La Comunidad de Madrid ha cedido la posición que venía manteniendo en las últimas semanas sobre la revisión de precios en las obras públicas para reflejar el encarecimiento de materiales y materias primas. A finales de mayo, en la Asamblea regional, partidos como PSOE y Vox pidieron al Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso que siguiera los pasos de otras comunidades y administraciones públicas y tuviera en cuenta las circunstancias actuales. Las grandes constructoras también habían incidido en la misma línea, hasta el punto que alguna había manifestado su intención de renunciar a presentarse a adjudicaciones públicas.

El argumento que manejaban era que sin tener el cuenta la subida de precios de ciertos materiales, el importe al que se estaban pagando los proyectos no resultaba para nada ajustado a la realidad. Incluso, se hablaba de pérdidas. 

Hace meses que el Gobierno central redactó un real decreto para capear esta circunstancia, al que los gobiernos autonómicos podían adherirse. La Comunidad de Madrid se había mostrado algo reacia, hasta que este miércoles el Consejo de Gobierno se ha comprometido a revisar "excepcionalmente" el precio de los contratos de obras del sector público afectadas por el incremento de costes de cuatro materiales: el aluminio, el cobre, los elementos siderúrgicos y los bituminosos. 

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"La Comunidad de Madrid ha estado monitorizando el desarrollo de los procesos de contratación y de ejecución de las obras en curso, así como de las nuevas licitaciones, con el objetivo de aplicar el Real Decreto en cuanto se detectase cualquier tipo de incidencia", han defendido desde el Ejecutivo de la Puerta del Sol.

El vicepresidente Enrique Ossorio ha detallado que la medida se llevará a cabo cuando la subida de los citados materiales suponga más del 5% del importe certificado en un periodo, que no puede ser inferior a un año ni superior a dos ejercicios, como establece la regulación estatal. En ese caso, el importe final no podría ser un 20% superior al previsto inicialmente.

El impacto de esta medida sobre los presupuestos de la Comunidad de Madrid se estima en unos 26 millones de euros. La revisión de costes se aplicará a instancia del contratista y si así lo aprecia el órgano de contratación, tanto por parte de la Administración regional. Las universidades públicas y las entidades locales podrán decidir, individualmente, si acogerse o no a esta medida, mediante la aprobación de su respectivo órgano de gobierno.