El abogado de Benavent, el penalista Juan Carlos Navarro, se ha pronunciado así durante la exposición de su informe en el juicio que se sigue en la Audiencia por la pieza Thematica del caso Imelsa, en la que hay nueve acusados por supuesto desvío de fondos públicos a empresas como Thematica.

El letrado ha comenzado su intervención lamentando la "pasividad" procesal de la anterior dirección letrada de Benavent, "que ni siquiera presentó escrito de defensa", lo que, a su juicio, ha limitado sus armas de defensa.

Seguidamente ha cuestionado el "cóctel" de todos los delitos a los que alude el fiscal por los que acusa en continuidad delictiva o concurso medial porque a su defendido no le interesa ese beneficio, ya que se tiene que enfrentar a otros juicios. "Si se le condena varias veces por delitos continuados en varios procesos no se podría reclamar el límite de condena", ha expuesto.

Por otro lado, el abogado ha cuestionado las grabaciones que originaron la causa, que se realizaron cuando Benavent no era ni gerente de Imelsa. Por este motivo ha aludido a una investigación prospectiva.

Sobre las grabaciones, ha manifestado que hay indicios y "evidencias" de "irregularidades" en la obtención y protocolorización de la prueba: "Hay dos pendrives y dos grabaciones, que no son idénticas. Lo que es idéntico es lo que se ha seleccionado. La prueba es que un pendrive contiene más información que otro y debería haber una instrucción suplementaria para ver si lo que hay en el sumario se corresponde con la fuente original, el ordenador de Marcos", ha pedido.

Junto a las grabaciones, el abogado ha criticado la intervención del teléfono a Benavent en mayo de 2015 que terminó con el registro de tres domicilios, entre ellos el despacho de su letrado, donde se localizaron unos papeles que implicaron al expresidente de la Generalitat y exministro con el PP Eduardo Zaplana en el caso Erial. Ha reclamado que se excluya la prueba obtenida en los registros practicados.

Así mismo, ha lamentado que se ponga a Benavent la etiqueta de "recaudador" y que el fiscal se refiera a Administración pública y a empresa pública como si fuera lo mismo, "cuando no es así", ha destacado. También ha criticado que hay "déficit probatorio" y ausencia de análisis de los hechos con rigor.

GASTOS ELECTORALES

Por otro lado, el letrado se ha detenido en los gastos electorales del PP en los municipios de Moncada y Vilamarxant y ha comentado que "no se puede concretar" el pago que, según el fiscal, hizo Imelsa para actos de campaña.

Al respecto, ha alegado "orfandad de la prueba y prescripción" y ha recordado que se encontraron los presupuestos de los actos pero no las facturas. Así, ha concluido: "Se supone que una factura cuyo importe no coincide sirvió para abogar ese gasto del PP". Por lo que ha cuestionado esta acusación.