El Gobierno aprobará el nuevo baremo de reconocimiento, declaración y calificación de los grados de discapacidad antes del mes de agosto. Según ha anunciado este miércoles la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, su departamento ha estado "trabajando de forma intensa" en los últimos meses para modificar el sistema que acredita una discapacidad; una demanda del colectivo que lleva pendiente desde 2012.

La noticia llega medio año después de que Derechos Sociales y comunidades autónomas acordaran -con la abstención de Castilla y León, Galicia y Madrid- iniciar el proceso de tramitación del decreto que actualizaría y mejoraría el baremo que se aplica en la actualidad. "Es una tarea que la ciudadanía nos reclama y no podemos fallarle", indicó Belarra en diciembre, tras la reunión del Consejo Territorial. Es, además, una demanda que vienen exigiendo numerosas asociaciones que, entre otras cosas, denuncian la "desesperante" espera que viven miles de personas con discapacidad para obtener la valoración.

"Este nuevo baremo va a encontrar mejoras en el procedimiento, posibilitando una mayor agilidad en la gestión e introduciendo una tramitación de emergencia para situaciones que, por esperanza de vida, precisen de acortar los trámites de expedición del certificado del grado de discapacidad", detalló Belarra durante su comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad para hacer balance de lo hecho y por hacer en su departamento. 

Estos son las únicas modificaciones avanzadas este miércoles por la ministra de Derechos Sociales, aunque ya en diciembre manifestó su voluntad de velar por "la uniformidad de las evaluaciones" en todo el territorio del país -el tiempo de espera varía según la provincia- "y de formar a los equipos multiprofesionales para la aplicación de esta nueva herramienta". La previsión es que se vayan anunciando más cambios en las próximas semanas, ya que, según informan fuentes del departamento de Belarra a 20minutos, están actualmente recabando informes. 

Hasta 36 meses en conseguir la valoración

Hace apenas un mes, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) se congregaba en 18 filas frente a los edificios públicos como el de Sanidad o el de Derechos Sociales, con una demanda clara: protestar contra la "desesperante" e "intolerable" espera que afrontan los miles de personas que piden que su discapacidad sea reconocida y, por ende, sus derechos. 

Denuncian "la desesperante espera" de las personas con discapacidad para tener una valoración adecuada

Era el Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y la Confederación criticaba que hubiera personas que tarden hasta 36 meses en conseguir la valoración. Incluso hay, según denunciaron, casos de personas que "han fallecido antes de tener la resolución y han tenido que estar durante todo ese tiempo de espera sin recibir apoyos en el momento en que más lo necesitaban. 

El objetivo del Ejecutivo es aprobarlo de forma definitiva en el Consejo de Ministros antes de agosto, para que entre en vigor a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

"Sentido de estado" para cambiar el modelo de residencias

También durante su comparecencia, Belarra ha apelado al "sentido de Estado" para dar luz verde al nuevo acuerdo para mejorar la calidad de las residencias y del sistema de dependencia, que este año ha incrementado en 165.395 las personas con prestación efectiva respecto a comienzos del 2021. 

En un principio, el Gobierno contaba con cosechar los apoyos necesarios de las comunidades autónomas para dar luz verde a un texto que vendría a sustituir al actual, de 2008. No obstante, las diferencias en torno a la medida que propone un aumento de personal no terminan de convencer a algunas comunidades ni a la patronal, que se muestra reticente a hacer ese esfuerzo si no va de la mano de un incremento de financiación. 

El nuevo modelo de residencias se atasca al no cosechar la aprobación de las comunidades: el Gobierno espera aprobarlo "el próximo mes"

Este es, para Belarra, "uno de los aspectos más importantes de la legislatura" en el que seguirán trabajando para llegar a un acuerdo en el próximo mes. "Nadie entendería que alguien se oponga a estas mejoras en el sistema residencial. No podemos fallarle a nuestra gente mayor", ha subrayado después de enumerar algunas de las modificaciones contempladas, como el aumento de ratios de personal, eliminar las sujeciones, priorizar la atención en domicilio o reducir las unidades de convivencia a un máximo de 15 personas. 

 La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha reclamado a las comunidades autónomas "sentido de estado" para apoyar la reforma de las residencias y mejorar el sistema de atención de los dependientes, que este año ha incrementado en 165.395 las personas con prestación efectiva respecto a comienzos del 2021.