El cártel de los coches, una historia de capos, chivatos y estafas que colapsará los juzgados

Los afectados por el cártel podrían recibir hasta 9.000 euros de compensación
Los afectados por el cártel podrían recibir hasta 9.000 euros de compensación
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Por los grupos de WhatsApp de taxistas de Barcelona empezaron a compartirse noticias sobre el tema hace dos o tres años. El cártel de los coches, un asunto al que a Gemma Almarcha, una administrativa de 44 años copropietaria de un taxi en la Ciudad Condal junto a su marido, le pareció curioso sin plantearse que tuviera nada que ver con ella.

Entonces recordó. En 2012 habían adquirido un Seat Altea XL, un vehículo ideal para el sector por el precio que se ajustaba al mercado por aquel entonces, unos 16.000 euros. La compra entraba dentro del periodo 2006-2013, época en la que existió una confabulación de prácticamente todas las empresas fabricantes de coches de España para compartir información, evitar la competencia e inflar los precios.

El resultado fue que, en plena crisis económica, con la economía congelada y la demanda en mínimos, los precios de los coches se mantuvieron ajenos a todo lo que les rodeaba. Durante años los españoles que compraron un vehículo pagaron un precio que se estima en torno a un 15% superior al que habría correspondido si las empresas hubieran estado compitiendo de forma efectiva.

"Dije: 'Oye, a ver si esto nos va a afectar a nosotros'. Y, efectivamente, miré las facturas y coincidía", recuerda ahora Almarcha, una de las miles de personas que están ahora interponiendo denuncias para tratar de recuperar una parte del dinero que gastaron en un vehículos que tenían el precio ilegalmente inflado. "Es solo la oportunidad de poder reclamar algo, que normalmente no se puede, pero esta vez sí. Así que, ahora, a esperar y a ver si nos llega algo".

Un cártel del 95% del mercado

El escándalo se hizo público en 2015, cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el organismo público encargado de velar por la efectiva competencia entre empresas, publicó su investigación de dos años sobre el sector de los fabricantes de automóviles en la que se acreditaba la existencia de un cártel del coche en España.

La resolución relata de forma minuciosa un comportamiento que se podría definir como pretendidamente mafioso, hasta el punto de que los integrantes del club de las empresas que formaban el cártel en un principio se autodenominaba como los "capos de la familia". En pocos años, el club pasó de ser selecto a integrar a casi todas las empresas del sector. En total, las empresas del cártel vendieron un 95% de los vehículos matriculados en 2013.

Cómo en la mayoría de historias sobre la mafia, todo se fue al traste por un chivato. En este caso, SEAT decidió traicionar al resto y se presentó ante la CNMC -entonces, simplemente CNC- con un detallado informe sobre cómo había funcionado el cártel a cambio de una exención o reducción de la multa que tendrían que afrontar el resto de empresas del sector cuando se descubriera el contubernio.

Al contrario que Roma, la CNMC sí paga a traidores y, en virtud de su "programa de clemencia", SEAT, o más bien su casa matriz, el grupo alemán Volkswagen, se libró de una multa millonaria. El resto, recibieron una sanción total de 171 millones euros y tendrán ahora que afrontar años de litigios frente a clientes que reclaman una compensación por haber pagado un precio excesivo por sus vehículos en ese periodo.

De la leche al coche

Joan Tort, sabe bien lo que es un cártel. A sus 65 años y tras toda una vida dedicada a la ganadería, acaba de vender su explotación, ubicada en Orís, al norte de la provincia de Barcelona: "Me he plegado porque tengo intención de jubilarme, toda mi vida me he dedicado a la ganadería y ahora me he quitado un peso de encima, cuando tienes una edad, todo llega un fin", afirma.

Durante 15 años, las grandes compañías lecheras intercambiaron información y coordinaron estrategias comerciales en detrimento de los intereses de los ganaderos, a los que impidieron fijar sus propios precios. Tort estima que durante ese periodo vendió la leche de su explotación un 20% más barata de lo que podría haber hecho de no haber existido este cártel.

