El PP se abre a renovar el CGPJ con la actual ley y modificar la norma después a cambio de que el PSOE retire su reforma para el TC

  • Los 'populares' envían al Gobierno la propuesta con la que defienden "reforzar la independencia judicial y la calidad democrática de España"
  • El Gobierno se niega a retirar la reforma: "Lo único que pedimos es que el PP cumpla la Constitución".
El vicesecretario Institucional del PP, Esteban González Pons durante la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP
El vicesecretario Institucional del PP, Esteban González Pons durante la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP
EFE
El vicesecretario Institucional del PP, Esteban González Pons durante la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP

El PP lanza un ultimátum al PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): los populares se sentarían "esta misma tarde" a negociar el desbloqueo del órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato lleva tres años y medio caducado, si el Ejecutivo retira la reforma de la ley orgánica con la que los socialistas quieren poder nombrar a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que ya están en funciones. Los de Alberto Núñez Feijóo, además, plantean que tras la renovación del CGPJ se negocie una futura ley para cambiar el modelo de elección de los vocales.

Es la "única línea roja" que ha trazado este lunes el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, en la rueda de prensa donde presentaba lo que en Génova han bautizado como "propuesta para reforzar la independencia judicial y la calidad democrática de España" y que esta mañana han enviado a Moncloa cuando está a punto de cumplirse el mes en el que se comprometieron a dar a conocer su propuesta para la renovación de las instituciones judiciales.

A priori, el PP acepta que la renovación de los 20 vocales del CGPJ se produzca conforme a la ley actual, es decir, con nombramiento final de todos ellos por parte de las Cortes. Pero reclama al mismo tiempo en su propuesta la participación "decisiva" de los jueces en la elección. Actualmente, los 12 vocales de procedencia judicial ya deben ser propuestos por un número mínimo de sus compañeros o por las asociaciones judiciales.

"Lo que exigimos es que el CGPJ negocie y que los jueces, de consenso, nos propongan un método. Lo que no puede estar España es sometida a que cada vez que gobierne uno u otro se cuestione el modelo de elección", ha comentado González Pons al respecto.

"Nosotros estamos dispuestos a negociar los nombres, pero primero queremos llegar a un acuerdo de un pacto de Estado para el reforzamiento de la independencia judicial y la profundización en la democracia española", ha seguido diciendo, para destacar la "altura de miras" y "generosidad" que, a su parecer, muestra el PP con este ofrecimiento.

Para el popular, la situación estos tres años ha alcanzado "tal grado de deterioro que si ahora simplemente se cambiarán los vocales con un pacto secreto entre el PP y el PSOE, se produciría renovación, pero la independencia de los órganos judiciales quedaría todavía más cuestionada".

Dicho lo cual, entre las medidas más reseñables de la iniciativa, proponen que el fiscal general del Estado no pueda estar en política en los cinco años anteriores a ser elegido para el cargo, con lo que el PP apunta contra la actual fiscal, Dolores Delgado, quien fuera ministra de Justicia en los albores del Gobierno de Sánchez. También plantean que la negociación de los vocales del CGPJ se haga en el Congreso entre los grupos, y no entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, como se ha hecho a través de pactos PP-PSOE hasta la fecha, o que "el nuevo Consejo elegido con la ley en vigor proponga un nuevo modelo de elección" en el plazo de seis meses, propuesta que más tarde sería analizada en una ponencia de la Comisión de Justicia del Congreso, que emitiría un informe también en un plazo de seis meses.

Y todo, supeditado a que el PSOE de marcha atrás con su proyecto de reforma legal exprés para que el CGPJ pueda nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden ahora, que previsiblemente será votado este jueves y cuenta con el apoyo de Unidas Podemos, Más País y ERC. 

El Gobierno declina la oferta 

Pocos minutos después de lanzar el PP su propuesta, el Gobierno, por boca de la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, la ha rechazado de plano. Al ser preguntada por el acuerdo de pacto, que ha dicho estar conociendo por la prensa, la titular de Política Territorial ha asegurado que su formación no tiene intención alguna de retirar la reforma para que se pueda renovar parte del Tribunal Constitucional, como pide el PP. Y es que, según ha agregado, la Constitución "y su cumplimiento no es negociable". "Lo único que pedimos es que el Partido Popular cumpla la Constitución", ha zanjado.

