El Gobierno defiende la ley de memoria pactada con Bildu porque "reconoce que la Transición fue ejemplar"

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez (c); la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera (i), y el ministro de Cultura, Miquel Iceta.
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez (c); la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera (i), y el ministro de Cultura, Miquel Iceta.
EFE/ Chema MoyA
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez (c); la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera (i), y el ministro de Cultura, Miquel Iceta.

La nueva ley de memoria democrática "reconoce que la Transición fue ejemplar". Al menos así lo defiende el Gobierno, que rechaza las críticas cosechadas por el nuevo articulado, que previsiblemente entrará en vigor en septiembre tras firmar para ello varios acuerdos con EH Bildu. Esto le ha granjeado innumerables críticas vertidas por los grupos de la oposición, colectivos de víctimas e, incluso, por socialistas históricos, que este lunes han publicado un crítico manifiesto.

"Es una ley que lo que hace es condenar el franquismo, homenajear a las víctimas de la guerra y de la dictadura y reconoce que la Transición fue ejemplar", ha señalado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que ha aconsejado a los críticos "leerse" la ley y ha recordado que sigue en trámite parlamentario, aunque se prevé su aprobación definitiva para dentro de dos meses. Este jueves el Congreso le dará previsiblemente su visto bueno.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Política Territorial ha insistido en que el articulado también reconoce que el trabajo de "quienes hicieron la Transición también fue ejemplar". Todo ello después de que Mertxe Aizpurúa, portavoz de EH Bildu, lo pusiera en duda al señalar que iban a poner "en jaque el relato de una Transición ejemplar".

En este sentido, la formación abertzale logró que se aprobase una enmienda que obliga al Gobierno a crear "una comisión técnica que elabore un estudio" sobre la "vulneración de los Derechos Humanos" que se hubiera producido entre "la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983". Esta comisión será la encargada de indicar "posibles vías de reconocimiento y reparación" a las víctimas, entre las que se podrían encontrar, por ejemplo, los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, secuestrados y asesinados por los GAL.

"No podemos aceptar que ese pacto sea objeto de una tergiversación tan injusta y tan ajena a la verdad histórica, como hace el proyecto de ley, incluso abriendo la posibilidad de extender el periodo sospechoso de la dictadura hasta el 31 de diciembre de 1983", señala el manifiesto publicado hoy por socialistas históricos como los expresidentes del Senado Juan José Laborda y Javier Rojo, el exministro de Sanidad y Defensa Julián García Vargas, el exdiputado Luis Berenguer y el exministro de Sanidad y actual presidente de la Fundación Gregorio Peces Barba, Julián García Valverde.

González y Guerra, cuyo primer año de gobierno entra dentro de la enmienda pactada con Bildu, también han criticado el texto. "No me suena bien", señaló el expresidente. Por su parte, Guerra se preguntó "dónde acababa el franquismo". "Hay quien piensa que acabó en 1983, y es uno de los que jaleaban a los asesinos en el País Vasco. Es muy difícil de entender", añadió.

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