Los taxistas madrileños están llamados a manifestarse este miércoles contra la modificación de la ley autonómica de Transportes que plantea la Comunidad de Madrid. En la práctica, esta reforma legislativa permitirá a los vehículos de alquiler con conductor, conocidos como VTC, sigan trabajando en la región desde octubre, cuando expira el denominado 'decreto Ábalos', el marco normativo que les permite operar en la actualidad.

La Federación Profesional del Taxi de Madrid considera que el proyecto de ley de la Comunidad, que inicia su tramitación parlamentaria este jueves, no ha contemplado ninguna de las propuestas del colectivo y obvia jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre esta cuestión. "Es un traje a medida a las grandes corporaciones de VTC", denuncia la Federación, que es la asociación mayoritaria del sector.

Por eso, desde hace días se está llamando a marchar con los vehículos desde Neptuno hasta la plaza de Colón, entre las 10.00 y las 12.00 horas, y de allí ir a pie a la Puerta del Sol, donde tiene su sede el Gobierno regional.

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Desde la Consejería madrileña de Transportes e Infraestructuras defienden texto porque, apuntan, "garantiza la mejor y más completa oferta de transporte a los madrileños, fomenta la actividad económica, el empleo y la competencia". "En la Comunidad de Madrid convivirán todos los modos de transporte", agregan desde el área que dirige David Pérez.

"La actividad de arrendamiento de vehículo con conductor en la Comunidad de Madrid, constituida por 8.425 autorizaciones en alta y otras 508 en situación de estarlo, constituye una modalidad de transporte de viajeros que coexiste e interactúa en el mismo segmento de mercado que la modalidad de transporte en vehículo taxi", defiende la memoria del análisis de impacto normativo que acompaña al anteproyecto.

Este mismo documento, que tiene fecha de febrero de 2022, asegura que teniendo en cuenta el volumen actual de autorizaciones domiciliadas en la Comunidad de Madrid, este sector "puede generar cerca de 20.000 puestos de trabajo, directos e indirectos".

"Se trata de una actividad que afecta directamente al sector de la automoción (fabricantes, concesionarios, repuestos), pero también a las compañías de seguros, empresas de renting y bancos, etcétera", insiste la memoria en otro apartado. 

Según la Asociación Empresarial de Alquiler de vehículos con y sin conductor de Madrid (Aseval), su sector emplea a Madrid a 13.650 personas directa e indirectamente y mueve la economía cada año en torno a 615.000 euros, entre nóminas, cotizaciones a la Seguridad Social, pólizas de seguro, reparaciones en talleres...

Pocas empresas acumulan muchas licencias

De las 8.425 autorizaciones de VTC que están en alta en la región, un número importante está en manos de grandes corporaciones, tal y como se especifica el documento del Ejecutivo. Citando al Registro de Empresas y Actividades de Transporte, la memoria apunta que existen 1.376 empresas titulares de autorizaciones de arrendamiento con conductor.

Cuentan con una licencia 854, 183 son titulares de dos autorizaciones, 71 de tres, 105 de entre seis a diez autorizaciones, 34 tienen entre 21 a 40 autorizaciones, una empresa aglutina entre 151 y 200 autorizaciones, dos tienen de 201 a 300 autorizaciones y hay una corporación con entre 801 y 1.000 licencias de VTC en la Comunidad de Madrid. 

Esto es algo que critican desde la Federación Profesional del Taxi de Madrid. "Las VTC están en manos de tres empresas, solo tres", insisten, a la par que califica el proyecto de ley del Ejecutivo como "bodrio normativo" y critica que "para más INRI" se están "acelerando" el proceso.

Si se llega a octubre sin una regulación, sostiene la Comunidad, las autorizaciones VTC dejarían de estar habilitadas para el transporte urbano. "Supondría, en la práctica, la desaparición del sector en el año 2022", inciden fuentes del departamento de Transportes e Infraestructuras, por ello insisten en la necesidad de hacer la modificación y defienden su propuesta, que deberá convencer a Vox para salir adelante. La izquierda ya ha dejado clara su oposición total y el partido que lidera Rocío Monasterio en Madrid negocia con el PP, porque el planteamiento inicial no le convence. 

Si prospera el proyecto de ley, las VTC podrán seguir operando en la región como hasta ahora, esgrime el Gobierno regional: "sin acceder a las condiciones reservadas en exclusiva al taxi, pero sin introducir restricciones adicionales". 

Los taxistas tienen la exclusiva de recogidas en la calle, así como paradas específicas, pero a las VTC no se les prevé exigir un tiempo mínimo de precontratación o la necesidad de volver a la base tras cada servicio, como pedía el sector del taxi. 

Paralelamente a la regulación de las VTC, la Comunidad quiere actualizar el reglamento del taxi. "El objetivo es eliminar, en la medida de lo posible, las restricciones normativas que supongan un lastre para la competencia y el desarrollo futuro del sector", apuntan. De momento, los taxistas vuelven este miércoles a la calle para protestar contra las intenciones normativas del Gobierno autonómico y barajan, incluso, llevar a la Administración a los tribunales por prevaricación.