Fuentes de Moncloa han añadido más tarde  que "no hay nada nuevo" en la oferta del PP si lo que piden es cambiar el método de elección del CGPJ, un extremo que la coalición descartó desde el primer momento en el que lo propuso el antecesor de Feijóo, Pablo Casado.

Ahora, si el Gobierno no da su brazo a torcer, la duda es qué está dispuesto a hacer el PP, pues, antes de conocer el rechazo del Ejecutivo González Pons se mostraba muy confiado en que retirarían la proposición de ley. 

Por de pronto, el dirigente popular ha alertado de que la Comisión Europea va a denunciar este miércoles "anomalías en el Estado de Derecho español" que el Gobierno "va a confirmar al día siguiente con la reforma pactada con ERC".  

Propuestas del PP 

1- La negociación para la renovación del CGPJ se llevará a cabo en las Cortes Generales, órgano encargado de la designación conforme a la Constitución. 

2- Una vez designados, los vocales del nuevo CGPJ serán los que elijan a su presidente, sin pactos previos ni indicación de cualquier tipo.

3- Simultáneamente al proceso de renovación del CGPJ, se presentará una proposición de ley, de forma conjunta por cuantos grupos parlamentarios apoyen este espíritu de despolitización de la Justicia española, a tramitar por el procedimiento de urgencia, en los siguientes términos:

  • Derogación de la reforma que impide al CGPJ tomar casi cualquier decisión estando en funciones -volviendo al anterior sistema-.
  • Regulación de las llamadas "puertas giratorias". Los jueces y magistrados que sean nombrados para cargos de elección política o de gobierno, con rango superior al de director general, no podrán reingresar al servicio activo hasta transcurridos dos años a partir del cese en los referidos cargos.
  • No podrán ser nombrados vocales del CGPJ quienes hayan desempeñado cargos vinculados a la política en los cinco años   inmediatamente anteriores.
  • Regulación de la Comisión de Calificación. Se establece nuevamente esta Comisión con la finalidad de recabar información de los candidatos a puestos discrecionales, al objeto de motivar justificadamente los nombramientos.
  • Todos los altos cargos de la carrera judicial pasarán a ser nombrados por mayoría de tres quintos (13 votos de los 21).
  • Nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo. Para ser nombrado magistrado del Tribunal Supremo se exigirá una antigüedad de 25 años de servicio activo en la carrera judicial, sin que pueda computarse a estos efectos los años de servicios especiales de cualquier tipo.
  • Se introduce una disposición adicional, en virtud de la cual el CGPJ recién nombrado, tomando en cuenta los modelos de países europeos con constituciones parecidas a la nuestra, presentará a las Cámaras, en un plazo de seis meses desde su toma de posesión, una propuesta de reforma del sistema su toma de posesión, una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales del turno judicial que mejore la independencia del proceso y que garantice una decisiva participación de los propios jueces y magistrados en la elección.
  • Garantías de independencia de la Fiscalía General del Estado. Se recogerá expresamente la posible recusación del fiscal general del Estado y se establecerá que no podrán ejercer esta función quienes hayan desempeñado cargos políticos en los cinco años anteriores.
  • Incremento de la planta judicial en cuanto al número de jueces. Se procederá a una adecuación estructural de la plantilla judicial mediante la convocatoria de oposiciones a razón de doscientas plazas más al año, de manera que en cinco años el incremento de la planta en cuanto a número de jueces sea de mil. 
  • Mantenimiento del actual sistema de acceso a la carrera judicial por oposición. Se ratificará el actual sistema de acceso al Poder Judicial acorde con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, exigencia prioritaria de la solidez de conocimientos y el cuidado de la búsqueda de la excelencia.
  • Modificación del magistrado autonómico. La terna formulada por las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas dejará de ser vinculante para el CGPJ.
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