Tras la ley de Secretos Oficiales, la norma franquista que ningún gobierno ha tocado en más de 40 años

  • Regula información sensible cuyo conocimiento público podría suponer un riesgo para la seguridad y defensa estatal.
  • El tablero político: PNV, el partido más insistente, PSOE se compromete sin plazos y el PP no mueve ficha. 
Mesa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 26 de mayo de 2022, en Madrid (España). Durante el pleno, el Ejecutivo central debe responder a las preguntas de la oposición centradas en el espionaje con el sistema 'Pegasus'. Una operación que ha afectado a líderes políticos independentistas, a miembros del Ejecutivo, y que provocó la destitución de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). 26 MAYO 2022;PEGASUS;CONGRESO;PLENO;ESPIONAJE Eduardo Parra / Europa Press 26/5/2022
Mesa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 26 de mayo de 2022, en Madrid (España). 
Europa Press

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este jueves en el Congreso la aprobación "fundamental e impostergable" de una nueva ley de Secretos Oficiales. No es la primera vez. Ni que se propone la renovación de su articulado, ni que se acaba postergando. Al menos, desde Moncloa confían en que sí sea el intento definitivo. Más aún, cuando la norma proviene de la etapa de la dictadura franquista. Tras dos años contemplada en el Plan Anual Normativo socialista (2020 y 2021), ahora podría ser un momento estratégico para impulsar su modificación: con la estabilidad de la legislatura en estado crítico y los socios de investidura ansiosos por conocer más detalles sobre el caso de las escuchas del CNI, declarado como información clasificada

La Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales fue aprobada por las 'Cortes Españolas' durante la dictadura franquista. Entonces, se plasmó negro sobre blanco uno de sus artículos capitales. El que dice, "podrán ser declaradas 'materias clasificadas' los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado'" 

Diez años después, en su primera y última modificación parcial, se incorporó, entre otros aspectos, el levantamiento del velo respecto a las materias clasificadas, lo que facultó su conocimiento tanto por el Congreso como por el Senado. Desde entonces, se han amagado varios intentos de reformar la ley, pero ninguno ha prosperado.

El PNV ha sido la formación política que más entregada se ha mostrado por esta empresa. "Presentamos por primera vez una proposición de ley de reforma en 2016. Fue aceptada a trámite, pero la guardaron en un cajón hasta abril de 2018. Y una vez presentadas las enmiendas, volvieron a bloquearla, ya que no convocaban la Comisión para debatir esas enmiendas y aprobar la Ley", cuentan a 20minutos fuentes jeltzales

Al comienzo de esta nueva legislatura, en enero de 2020, volvieron a presentarla. "Se tomó en consideración en junio de ese año y lleva todo este tiempo en fase de enmiendas". Dos años después, la Mesa del Congreso ha prolongado hasta en 80 ocasiones el plazo de enmiendas. Se hace cada semana de forma automática. 

La reforma de los nacionalistas vascos exigía que se incorporara la obligación de que en toda clasificación de una materia se establezca el plazo de su vigencia, no pudiendo superar los veinticinco años para  materias calificadas secretas y los diez años para las reservadas. Limites a discreción de que el Consejo de Ministros disponga su prórroga "excepcional y motivada", en el exclusivo caso de las materias secretas, por un nuevo período máximo de diez años.

En cualquier caso, la idea central es establecer con carácter general un sistema que garantice el acceso público a la información de forma automática al pasar un determinado periodo de tiempo, igual que ocurre en Estados Unidos, la UE o incluso la OTAN.

Asimismo, prestando atención al contenido del artículo 97 de la Constitución española, el PNV propuso modificar la ley para atribuir en exclusiva al Consejo de Ministros la facultad de clasificar una materia y su cancelación. En la actualidad, la legislación vigente también concede estos poderes a la Junta de Jefes de Estado Mayor. 

El historial del PSOE con la ley de Secretos Oficiales 

El PSOE introdujo la renovación de la ley de secretos oficiales en su Plan Anual de 2020. Se trataba del cuarto intento de retomar una reforma. Y encargó, a la sazón, al Ministerio de Defensa para liderar el proyecto. 

No fue hasta abril de 2021 cuando el Gobierno puso en marcha su particular reforma de la ley de secretos. Pasando por alto la propuesta del PNV, el Ejecutivo de Sánchez conformó una comisión que dirigía el Ministerio de Presidencia, que no la cartera de Defensa, si bien esta última trabajaría junto a Interior y Exteriores en la tarea. Inicialmente, dicha comisión parecía dispuesta a aprobar una nueva norma en apenas meses y permitir, después, la desclasificación de documentos oficiales posteriores a octubre de 1978, límite temporal que ellos mismos fijaron. Finalmente, nada de esto sucedió. 

El último de los intentos se ha acometido ahora, a un año y medio del fin de la legislatura y en plena crisis por la vigilancia a dirigentes políticos y sociales del independentismo. 

Dado que este asunto no se aborda en el acuerdo de coalición con Unidas Podemos, su tramitación depende de una negociación interna en el Ejecutivo, con el necesario apoyo de otros partidos políticos para superar la mayoría que requiere su aprobación. Tratándose, por otro lado, de una materia que afecta directamente a la seguridad nacional, una de las columnas vertebrales del Estado, todo apunta a que el PSOE priorizará al PP de Alberto Núñez Feijóo, que hace escasas semanas acudió a la ayuda de los socialistas y salvó con sus votos la reforma de la Ley de Seguridad Nacional antes de que los socios parlamentarios de Pedro Sánchez la  tumbaran.

Ahora bien, los populares no concederán un "cheque en blanco" al Gobierno, tal y como dijo su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, este jueves en el Congreso. El mismo discurso que ha mantenido este viernes al ser preguntada por los anuncios de Sánchez para reformar las leyes del control judicial del Centro Nacional de Inteligencia y los secretos oficiales, que opina, son una "cortina de humo" que utiliza para "satisfacer a sus socios de gobierno". 

¿Serán capaces de llegar a un acuerdo para tramitar la ley durante este período de sesiones? Y, ¿antes del fin de la legislatura? ¿Será una reforma o una nueva ley? ¿Qué artículos de la vigente ley quieren enmendar? ¿O introducirán nuevos? Todas estas cuestiones siguen siendo una incógnita, dado que el Gobierno no ha avanzado ningún detalle más allá de su pretensión de que esté lista "cuanto antes". Fuentes del ala socialista reconocen a este diario que "no descartan nada", incidiendo en que lo más importante es "la voluntad política". ¿Será suficiente?

Más casos bajo secreto oficial que podrían verse afectados  

  • Una futura reforma de la ley de Secretos Oficiales podría afectar de lleno a diversos
    asuntos clasificados como información de alto secreto, motivando, quién sabe, en el  que algunas historias sean de dominio público en el futuro. Son solo algunos ejemplos: los viajes en Falcon del presidente del Gobierno -que desde Moncloa apelan a razones de seguridad para no dar detalle de los desplazamientos sobre los que ha preguntado la oposición, la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, el año pasado para ser tratado de coronavirus, o con anterioridad, el supuesto uso de fondos públicos para el operativo ilegal de espionaje a Luis Bárcenas conocido como la operación Kitchen o la vigilancia del imán de los atentados de Barcelona. 
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