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Dolores Delgado, la exministra triplemente reprobada que deja de ser fiscal general tras un mandato de polémicas

Dolores Delgado
Dolores Delgado
Carlos Gámez
Dolores Delgado

Este martes, Dolores Delgado anunció su dimisión como fiscal general del Estado por motivos de salud y puso fin, así, a un mandato de dos años y medio salpicado por las polémicas desde el mismo momento de su nombramiento. Ministra de Justicia en el primer Gobierno de Pedro Sánchez tras la moción de censura de 2018, pasó directamente a ocupar el puente de mando del Ministerio Público en 2020 habiendo sido elegida apenas unos meses antes como diputada del PSOE por Madrid, lo que provocó una fuerte contestación de los partidos de la oposición. Y su gestión tanto como ministra como en el puesto de fiscal general ha estado desde el principio en el punto de mira de la derecha, que la ha acusado de ser el "mando a distancia" de Pedro Sánchez "para controlar la justicia".

Nacida en 1962, Delgado ha desarrollado casi toda su carrera en la Audiencia Nacional, donde llegó en 1993 y permaneció durante 25 años, centrada primero en la lucha contra la droga y después como experta en terrorismo etarra y yihadista. Miembro de la minoritaria Unión Progresista de Fiscales (UPF), en abril de 2018 fue elegida vocal del Consejo Fiscal -el principal órgano asesor de la Fiscalía General del Estado-, pero duró poco en ese puesto. Apenas dos meses después, en junio, tras la moción de censura que llevó a Sánchez a la Moncloa por sorpresa, Delgado prometía el cargo de ministra de Justicia.

Al frente del ministerio, Delgado tuvo un papel clave en la exhumación del dictador Francisco Franco de su mausoleo en el Valle de los Caídos, a la cual asistió en calidad de notaria mayor del Reino. Pero su mandato estuvo marcado, sobre todo, por su polémica relación con el excomisario José Manuel Villarejo, que quedó expuesta a la luz pública tras la difusión de unos audios grabados en 2009 en los que la que después sería ministra de Justicia llamaba presuntamente "maricón" al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. 

El segundo gran foco de polémica en el año y medio que Delgado estuvo al frente de Justicia tuvo que ver con el modo de proceder de su ministerio durante el juicio del procés, una actitud que fue duramente criticada por la oposición. La derecha acusó primero a Delgado de no defender correctamente al juez Pablo Llarena ante la demanda que interpuso contra él en Bélgica el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, y posteriormente cargaron contra ella por la posición de la Abogacía del Estado en el juicio en el Supremo, donde acusó a los procesados por el delito de sedición y no por el de rebelión.

Esas controversias provocaron que el Congreso aprobara hasta tres veces una reprobación contra ella, una figura parlamentaria sin efectos legales pero que supone una declaración de desconfianza del legislativo a un miembro del Gobierno. No obstante, eso no fue óbice para que, en febrero de 2020, Pedro Sánchez nombrase a Delgado como fiscal general, una decisión que fue duramente criticada por la oposición y por la mayor parte de la carrera fiscal e impugnada ante el Tribunal Supremo por PP y Vox, que denunciaron falta de imparcialidad al haber llegado directamente Delgado a la Fiscalía desde el Ministerio de Justicia.

Su desempeño como fiscal general

Esos recursos no fueron aceptados por el Supremo, que entendió que PP y Vox no tenían "legitimación activa" para impugnar el nombramiento de Delgado. Pero la sombra de la sospecha por su supuesta vinculación al Gobierno persiguió a la fiscal general desde el mismo momento en el que asumió el cargo, a lo que también ayudó que fuera la única ocupante de ese puesto a la que el CGPJ no avaló como idónea en su informe tras su nombramiento. Además, la Comisión Europea ha criticado el método de elección del Fiscal General en España y pidió hace unos días "reforzar el estatuto" de este cargo, "en particular en lo que se refiere a la separación de su mandato del Gobierno".

Con la controversia sembrada desde el inicio de su mandato, cada paso de Delgado ha sido observado con lupa. La elección en enero de 2021 de Juan Ignacio Campos -que dirigía entonces las tres investigaciones del Ministerio Público contra el rey emérito Juan Carlos I- como teniente fiscal del Tribunal Supremo y número dos de la fiscal general también estuvo salpicado por la polémica, ya que la conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales acusó a Delgado de no haber buscado el máximo consenso para un cargo tan señalado.

Ese no fue el único conflicto de la fiscal general con la Asociación de Fiscales, que ha llegado a llevar a Delgado ante los tribunales. Esa organización denunció a la dirigente por su negativa a dar a los vocales conservadores del Consejo Fiscal información sobre la actuación del despacho de Baltasar Garzón en el caso Villarejo y las presuntas irregularidades denunciadas por el fiscal Ignacio Stampa para apartarle de este procedimiento. 

La última de las polémicas que ha tenido como protagonista a Delgado se produjo en el Congreso, y fue a raíz de un movimiento del PSOE para garantizar, por la puerta de atrás, un ascenso a Delgado una vez abandonara su puesto. Hace unas semanas, los socialistas registraron una enmienda para convertir en fiscal de Sala del Tribunal Supremo a Delgado en el futuro, y lo hicieron tratando de incluir este cambio en la ley concursal, que no tiene nada que ver con la carrera fiscal. El PSOE, no obstante, se vio obligado a renunciar a sus intenciones por la negativa de PP y Unidas Podemos a apoyar esa enmienda.

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