"Con una granja bastante productora esto es mucho dinero, si esto sale bien, mucho dinero, veremos a ver como acaba, yo creo que acabará bien", declara el ganadero, que decidió acudir a Redi, un despacho de abogados especializado en las reclamaciones frente a los cárteles para armar una demanda que le "arreglaría la jubilación bien arreglada".

Hará cosa de medio año, uno de los abogados del despacho le habló del cártel de los coches. Él había comprado una furgoneta Nissan NV200 en 2010 por la que pagó 14.000 euros, el precio habitual por ese modelo entonces. Comparado con su otro pleito, no tenía mucho que ganar, pero su despacho de abogados le hizo una propuesta exenta de riesgo, ¿por qué rechazarla?.

"Ellos tienen un seguro y supongo que cobran un tanto por ciento sobre la demanda, si yo cobro 1.800, pues ellos cobrarán 400 o 500 y, en caso de perder el juicio, no me cobran costas", explica Tort. "Si a mi no me comporta riesgo, ni gastos y un día me llegan mil eurillos al bolsillo sin esperar cobrarlo, pues mira, una propina".

Una avalancha de demandas

Tras la resolución de la CNMC de 2015, los fabricantes implicados empezaron una batalla judicial para tratar de evitar las sanciones hasta que, en 2021, el Tribunal Supremo confirmó las multas para todas y cada una de las 23 empresas que conformaron el cártel (excluyendo a SEAT). La última sentencia, que confirmaba la sanción a Toyota, se emitió el 1 de diciembre de 2021.

Arrancó entonces un plazo de un año -aunque algunos juristas defienden que podría ser superior- para que los clientes afectados puedan interponer sus demandas. Decenas de despachos y asociaciones de consumidores se han lanzado a la caza de clientes con suculentas ofertas que prácticamente permiten al afectado acudir a los tribunales sin ningún coste ni riesgo. Hay potenciales clientes ahí fuera para todos y más. Se estima que entre 7 y 9 millones de ventas de vehículos podrían tener derecho a indemnización, si bien, el desconocimiento o la falta de interés hará que solo unas 200.000 lleguen a los juzgados.

Uno de estos despachos es el citado Redi, que lleva el caso de Joan Tort y también el de Gemma Almarcha y el de otras 47.000 ventas de vehículos. Fundado hace cinco años por un grupo de abogados que venían del otro lado de la trinchera: de defender a los cartelistas.

"Este es un cártel en el que creo que hay una confusión en el público generalizada bastante increíble. Mucha gente considera que ya les han sancionado, yo reclamo y voy a ganar, pero esto para nada es así", explica Andoni de la Llosa, socio del despacho Redi. "En este tipo de demandas de daños contra cárteles hay una cosa que siempre pasa y es que los cartelistas van con los mejores despachos y van con los mejores peritos por lo que consiguen muchas desestimaciones".

Ante esta complejidad y la relativamente baja indemnización que se podría obtener, su despacho ofrece directamente comprar la reclamación a los afectados, es decir, el cliente firma un contrato y se olvida de todo. Si la reclamación se gana, obtiene un porcentaje que será similar al 15% de lo que pagó por el vehículo. Si se pierde, no tendrá que afrontar ningún gasto.

La gran duda es cuánto tiempo tardarán en resolverse estas reclamaciones, que, según de la Llosa, podrían extenderse una media de cuatro o cinco años ante un previsible colapso de los juzgados mercantiles. "El volumen de reclamaciones va a ser espectacular y va a multiplicar por mucho que ningún caso que haya habido antes sobre cárteles", explica el abogado.

Hay un añadido y es que esto solo se presenta en los juzgados mercantiles de cuatro provincias que es en las que hay algún fabricante domiciliado: Madrid, Barcelona, Valladolid y Lugo. En total cuatro decenas de jueces que tendrán que afrontar decenas de miles de demandas.

La previsión de de la Llosa es bastante ilustrativa: "El año que más pleitos han gestionado los 11 jueces mercantiles de Barcelona han entrado 18.000 demandas. Nosotros solo vamos a ir con 47.000, es decir, en una semana vamos a poner las que recibe toda la ciudad de Barcelona en tres años".

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