El juez retira el pasaporte al patrón del 'Villa de Pitanxo', le prohíbe salir de España y le impone comparecer en el juzgado cada 15 días

El patrón del ‘Villa de Pitanxo', Juan Padín (i-morado), y su sobrino, Eduardo Rial (c-blanco), a su llegada a declarar a la Audiencia Nacional, a 6 de junio de 2022, en Madrid (España). Se trata de las primeras declaraciones de los tres supervivientes del naufragio del pesquero gallego 'Villa de Pitanxo', que se hundió a 450 kilómetros de la costa de Terranova (Canadá) el pasado 15 de febrero dejando un saldo de 21 fallecidos, de los 24 marineros. Estas primeras diligencias giran en torno a la declaración del patrón del barco, imputado por "al menos 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores". 06 JUNIO 2022;VILLA DE PITANXO;NAUFRAGIO;CANADA Jesús Hellín / Europa Press 06/6/2022
El patrón del ‘Villa de Pitanxo', Juan Padín (i-morado), y su sobrino, Eduardo Rial (c-blanco), a su llegada a declarar a la Audiencia Nacional, a 6 de junio de 2022, en Madrid (España). Se trata de las primeras declaraciones de los tres supervivientes del naufragio del pesquero gallego 'Villa de Pitanxo', que se hundió a 450 kilómetros de la costa de Terranova (Canadá) el pasado 15 de febrero dejando un saldo de 21 fallecidos, de los 24 marineros. Estas primeras diligencias giran en torno a la declaración del patrón del barco, imputado por "al menos 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores". 06 JUNIO 2022;VILLA DE PITANXO;NAUFRAGIO;CANADA Jesús Hellín / Europa Press 06/6/2022
Jesus Hellin 2022
El patrón del ‘Villa de Pitanxo' a su llegada a declarar a la Audiencia Nacional.
Europa Press

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado retirar el pasaporte al patrón del 'Villa de Pitanxo', Juan Padín, tras tomarle declaración como único imputado este lunes por su presunta responsabilidad en el hundimiento del pesquero gallego en el que murieron 21 marineros el pasado 15 de febrero en aguas de Terranova (Cánada). 

Asimismo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 ha impuesto a Padín la obligación de comparecer cada quince días en sede judicial y le ha prohibido salir del territorio nacional, tal y como había solicitado la Fiscalía. Lo que, de facto, impedirá que el capitán pueda embarcase durante varios meses, amén de las peticiones de las familias de los finados, que, en algunos casos, exigían prisión preventiva. El magistrado, en este caso, ha rechazado la petición al no apreciar riesgo de fuga.

Además de Padín, acudieron esta mañana a declarar su sobrino Eduardo Rial y el marinero Samuel Kwesi, nacional de Ghana, como los únicos supervivientes del naufragio. Estos dos últimos, en calidad de testigos. A lo largo de la mañana han ido abandonando la sede del tribunal por separado, sin mediar palabra con los periodistas que esperaban a la salida. 

Fuentes jurídicas, no obstante, han explicado que el capitán del 'Villa de Pitanxo' se ha reafirmado este lunes en los motivos que justificaron el desastre: "los motores dejaron de funcionar". Declaración refrendada por su sobrino y también en su día por el Grupo Nores de Marín, empresa armadora propietaria del buque gallego. Pero opuesta a la versión del otro superviviente, Samuel Kwesi, quien ha declarado que el motor del barco no se detuvo. Fueron las máquinas que recogen el aparejo, ha dicho, las que dejaron de funcionar, lo que tensó el cable provocando la escora del barco. Todo, ante la negativa del patrón a deshacerse de la carga, según ha denunciado el ghanés.

Padín también ha defendido durante la declaración que en el momento del siniestro, la madrugada del martes de 15 de febrero, "dio la orden de ponerse los equipos de salvamento a todos los tripulantes" y por tanto, que la "responsabilidad" de ponerse el traje térmico y el chaleco era de cada marinero. Alegato que también contradice la versión de Kwesi, el único de los tres rescatados, a diferencia de Padín y su sobrino, que no llevaba puesto el chaleco cuando lo socorrieron. 

Igualmente, ha asegurado en su declaración que existían equipos de salvamento para toda la tripulación (24 marineros de acuerdo con la 'Protesta de Mar' que realizó el capitán y recoge el auto judicial). Aunque el juez expone a renglón seguido en el auto un informe que determina que "para buques mayores de 24 metros de eslora (...) el número total de personas para las que se ha provisto dispositivos de salvamento era de 22".  O lo que es lo mismo, que faltarían tres chalecos salvavidas. 

Claves del procedimiento judicial

Tras el accidente, el baile de las versiones entre lo que defiende el patrón de la embarcación, Juan Padín, y lo que reveló el tercer superviviente del accidente, Samuel Kwesi, obligaron a la apertura de una investigación que sigue activa.

El juez Moreno observó indicios que permitirían imputar "al menos 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores" al capitán del buque. 

A la armadora del barco, Grupo Nores, y a la compañía aseguradora del mismo, por su parte, se les requirió más documentación para que especifiquen las razones por las que son víctimas y no responsables subsidiarios del naufragio, por lo que, de momento, no han sido personados.

Al mismo tiempo, las familias de las víctimas no tiran la toalla en su principal reclamación: que un robot descienda al pecio para conocer las causas reales del naufragio, mediante el análisis de sus aparejos. Según defienden, en las ruinas del barco podrían yacer las claves que esclarezcan de una vez por todas lo sucedido aquella madrugada del 15 de febrero. 

Con todo, está aún por concretarse qué juzgado asumirá la competencia de la investigación, si bien hasta el momento la urgencia por avanzar en las pesquisas ha apremiado a la Audiencia Nacional a encargarse de las primeras diligencias. Este tribunal trató de remitir la causa al Juzgado de Instrucción de Marín, por ser la localidad donde radica el puerto base del navío. No obstante, dicho juzgado pontevedrés rechazó la inhibición, al entender que los supuestos delitos que se investigan fueron cometidos en aguas internacionales.

Mientras tanto, las familias de los fallecidos han celebrado las medidas cautelares acordadas por el juez Moreno como una "buena noticia", según fuentes cercanas consultadas por Europa Press. En este sentido, han manifestado que, ante el temor a que pudiera repetirse la tragedia si Padín volvía a faenar, se sienten aliviados.

Las acusaciones particulares habían planteado que se le prohibiera faenar, tras los "persistentes rumores" de que tenía pensado volver a trabajar en otro buque de la misma armadora. Aunque el magistrado no ha accedido a ello, lo cierto es que las medidas cautelares adoptadas impedirán que Padín embarque durante varios meses.

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