El Gobierno lleva al límite la negociación del nuevo decreto anticrisis y el PSOE aleja el impuesto a las eléctricas de Unidas Podemos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño; y la vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las vicepresidentas Calviño y Díaz.
EUROPA PRESS

La negociación entre PSOE y Unidas Podemos para definir las nuevas medidas para afrontar la crisis provocada por la guerra de Ucrania va a terminar como tantas otras: sobre la bocina. A menos de 24 horas del Consejo de Ministros en el que el Gobierno aprobará el decreto con este nuevo plan de choque, varias de las medidas más señeras que se han planteado en las últimas semanas siguen aún sin concretarse, entre ellas, por ejemplo, el cheque a familias vulnerables o el fondo para reducir al 50% el precio del abono de transporte público. Y las fuentes consultadas ven probable que las conversaciones se alarguen hasta bien entrada la noche del viernes.

Las dos alas del Ejecutivo seguían hablando este viernes por la tarde de esas y más medidas, aunque parece descartado que este sábado salga adelante una de las exigencias que Unidas Podemos ha planteado con más insistencia: el establecimiento de un impuesto extraordinario sobre los beneficios de las empresas eléctricas. Los morados, con la vicepresidenta Yolanda Díaz a la cabeza, llevan semanas presionando en este sentido, e incluso han llegado a diseñar una subida de 10 puntos en el tipo del impuesto de sociedades -un 40%- para sortear las dudas jurídicas que pudiera provocar la instauración de un nuevo impuesto y poder aumentar la presión fiscal a las eléctricas por decreto.

No obstante, el PSOE sigue sin estar convencido de la conveniencia de aplicar este impuesto en el corto plazo. Los socialistas aseguran estar de acuerdo con el contenido del nuevo tributo, pero sostienen que lo más adecuado es implantarlo a principios de 2023, junto a los Presupuestos Generales del Estado, algo que rechaza de plano Unidas Podemos. Este jueves, además, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, planteó la necesidad de diseñar el impuesto con tiempo para "evitar un diseño mal planteado que pueda terminar trasladándose a los precios".

Lo cierto es que la puesta en marcha del impuesto está muy verde, y fuentes conocedoras del contenido de las negociaciones señalan que los morados estudiarían una opción intermedia: la de aprobar la nueva tasa impositiva a través de una ley tramitada por el procedimiento de urgencia. Este método sería más rápido que seguir el procedimiento legislativo ordinario, pero implicaría que el impuesto no podría ponerse en marcha, al menos, hasta dentro de tres o cuatro meses, frente a la inmediatez que ofrece el aprobar una subida por decreto del impuesto de sociedades.

El alcance del cheque

La segunda de las medidas propuestas por Unidas Podemos que está generando serias dificultades en las negociaciones es el cheque para que las familias puedan hacer frente al alza de los precios. El planteamiento original de los morados era entregar una ayuda de 300 euros a los hogares con rentas inferiores a los 70.000 euros anuales, aunque lo que se está estudiando es un subsidio mucho más contenido para sortear las reticencias de un ala del Ejecutivo, liderada por la ministra de Economía, Nadia Calviño, cuya oposición -según las fuentes consultadas- ni siquiera comparte todo el PSOE. Aún así, el viernes por la tarde seguía sin haber acuerdo.

Sobre esta medida en concreto son dos, fundamentalmente, las características a definir: su cuantía, por una parte, y el umbral de renta a partir del cual podrá percibirse, por la otra. Es este segundo asunto el principal escollo que aún tienen que superar PSOE y Unidas Podemos para incluir el cheque entre las medidas que se aprobarán en el decreto de este sábado. Tal y como publicó El País, los ministerios socialistas apuestan por una ayuda que llegue a unos cuatro millones de beneficiarios, lo que supondría situar el umbral alrededor de los 12.000 o 14.000 euros de renta anual. Pero Unidas Podemos quiere que esta medida sea mucho más generalizada, y eso implica elevar el tope de renta.

La medida en la que el PSOE y los morados están encontrando una mayor sintonía es la rebaja del precio del transporte público. Inicialmente, la propuesta de Unidas Podemos era la de rebajar el precio del abono mensual hasta los 10 euros en toda España, pero finalmente lo que se está discutiendo en la mesa de negociación es un fondo para rebajar el coste del transporte público a la mitad. Fuentes conocedoras del contenido de las conversaciones explican que este cambio facilita sensiblemente la aplicación de la medida, puesto que el sistema de transporte público en España está muy descentralizado y cada comunidad y ayuntamiento maneja medios y tarifas diferentes.

Hasta el 31 de diciembre

Lo poco que está claro sobre el decreto que se aprobará este sábado es que tendrá una duración mayor a la prevista. Así lo confirmó este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien anunció que las medidas estarán vigentes hasta fin de año pese a que inicialmente había afirmado que el plan de choque solo se prorrogaría hasta el mes de septiembre. Sánchez no ofreció detalles sobre el contenido del decreto, aunque señaló que "coherente" con "lo que viene haciendo el Gobierno en los últimos tres meses", en los que ha estado vigente una serie de medidas que "sustancialmente" se repetirán en el nuevo decreto. 

Entre esas medidas se cuentan, por ejemplo, el aumento del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en un 15%; la extensión del bono social eléctrico a 600.000 familias; o la prórroga de la rebaja impositiva en la factura de la luz. También el descuento de 20 céntimos para los carburantes, que Unidas Podemos quería vetar a las rentas altas pero que, salvo sorpresa, seguirá siendo universal. Asimismo, como novedad se incluirá la subida del 15% de las pensiones no contributivas -las de viudedad, orfandad o invalidez- que el Ejecutivo pactó con EH Bildu y que llegará a alrededor de 440.000 personas y la bajada del 10% al 5% del IVA a la electricidad.

Las negociaciones han tomado impulso esta última semana tras el batacazo de la izquierda en las elecciones autonómicas del pasado domingo en Andalucía. No obstante, las conversaciones no han sido especialmente fluidas, y fuentes de Unidas Podemos se quejaban durante la semana de que los ministerios del PSOE no respondían de forma concreta a sus propuestas. De hecho, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, que está negociando el decreto por la parte morada, rompió su habitual discreción para presionar este viernes asegurando que, aunque "el Gobierno de coalición ha adoptado ya importantes medidas para proteger a las familias", la "duración de la inflación hace necesario extenderlas y profundizarlas".

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