Cuando esta semana encarábamos la sesión del Congreso y las ponencias y comisiones que los diferentes diputados tenemos asignadas, una de las cuestiones políticas que teníamos sobre la mesa eran las propuestas legislativas en relación con la multireincidencia.

La multireincidencia, problema que se da principalmente en grandes ciudades, núcleos urbanos y comerciales, así como en zonas turísticas, preocupa y mucho. En este sentido, