Los vehículos con autorización VTC (Vehículos de Transporte con Conductor) que circulen por la Comunidad de Madrid estarán vigilados durante todo el año. El Gobierno regional va a desarrollar seis campañas específicas de inspección para estos operadores con el objetivo de asegurar que estos "cumplen con la normativa del sector" y "desarrollan su actividad con todas las garantías para los usuarios".

El Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso ha comunicado que en el mes de julio tendrán lugar alrededor de 50 controles en estaciones de tren y autobús y el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, así como en centros culturales y de ocio. Se llevarán a cabo por la Policía Municipal de Madrid y la Guardia Civil, y en ellos participarán también inspectores de la Dirección General de Transportes y Movilidad.

Estos últimos se ocuparán principalmente de cuestiones relativas a las autorizaciones de transporte para VTC, vigilarán que tengan los distintivos obligatorios y que el viaje sea contratado previamente y trasladado al Registro de Comunicaciones de los Servicios VTC.

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Por su parte, la Policía Municipal y de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realizarán controles del estado general del vehículo, la velocidad del mismo y que el conductor cuente con la documentación y los seguros exigibles en materia de tráfico, entre otras cuestiones.

En las tres primeras operaciones de este año (marzo, abril y junio) se inspeccionaron un total de 3.290, de los que 330 fueron denunciados. Los incumplimientos más habituales detectados han sido la carencia de los distintivos obligatorios (15%), la captación de clientes que no habían contratado el servicio previamente (12%) y la no comunicación del servicio al Registro de Comunicaciones de los Servicios VTC (8,5%). Las otras dos campañas restantes se realizarán en los meses de septiembre y diciembre.

Asesoramiento en delitos

Por otro lado, la Comunidad de Madrid ha creado la figura del Consejo Asesor para la Seguridad en el Transporte Público, cuyo campo de acción contempla la seguridad frente a accidentes, delitos y agresiones, actos vandálicos, sabotajes y ciberataques en las infraestructuras del transporte.

"La seguridad ciudadana común, el estallido de los riesgos vinculados a la ciberseguridad, la creciente concienciación respecto a la seguridad operacional vial y la depuración de responsabilidades en caso de accidentes son algunas de las cuestiones que mayores implicaciones prácticas han tenido en los últimos años en la gestión del transporte público", figura en su decreto de creación publicado esta semana en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

Los miembros del órgano de nueva creación, que no recibirán retribución económica ni indemnización alguna, emitirán informes o consultas solicitadas, coordinarán planes operativos para incrementar la eficiencia, impulsará la incorporación de la normativa sobre seguridad del transporte e informará del Plan de Movilidad de la Comunidad.