Actualizar una ley que lleva vigente desde 2003 y se ha quedado desfasada, por cambios en la sociedad y también las regulaciones estatal y autonómica. Esta es una de las razones detrás de la aprobación del proyecto de ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, que se ha llevado a cabo este miércoles durante el Consejo de Gobierno. 

La consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, ha señalado que entre los objetivos de la nueva regulación, que se envía ahora a la Asamblea regional para su debate, figura adaptar la regulación a las nuevas realidades sociales para dar respuesta a las necesidades de las personas más vulnerables, mediante la actualización y optimización del sistema público de servicios sociales y poniendo a la persona "en el centro" de la gestión de la Administración. 

Dancausa ha destacado que con la aprobación de este proyecto de ley también se da curso a uno de los compromisos que la presidenta Isabel Díaz Ayuso adquirió con los madrileños hace casi un año, cuando pronunció su discurso de investidura. "El mejor aval de un político es el cumplimiento de la palabra dada", ha opinado la consejera. 

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La nueva legislación autonómica busca "prevenir, atender y proteger" a las personas con algún tipo de necesidad. Para mejorar la atención, se pretende crear la historia social única, en la que quedarán plasmada las diferentes asistencias a una persona, porque se vinculada a una nueva tarjeta social única, asociada a un código personal a modo de identificación. 

Otra de las novedades pasa por crear un nuevo mapa autonómico de servicios sociales, en el que aparecerán todos los recursos de este tipo que se prestan en la región, tanto de la Comunidad como de otras administraciones como ayuntamientos.

Además, se redactará un nuevo catálogo regional de prestaciones y servicios y se avanzará en la digitalización del sistema. "Esperamos un amplio consenso en la Asamblea", ha confiado Concepción Dancausa, que ha agradecido la participación de diferentes sociales en la redacción del proyecto de ley durante el tiempo que ha estado sometido a consulta pública. "No hemos pedido su opinión por cumplir con el expediente, sino porque nos interesa de verdad", ha señalado la consejera madrileña, que espera que la nueva ley entre en vigor "lo antes posible".