El Tribunal Superior de Cataluña plantea llevar al Constitucional el decreto del 25% de castellano por la "imposibilidad" de ejecutarlo

Una clase de ESO de un instituto de Vila-seca (Tarragona).
Una clase de ESO de un instituto de Vila-seca (Tarragona).
ACN - Archivo
Una clase de ESO de un instituto de Vila-seca (Tarragona).
Nuevo capítulo en el debate político y jurídico sobre los porcentajes de castellano en las aulas catalanas. 
EP

El Alto Tribunal catalán ha dictado una providencia, dada a conocer este lunes, en la que insta a la Fiscalía y a las partes personadas en la causa por la aplicación de la sentencia del 25% de castellano en las aulas que emitió el mismo Tribunal Superior de Justícia de Cataluña, principalmente a la entidad denunciante, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), pero también el Govern, la Abogacía del Estado y Hablemos Español, para que decidan en un plazo máximo de 10 días si se debe presentar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC).

De esta manera, la instancia judicial española debería razonar si la nueva ley sobre el catalán en la escuela que aprobó el pasado 8 de junio el Parlament, con el 76% de los votos del hemiciclo (dieron su apoyo ERC, Junts, PSC y comuns), supone un escollo o la “imposibilidad legal” para la ejecución de la sentencia del 25% de horas lectivas castellano en los centros catalanes del TSJC y ratificada en varias ocasiones por el Tribunal Supremo. Y ello, debido a que la norma catalana no aplica porcentajes de uso de la lengua castellana y catalana en la enseñanza.

Antes de la validación parlamentaria, el pasado 31 de mayo el ejecutivo catalán aprobó un decreto ley para “garantizar el catalán como lengua vehicular” en la enseñanza, es decir, la de uso normal. Daba luz verde a esta norma ‘in extremis, ya que un día antes (el 30 de mayo) expiraba el plazo dado por el Alto Tribunal catalán al Govern para dar cumplimiento a la sentencia del 25% en castellano que emitió a finales de 2020. El pasado 29 de junio, el Pleno del Parlament avalaba el decreto.

Dicha cuestión de inconstitucionalidad, en caso de presentarse, se plantearía respecto al decreto ley 6/22 y a la la Ley 8/22 sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza aprobadas por el Govern y el Parlament, respectivamente, por una posible vulneración de diversos artículos de la Carta Magna.

El Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC) argumenta en su providencia que las dos normativas ya marcan “vicios de inconstitucionalidad” y ve incompatibilidad entre el fallo judicial y las dos leyes catalanas. Por ello, el Alto Tribunal considera que este choque de intereses “impide la ejecución de la sentencia del 25%” por sus mencionados visos de inconstitucionalidad.

Esto supone, de facto, dice la sala quinta de lo contencioso-administrativo, que la ley parlamentaria no hace posible fijar “un porcentaje mínimo de uso vehicular de una y otra lengua oficial” y considera al castellano lengua de uso curricular (académico) y que se emplearía según el proyecto lingüístico de cada centro, sin porcentajes fijos, y validado previamente por Educació para que la responsabilidad legal recaiga en la conselleria y no en los directores de centro. 

Las dos sentencias de TSJC sobre esta materia reconocen el carácter de lengua vehicular del castellano, derivado de la Constitución, al ser junto con el catalán la lengua cooficial de la comunidad.

El conseller Cambray habla de "victoria"

El conseller de Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, se ha pronunciado sin demora este lunes por la mañana sobre esta providencia del TSJC recalcando que la misma supone “una victoria y una gran noticia” ya que es “un primer paso para que en ninguna clase de Cataluña se aplique el 25% de castellano” ni ningún tipo de “porcentajes de lenguas”. 

Estamos ante una gran victoria que dice que en las aulas catalanas no se aplicarán porcentajes de clases en castellano" (Josep Gonzàlez-Cambray, conseller de Educació)

“Esta victoria de hoy lo que hace es afianzar el modelo de escuela catalana”, ha declarado. “Las dos leyes son plenamente constitucionales. Hoy celebramos la imposibilidad de aplicar porcentajes de lenguas en las aulas”, ha remarcado.

Sobre el papel de Educació como garante de la aplicación de estas normas en los centros, sin que ello afectara jurídicamente a sus direcciones, el conseller ha recordado que se ha mantenido desde su departamento lo que se prometió: “Que haríamos de escudo jurídico y legal de todas las directivas para que no tuviesen ningún tipo de riesgo y educasen en cuantas más lenguas mejor. Y que yo me ponía al frente de las respuestas del TSJC”, ha sostenido.

El propio president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha tachado el dictamen judicial de “victoria parcial” al igual que la portavoz del partido republicano, Marta Vilalta. Esta ha puesto de relieve el triunfo de los consensos políticos entre ERC, Junts, PSC y comuns para permitir la aprobación de la nueva ley del catalán en la escuela en sede parlamentaria y, posteriormente, del decreto ley del Govern. 

"Ha tenido todo el sentido la estrategia y el camino trazado en los últimos meses para defender un modelo de escuela catalana que no entiende de porcentajes, sino de criterios pedagógicos", ha dicho Vilalta. Aragonès ha avanzado que el Govern defenderá el catalán en la escuela “ante el Tribunal Constitucional con los dictámenes del Consell de Garanties Estatutàries que avalan por unanimidad la ley y el decreto ley” catalanes.

Desde Junts, su portavoz, Josep Rius, ha celebrado la resolución del TSJC porque demuestra que "la confrontación es la vía para defender el catalán en la escuela". 

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