El Congreso da luz verde definitiva a la 'ley Zerolo' que castiga con cárcel el antigitanismo y considera agravante el odio a los pobres

  • La Cámara Baja aprueba los cambios del Senado para evitar la "exclusión" de discapacitados y mayores en internet.
Un ujier del Parlamento iza la bandera durante el izado de la bandera gitana en el Parlamento andaluz, a 22 de noviembre de 2021 en Parlamento de Andalucía en Sevilla (Andalucía, España).
Un ujier del Parlamento iza la bandera durante el izado de la bandera gitana en el Parlamento andaluz, a 22 de noviembre de 2021 en Parlamento de Andalucía en Sevilla (Andalucía, España).
Joaquin Corchero / Europa Press

La ley de igualdad de trato, más conocida como ley Zerolo, ya es una realidad. El Congreso aprobó este jueves ya de manera definitiva la norma, impulsada por el PSOE, que a partir de ya castigará con penas de prisión a quienes "públicamente promuevan o inciten al odio, discriminación o a la violencia contra los gitanos y gitanas". Asimismo, la norma también incluye una modificación del Código Penal para que la "aporofobia" -es decir, el odio a la pobreza- sea considerada un agravante cuando se cometa un delito.

El de este jueves en el Congreso era el último trámite que le quedaba por superar a una ley que, desde que el PSOE decidió impulsarla en enero de 2021, generó ciertas tensiones en el seno del Gobierno, ya que los socialistas decidieron presentarla sin Unidas Podemos pese a que lo pactado era que fuese una iniciativa conjunta. La Cámara Baja dio luz verde a las enmiendas que introdujo el Senado para evitar la "exclusión social" de discapacitados y mayores en páginas web y aplicaciones móviles, así como para considerar la "segregación" como una práctica discriminatoria.

La norma tiene un enfoque muy amplio y aspira a ser la base de una estrategia estatal contra la discriminación a la hora de acceder a derechos o servicios. De hecho, en la exposición de motivos se proclama que la ley Zerolo es "una ley de garantías que no pretende tanto reconocer nuevos derechos como garantizar los que ya existen". Entre otras cosas, el objetivo es combatir esta discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo o religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad, estado de salud, situación socioeconómica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

La nueva norma introducirá sanciones para evitar y castigar las infracciones que no supongan un delito, como sí será considerado el antigitanismo. Esas multas podrán ir de los 300 a los 500.000 euros, y sancionarán comportamientos como la discriminación en el trabajo, en el acceso a la vivienda o en el ámbito educativo de personas por los motivos anteriormente mencionados: racial, étnico, de sexo, de religión, de orientación sexual, de situación socioeconómica... 

En este sentido, por ejemplo, queda expresamente prohibido "discriminar a una persona en cuanto a los términos o condiciones de la venta o arrendamiento de una vivienda" por cualquiera de las causas recogidas en la ley. De igual manera, se establece que no podrán disfrutar de financiación pública los centros que excluyan a personas o grupos, una acotación que incluye expresamente a "los centros educativos", lo que abre la puerta a prohibir los conciertos con colegios que segreguen por sexo a sus alumnos.

La inversión de la carga de la prueba

Por la "dificultad de la obtención" de pruebas de este tipo de situaciones discriminatorias, una de las medidas más relevantes de la ley es la inversión de la carga de la prueba. Es decir: que "cuando la parte actora o el interesado alegue discriminación y aporte indicios fundados sobre su existencia, corresponderá a la parte demandada o a quien se impute la situación discriminatoria la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada", de que su actuación no implicó una discriminación por alguna de las causas recogidas en la ley.

Para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones, la ley establece la creación de una Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, cuyo personal será, con carácter general, funcionario de carrera de las administraciones públicas o, en su caso, personal laboral procedente de organismos nacionales o internacionales. Este órgano tendrá como función "garantizar la prestación independiente de servicios especializados de asistencia y orientación a las personas que hayan podido sufrir discriminación", y también ejercerá de mediador entre las partes.

La diputada socialista Beatriz Carrillo, de origen gitano, celebró la aprobación de la ley asegurando que "discriminar ya no saldrá gratis", y sostuvo que "tenemos que felicitarnos todos, porque estamos sacando una de las leyes más necesarias y justas que marcará un nuevo horizonte en la historia democrática de España". En la misma línea, el parlamentario de Unidas Podemos Ismael Cortés, igualmente romaní, calificó la norma como "un avance", aunque insistió en que es necesario continuar avanzando en asuntos como la reforma del estatuto de la víctima o de la ley de extranjería.

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