La Asamblea Por una Escuela Bilingüe, ha pedido esta tarde en rueda de prensa que el Gobierno de España interponga un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 6/2022 y la ley 8/2022, que el govern aprobó para evitar aplicar la sentencia del TSJC sobre la obligatoriedad de impartir un mínimo del 25% de materias en castellano.

El presidente de Impulso Ciudadano, organización integrada AEB, José Domingo, ha explicado que sería "la solución más rápida para aplicar la sentencia del 25% porque suspendería el decreto y la ley". Con estas normas suspendidas, es factible la ejecución de la sentencia.

El vicepresidente de Impulso Ciudadano, Rafael Arenas, ha confirmado que el recurso del Gobierno es "la única manera de suspender la ley aprobada por el gobierno y parlamento catalán". Asimismo, argumenta que "el gobierno de España ha de recurrir esta ley que impide cumplir la sentencia porque ha manifestado en reiteradas ocasiones que las sentencias se cumplen, y esta sentencia no se está cumpliendo".

La presentación de una cuestión de inconstitucionalidad por parte del TSJC para saber si la ley presenta elementos contrarios a la constitución, no suspende la ley, y por tanto seguirá sin poderse ejecutar la sentencia.

Ofensiva judicial contra el Govern por "desobedecer" la sentencia del 25% de castellano

José Domingo cree que precisamente esta iniciativa favorece la "estrategia de burla que ha diseñado el gobierno catalán". Domingo explica que el pretendido éxito que declaran desde el govern se debe tan solo a que "se demorará la ejecución de la sentencia".

Alternativas legales

Sin embargo, desde Impulso Ciudadano creen que, aunque no se supenda la ley, la sentencia se puede aplicar porque la ley aprobada por el govern "no cambiaba el elemento nuclear de la sentencia, es decir, que las dos lenguas deben ser vehiculares". Domingo expone que el conseller de Educación, Josep González-Cambray, "insiste en los porcentajes. Este argumento ha provocado las dudas del TSJC, pero el tribunal tiene instrumentos para no focalizar en los proyectos lingüísticos". José Domingo insiste en centrarse en la "Programación General Anual en lugar de en los Proyectos Lingüísticos". Tras todos estos argumentos, desde AEB creen que "el TSJC está equivocado".

Al mismo tiempo, afirman que si el Tribunal Constitucional se tiene que pronunciar sobre la ley aprobada por el Parlament, "las trampas para esconder que el castellano es vehicular, se acabaran".

Dilación premeditada

Por su parte, la presidenta de AEB, Ana Losada, ha concluido que el escrito del TSJC conocido hoy es "otra piedra en el camino para ejecutar las sentencia, y llevamos ya tres décadas con una legislación que es ilegal". En la rueda de prensa ha interpelado directamente al PSC pidiéndole que "decida en qué foto quiere salir, en la del los que defienden la constitución, o en la de los que no cumplen las sentencias".

La presidenta ha sido clara respecto a la actuación del Gobierno ante la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, manifestando que "el Gobierno no hará nada", ante lo que José Domingo ha reaccionado afirmando que "no hay que perder la esperanza". Sin embargo, Ana Losada ha insistido en que seguirán "defendiendo el fin de la inmersión lingüística".

Para ello, esperan no tener que llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero lo que sí tienen ya decidido es acudir al Defensor del Pueblo. No obstante, Ana Losada consideró que "ya han cumplido su objetivo de dilatar la ejecución de la sentencia".