"Estimada presidenta Von der Leyen: Reclamar el bilingüismo o el plurilingüismo en la escuela en Cataluña ha sido un tabú durante décadas. Son más de 40 años de políticas sociolingüísticas identitarias excluyentes con cultivo exclusivo del catalán. El español, en más del noventa por ciento de las escuelas catalanas, es residual". Así comienza la carta que este lunes ha enviado Ciudadanos a la Comisión Europea y el grupo de control del Estado de Derecho para denunciar lo que consideran daños a las libertades civiles que se perpetran desde hace años en Cataluña. 

Un dossier de 6 páginas donde la vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundua, pone negro sobre blanco las tres "manifestaciones de ultraidentitarismo" que cometen algunas entidades subestatales catalanas "sin intervención del Gobierno de España." Y ante las que los naranjas piden a Bruselas que "estén vigilantes" y utilicen "todos los instrumentos a su alcance" para que una "situación cronificada" no tome "naturaleza sistémica". A tal fin invocan el artículo 19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que establece la prohibición de cualquier tipo de discriminación, ya sea por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.

Derecho a la igualdad de trato y la educación 

En primer lugar, la misiva pone el foco sobre la "discriminación en la enseñanza obligatoria" y la "hostilidad, acoso y 'bullying institucional' hacia las familias". Desde la formación que dirige Inés Arrimadas aseguran que es "imposible" que ningún centro financiado con fondos públicos ofrezca la oportunidad de estudiar parcialmente en español; "ni siquiera" al 25%, tal y como determinó el pasado noviembre el Tribunal Supremo.

Pagazaurtundua echa mano de un estudio realizado sobre los 2.325 centros públicos de enseñanza infantil, primaria, secundaria y educación especial de Cataluña para mostrar que "en todos ellos el catalán es la única lengua vehicular." De hecho, añade que ninguna asignatura troncal se imparte en castellano, siendo educación física o plástica las disciplinas predilectas para dicha empresa por "el 96% de lo centros".

Para colmo de males, denuncian desde Cs, "el Gobierno catalán ha anunciado que hará reformas jurídicas para reforzar el modelo de escuela nacionalista en catalán", lo que "vulnera" el Capítulo III de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Por otro lado, "a aquellas familias que desean ejercer su derechos constitucionales -sigue la carta-, la Administración alienta el acoso, con casos incluso de 'bullying institucional'." Prueba de ello, denuncia, "el 99% de los centros públicos obliga a realizar en catalán las comunicaciones internas orales y escritas: ni en los pasillos, ni en el comedor, ni en las conversaciones entre el personal docente y no docente se debe utilizar el castellano". Las riñas, en cambio, "en algunos casos se hacen español" en aras de "demonizar la lengua".

Las libertades de expresión, ideológica y asociación

En segunda instancia, la vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles del PE denuncia la "vulneración de los Derechos fundamentales por acción y por omisión en la universidad". Transgresiones por las que han sido condenadas todas las universidades públicas de Barcelona en juzgados ordinarios, Tribunal Superior de Justicia y Tribunal Supremo, apostilla. 

Además, la eurodiputada denuncia "los ataques al pluralismo y persecución de las organizaciones estudiantiles en la universidad" como prácticas "constantes" contra "quienes discrepan del nacionalismo". De ejemplo, Pagazaurtundua se refiere a la organización de S'ha Acabat, "perseguida, ninguneada y dejada al albur de los violentos". 

Para demostrar las "actuaciones discriminatorias contra estudiantes contrarios al nacionalismo", la dirigente naranja recuerda el caso de la Universidad Autónoma de Barcelona, cuyo rectorado "decidió dar de baja al colectivo de estudiantes constitucionalistas Joves Societat Civil Catalana-UAB" en 2017. Entonces, "los estudiantes denunciaron ante los tribunales la expulsión, obteniendo de los mismos que dicha expulsión suponía una discriminación por razón ideológica de los estudiantes constitucionalistas, habiéndose vulnerado también su derecho a la libertad de expresión y a la libertad ideológica, así como su derecho a la educación", remata. 

Libertad de cátedra

Por último, desde Cs critican "la falta de neutralidad de las Universidades públicas y su posicionamiento político a favor del secesionismo". A juicio de Pagazaurtundua, los equipos de gobierno y los claustros de las universidades públicas catalanas han apoyado de "manera explícita" los planteamientos nacionalistas cuando han "criticado actuaciones judiciales dirigidas contra las autoridades públicas implicadas en el intento de derogación de la Constitución en Cataluña en 2017" o han "utilizado símbolos nacionalistas en los edificios de la universidad o en la página web".