El Govern ha pactado con el PSC el texto del nuevo decreto ley de los VTC, que se debe aprobar antes del 1 de octubre y que prevé restringir el uso de estas licencias en Cataluña, con lo que prevén reducir las 4.000 actuales a 1.000 según sus estimaciones.

Así lo han explicado este viernes en declaraciones a la prensa el secretario general de Territorio y Movilidad de la Generalitat, Isidre Gavín; la directora general de Transportes y Movilidad, Mercè Rius; los tenientes de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Jaume Collboni y Laia Bonet, y el diputado del PSC Jordi Terrades, además del secretario general de Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio de la Generalitat, Ricard Font.

La nueva normativa estará vigente durante un periodo máximo de cuatro años en los que el Govern prevé que la justicia europea dé respuesta a cuestiones como la precontratación o la ratio 1/30 para poder redactar una ley que regule a todo el sector, incluido el taxi. 

Élite Taxi celebra el acuerdo para el decreto ley de VTC aunque prevé su judicialización

El portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez, ha asegurado que el sector está "muy contento" con el acuerdo para el decreto ley de VTC entre el Govern y el PSC, aunque prevé que las plataformas lo llevarán a los tribunales.

En declaraciones a la prensa este viernes, Álvarez ha destacado que este acuerdo "sella ya" el fin de la presencia de las plataformas de transporte compartido en Barcelona y Cataluña: "Vamos a poder vivir tranquilos, sin peligro de que nos invadan estos vehículos que nos hacen competencia desleal".

La nueva normativa fija la creación de una nueva licencia VTC más restrictiva y a la que solo pueden acceder los vehículos que ya tienen un permiso en la actualidad, lo que según estiman los impulsores, reducirá los VTC de 4.000 a 1.000.

Álvarez ha apuntado que el texto diferenciará el servicio de taxi y de VTC, que las "plataformas han desvirtuado", y ha recordado que el sector no tiene problemas con los VTC tradicionales.

Además, ha mostrado su esperanza de que "esta normativa sirva para que otras comunidades autónomas" la adopten y ha lamentado que estas plataformas puedan operar en Madrid.