El PP aprueba por sorpresa una enmienda de Junts en el Senado y retrasa la aprobación definitiva de la ley del 'solo sí es sí'

La ministra de Igualdad, Irene Montero (c), asiste al pleno del Senado este martes.
La ministra de Igualdad, Irene Montero (c), asiste al pleno del Senado este martes.
EFE/ Chema Moya
La ministra de Igualdad, Irene Montero (c), asiste al pleno del Senado este martes.

El ambiente desde primera hora de la mañana era de júbilo. El Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero tenía el champán preparado para descorchar en el momento en el que el Senado diese luz verde a la ley de libertad sexual, la del 'solo sí es sí'. Pero poco esperaban que a última hora se aprobaría una enmienda que retrasaría, todavía más, una ley para la que han hecho falta más de dos años de tramitación parlamentaria. 

Se habían presentado en torno a 150 enmiendas, pero Igualdad contaba con que ninguno de los grupos parlamentarios del Senado obstaculizarían el texto en la que ha sido la última sesión parlamentaria antes de verano. La norma estaba a punto de ser aprobada y habría entrado en vigor este mismo verano de no haber sido porque, a última hora, el PP ha decidido apoyar una enmienda de Junts. Ahora, el proyecto estrella de Montero tendrá que volver al Congreso, previsiblemente en septiembre, antes de aprobarse de forma definitiva.

De hecho, cuando todavía los grupos trataban de entender qué había sucedido, los populares ya celebraban que la aprobación definitiva de la ley se prorrogase unos meses más. "La ministra Irene Montero ha venido hoy al Senado para hacer su 'gran intervención' final en el día de la aprobación definitiva de su ley del 'solo sí es sí'. Pues la ley no se ha aprobado. Se devuelve al Congreso. Enhorabuena, Irene", ha tuiteado el senador Javier Maroto nada más aprobarse la enmienda.

Según cuentan fuentes de Igualdad a 20minutos, la enmienda ratificada -que simplemente añade en la exposición de motivos que las labores de prevención se contemplen también para casos de mutilación genital, aborto y esterilizaciones forzosas- ya había sido previamente negociada e introducida en el articulado en la Cámara Baja. ¿La 'trampa'? En una letra. En lugar de "forzosas", en la enmienda de Junts redactan "forzosos".  "No tiene sentido que se haya votado y que vuelva al Congreso cuando la enmienda ya se aceptó en su momento en el trámite", defienden. 

El presidente del Senado, Ander Gil, tiene la última palabra sobre si se impugna la aprobación de la enmienda, aunque fuentes socialistas aseguran que en ningún caso se puede retirar, por lo que con toda seguridad volverá a la Cámara Baja. 

Un giro de guión inesperado

El giro de acontecimientos llegaba al Senado tras cuatro horas de debate sobre la ley del 'solo sí es sí', nacida con el afán de fortalecer la protección de las víctimas de agresiones sexuales. La norma recoge las principales insignias clamadas por las feministas en las calles para plasmarlas al papel. El "no es no", se traduce en positivo para redefinir el concepto de consentimiento expreso. El "no es abuso, es violación", se plasma en un texto que pone en el mismo plano delictivo el abuso y la agresión sexual. O el "hermana, yo sí te creo", que puede verse en las medidas para evitar la revictimización o en las ayudas que se ponen a disposición de la víctima.

Hasta el discurso de la ministra de Igualdad adelantaba ya una aprobación asegurada. "Esta ley nos coloca de nuevo a la vanguardia internacional en la lucha contra las violencias machistas y en la garantía de una vida libre de violencias para todas las mujeres. No somos autocomplacientes, sabemos que nos queda mucho camino por recorrer para dejar atrás una cultura de la violación que todavía existe en nuestro país", subrayó Irene Montero.

Pero se trata de un articulado tan celebrado como criticado. En ningún caso ha sido una norma exenta de polémicas y desavenencias, incluso entre los socios de Gobierno. La posibilidad de introducir medidas contra la prostitución hicieron incluso tambalear la aprobación del texto. Finalmente se eliminaron todos los artículos relativos al proxenetismo (a excepción de uno en el que penaliza la publicidad), pero el debate de este lunes en la Cámara Alta ha sacado a relucir, una vez más, las diferencias que despierta la ley del 'solo sí es sí' entre las distintas formaciones.

Por un lado, están quienes (como ERC o Junts, que poco podía imaginarse que se aprobaría la suya) han lamentado que no se incorporen las propuestas de cambio sugeridas a través de las más de 150 enmiendas presentadas en el Senado. Por otro, los que han mostrado su rechazo frontal desde el primer momento, PP y Vox, que defendieron en el arco parlamentario sendas propuestas de veto por considerar que se trata de una ley que atenta contra derechos como la presunción de inocencia.

Consentimiento y protección de la víctima

La ley pivota sobre cuatro ejes fundamentales: justicia; derecho de asistencia a las víctimas; impulso de la sensibilización de la sociedad, de la formación de los profesionales que trabajan con las víctimas y de recopilación de datos.

Respecto al primer eje, destaca la eliminación de la distinción entre abuso y agresión sexual, con penas de uno a cuatro años, que además podrán llegar a un máximo de 15 años según la gravedad. Se incorpora aquí también una novedad, que es el agravante expreso para las agresiones sexuales cometidas en grupo, con violencia extrema, por parte de la pareja o mediante sumisión química. Pasará a penalizarse igualmente la difusión de imágenes íntimas (con hasta un año de cárcel) y reconoce otras violencias, como la económica, la digital o el acoso callejero.

Todo ello, teniendo en cuenta que la ley pone el consentimiento en el centro, entendiendo que este se da únicamente "cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona".

Otro de los puntos importantes tiene que ver con la reparación de las víctimas. Y es que el proyecto contempla la creación de los centros de crisis 24 horas como servicios esenciales y establece la obligatoriedad de que todos los profesionales que atienden a las víctimas estén formados en la materia. Además, fija ayudas de reinserción para las víctimas, igual que las que se conceden a las de violencia machista, mediante un sistema de acreditación.

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