José Luis Calama, el juez de la Audiencia Nacional que investiga el espionaje con Pegasus del teléfono móvil del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a otros terminales de ministros del Ejecutivo ha levantado el secreto de sumario y ha acordado citar como testigo el próximo 5 de julio, a las 9.00 horas, al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

Además, el magistrado ha decidido ampliar la comisión rogatoria cursada a Israel a fin de que una comisión judicial encabezada por él se desplace allí para tomar declaración como testigo al CEO de la empresa que  comercializa el software espía Pegasus. Cabe recordar que Calama ya dirigió una primera comisión rogatoria a este país para que la misma compañía informara sobre más detalles de su herramienta informática. En esta ocasión, para llevar a efecto el viaje, el juez necesitará la autorización de las autoridades israelíes.

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En el marco de esta investigación y mientras ha permanecido secreta, Calama tomó declaración, también como testigos, el pasado viernes a la exdirectora del CNI Paz Esteban y al funcionario de este organismo encargado de elaborar los informes sobre el asunto. 

Tanto Esteban como el agente de los servicios secretos pudieron comparecer ante el juez con la autorización que les había dado el Gobierno previamente para colaborar en esta investigación, una autorización que se hizo vía Consejo de Ministros el pasado 24 de mayo y que, según fuentes gubernamentales, se trataba de un mero formalismo para que, en caso de que fueran citados en la Audiencia Nacional, poder contestar a las preguntas de magistrado, fiscal y abogado del Estado. 

Ahora, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ha acordado el levantamiento del secreto de las actuaciones, que fueron abiertas a finales de abril, sin perjuicio de que pueda volver a decretarlo si la investigación así lo requiere.

Félix Bolaños, testigo clave

Bolaños es llamado a declarar por ser quien hizo públicas, en una rueda de prensa el pasado 2 de mayo, las primeras informaciones sobre el agujero en la ciberseguridad del Estado. Entonces, el ministro de la Presidencia notificó que los teléfonos de Pedro Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles, habían sido infectados con Pegasus en varias ocasiones a lo largo de mayo y junio de 2021. Sustracciones de gigas de información que coincidieron temporalmente con los momentos más complicados de la crisis migratoria con Marruecos.

Posteriormente, el Ejecutivo denunciaría que el móvil del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también había sido infectado por este software espía. Y que el del ministro de Agricultura, Luis Planas, habría sufrido un intento infructuoso. 

En la primera semana del pasado mayo, un informe del Centro Criptológico Nacional (CCN) decía que las competencias del terminal móvil del presidente eran de la Secretaría General de Presidencia, que en el momento en el que se produjeron los espionajes dependía de Bolaños, quien entonces aún no era ministro.

Robles también deslizó entonces que "un minuto" bastaba para darse cuenta de quién era culpa el fallo. "Todo está en las normas, todo está en la ley", añadió en unas declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso, señalando veladamente a Bolaños como responsable de blindar las comunicaciones del presidente.

A todo esto, el actual ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Bolaños, se ha despojado siempre que ha podido de cualquier responsabilidad en el caso. 

Paz Esteban, la única responsable política hasta la fecha

Sea como fuere y pese a las reticencias de Defensa, que respaldó a Paz Esteban hasta el último momento, la exdirectora del CNI fue destituida por el Gobierno, como única responsable política de la brecha de seguridad estatal. Ocupó, en su lugar, las riendas de los servicios secretos Esperanza Casteleiro, hasta la fecha secretaria de Estado de Defensa y mano derecha de Robles.

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El caso del espionaje se remonta a una investigación realizada por la organización CitizenLab, que fue desvelada por el diario estadounidense The New Yorker y donde se manifestaba que más de 60 políticos independentistas catalanes y vascos habían sido investigados entre 2017 y 2020 con el malware Pegasus, un programa que en teoría solo pueden adquirir los gobiernos de un país. 

A mediados de abril, cuando las formaciones soberanistas pidieron explicaciones al Gobierno, este remitió a la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso como único escenario en el que podrían ofrecerse respuestas. Así pues, la comisión fue constituida y a principios de mayo, la exjefa de los servicios secretos Esteban compareció ante diez  representantes parlamentarios a puerta cerrada. 

Pese a que la información que la exdirectora del CNI trasladó a los grupos era de carácter secretó, trascendió que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y otros 17 dirigentes independentistas habían sido investigados por la Inteligencia española. Acción para la que el CNI tenía autorización judicial del magistrado del Tribunal Supremo que controla sus actuaciones.