.

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La fórmula elegida por el Ejecutivo regional para la Ciudad de la Justicia, respaldada en los correspondientes estudios de viabilidad y tras el cumplimiento de los necesarios trámites de consulta e información públicas, consiste en una concesión con un plazo máximo de 40 años.

El cómputo llega, como máximo, a 49,3 millones de euros (más IVA), cantidad que no será sometida a revisión (y solo en un 20% de la misma) hasta el octavo año del contrato. Además, esta cuantía solo será examinada nuevamente hasta que el licitador recupere la inversión realizada, y podrá ser rebajada por los licitadores en la oferta que presenten.

Según los cálculos de la Comunidad de Madrid, esta cifra supondrá para las arcas públicas un ahorro superior a los 20 millones de euros respecto a los 72 que invierte anualmente el Gobierno autonómico en la prestación del mismo servicio, incluyendo, entre otros gastos, arrendamientos, vigilancia, limpieza, suministro eléctrico o archivo.

Mayor accesibilidad

Uno de los principales criterios que van a tener en cuenta los técnicos de la Consejería a la hora de valorar las ofertas que se presenten es la accesibilidad universal y la supresión de barreras arquitectónicas para cualquier persona que tenga una discapacidad.

También sumarán puntos las propuestas que se comprometan a alcanzar los máximos objetivos en materia de eficiencia energética. Entre ellos, que el 100% de la electricidad que se consuma y suministre en la Ciudad de la Justicia proceda de fuentes de energía renovables y de cogeneración.

Tal y como ha anunciado López, el Banco Europeo de Inversiones valora de manera "muy positiva" este proyecto. En este sentido, el Ejecutivo regional está trabajando con esta entidad para ofrecerlo como opción de financiación para el futuro adjudicatario de las obras.