La Fiscalía Anticorrupción ha archivado este jueves la investigación sobre el contrato de emergencia de la Comunidad de Madrid con la empresa Priviet Sportive para la adquisición de mascarillas, entre marzo y abril de 2020. Esta adjudicación estaba siendo investigada porque el hermano de Isabel Díaz Ayuso, Tomás, percibió de ella a modo de "contraprestación" 55.850 euros (más IVA), según afirmó la propia presidenta en febrero. 

Las pesquisas comenzaron a instancias de los grupos parlamentarios de Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos en la Asamblea y en medio de una vorágine por un supuesto espionaje del PP por el cobro del familiar directo de la presidenta madrileña de este contrato, que ascendió a 1,5 millones de euros, lo motivó una crisis interna que acabó con Pablo Casado fuera del liderazgo nacional del primer partido de la oposición.

El 'carpetazo' del ministerio público, que ha adoptado la forma jurídica de decreto firmado por el fiscal jefe Alejandro Luzón, pone de relieve que las pesquisas que se han seguido a raíz de estas denuncias han determinando "la ausencia de indicios de la comisión de infracciones penales".

El ministerio público descarta el presunto delito de tráfico de influencias que imputaron los denunciantes a la presidenta regional porque afirma que ninguno de los testigos a los que ha entrevistado en los últimos meses ha reconocido "indicación, llamada, recomendación o sugerencia" de autoridades, entre los que se encontraría la jefa del Ejecutivo, o funcionarios de la Comunidad para contratar con Priviet.

Ayuso celebra el archivo del caso y proclama: "No he beneficiado a ningún familiar o amigo"

Entre otros, el fiscal jefe de Anticorrupción, ha tomado declaración al propio Tomás Díaz Ayuso, al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y a otros trabajadores del departamento de Sanidad, dado que la compra de mascarillas se firmó en su seno. También rechaza la Fiscalía que esta adjudicación fuera un "negocio prohibido" para la Administración regional por participar un familiar directo de la presidenta, o que ella tuviera obligación de inhibirse en este procedimiento. 

Para ninguna de estas circunstancias se dan los requisitos legales: en el primer caso el hermano tendría que haber sido administrador de la empresa adjudicataria o tener al menos el 10% de sus acciones; y en el segundo la jefa del Gobierno tendría que haber participado directamente en la concesión del contrato, algo que no sucedió.

Respecto a Tomás Díaz Ayuso, Anticorrupción dice que su investigación "no ha puesto de relieve" que llevara a cabo gestiones ante el Sermas u otro organismo de la Comunidad tendente a conseguir un trato de favor para Priviet. "Ni siquiera que aportara a esta empresa algún contacto con funcionarios públicos", se reitera. 

El decreto de la Fiscalía recoge, además, que el "bonus" que obtuvo por el contrato con la Comunidad asciende a 59.203 euros, pero no fue el único cobro de esta empresa: por asesoramiento en varias ofertas pactó un pago 175.000 (234.203 euros en total) que percibió emitiendo cuatro facturas. "La facturación, el pago y el cobro de la comisión, el procedimiento seguido debe calificarse de transparente", zanja el decreto firmado por Luzón.

Diez minutos antes de comparecer

El archivo de las diligencias se ha conocido apenas unos minutos antes de la comparecencia de la presidenta en la Asamblea, a petición propia, para dar cuenta del nombramiento de Enrique Ossorio como vicepresidente regional, una decisión adoptada la semana pasada.

Cuando la presidenta ha entrado en el hemiciclo para intervenir, la bancada popular se ha puesto en pie y ha roto en aplausos. El sonoro respaldo se ha repetido cuando, desde la tribuna, Díaz Ayuso ha proclamado: "Acabamos de saber que la Fiscalía archiva la investigación sobre el contrato de la Comunidad de Madrid con Priviet Sportive".

Acto seguido, la presidenta ha valorado la noticia defendiendo su gestión. "Lo primero que quería manifestar es que esto es así porque en la Comunidad de Madrid no hay corrupción, porque en la Comunidad Madrid no ha habido corrupción", ha aseverado, para añadir. "No he tomado una sola decisión desde que soy presidenta de la Comunidad de Madrid para ayudar a un solo familiar o a un solo amigo a beneficiarse del patrimonio de todos los madrileños".

"Ya van 20 veces, 20 contadas, que me han llevado a los tribunales y 20 veces que la justicia, jueces y fiscales, han dicho que son todo falsedades", ha cargado a continuación contra los grupos de izquierda. A la oposición le ha acusado de un "uso torticero" de la justicia. "Lo que ha pasado", ha añadido, "sería como para pedir la dimisión de la izquierda al completo empezando por la líder de la oposición, que hoy no está aquí para dar la cara", en referencia a la portavoz de Más Madrid, Mónica García.

Caso en la Fiscalía Europea

Esta afirmación le ha valido la crítica de todos los grupos de la oposición porque García no está presente este jueves en el pleno porque está convaleciente por Covid-19, un dato que ha trascendido a primera hora de esta mañana, porque la portavoz ya no ha participado en la sesión de control al Gobierno.

A la hora de valorar el archivo, los partidos de la oposición se han aferrado al procedimiento que aún sigue abierto en la Fiscalía Europea. Porque la decisión de este jueves supone el archivo en lo que se refiere a los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, fraude y falsedad. Sin embargo, no tiene, "por escrupuloso respeto competencial", efecto alguno sobre las pesquisas que se siguen en paralelo en la Fiscalía Europea por supuestos delitos de malversación, fraude a los intereses financieros de la UE y cohecho, porque para pagar el contrato se utilizaron fondos europeos.

"Le pediría un poquito de prudencia porque todavía siguen vivas dos denuncias que desde mi grupo parlamentario hemos interpuesto en la Fiscalía Europea", ha señalado Carolina Alonso, portavoz de Unidas Podemos, partido que ha promovido las denuncias en esta instancia europea. Hacia esta dirección también se ha apuntado Más Madrid. 

"El caso no está cerrado en absoluto. Nosotros todavía esperamos la resolución de la Fiscalía Europea y cuando se resuelva, en base a lo que se tenga que resolver, nosotros tomaremos las acciones que consideremos oportunas en base a las nuevas informaciones que han ido saliendo", ha señalado el diputado Alberto Oliver.

"Una cosa es la justicia y la legalidad y otra cosa es la ética", ha aseverado Juan Lobato, portavoz del PSOE. "Y usted suspende en la ética, señora Ayuso, en la ética de la transparencia y en la de dar la cara", ha agregado. La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, se han manifestado en términos similares. "Yo, hablando con los españoles, muchos no tenían dudas sobre si era legal. Creo que la duda que algunos españoles teníamos es si era ético el tema de las comisiones", ha opinado tras darle "la enhorabuena" tanto a la presidenta como a su Gobierno por el cierre del "capítulo" de la Fiscalía Anticorrupción.