El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha registrado la denuncia contra el conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, presentada por Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana por un delito de desobediencia y otro de prevaricación al presuntamente "desobedecer" y no aplicar la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de clases en castellano.

En una diligencia del 9 de junio, el TSJC designa a la magistrada Maria Eugènia Alegret como encargada de la causa y, según han detallado fuentes del alto tribunal catalán, la denuncia no está admitida a trámite y se ha dado traslado a Fiscalía para el informe preceptivo antes de convocar la sala de deliberación por si se admite o no.

Así, pide incoar el correspondiente procedimiento penal, según la diligencia, pero solo se trasladarán las actuaciones a la magistrada instructora una vez la Fiscalía informe sobre la competencia de la sala y sobre la admisión a trámite de la denuncia. Contra la resolución cabe interponer recurso de reposición en un plazo máximo de cinco días, según detalla el TSJC en el escrito.

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La denuncia se presentó el 1 de junio y critica que con las instrucciones que la Conselleria envió a los centros tras la ejecución de la sentencia "se insta expresamente a desobedecer el mandato" del tribunal.

Nuevo decreto

Una vez acabó el plazo que el TSJC fijó para ejecutar la sentencia, Gonzàlez-Cambray anunció que había enviado a los centros instrucciones y un cuestionario para validar que sus proyectos lingüísticos se adapten al nuevo decreto sobre lenguas en las escuelas que aprobó el Govern.

La denuncia reprocha que Gonzàlez-Cambray no ha cumplido la orden del TSJC y subraya la pregunta del Govern a las escuelas sobre si su proyecto lingüístico evita el uso de porcentajes en la enseñanza de lenguas: critica que "si se contesta 'no' a esta pregunta se anula el proyecto lingüístico, lo que impide de manera directa que se cumpla la sentencia".

Los denunciantes ven en este método "una clara estratagema para no cumplir la sentencia", tachan el decreto del Govern de arbitrario y acusan a Gonzàlez-Cambray y a su Conselleria de actuar contra derecho a sabiendas.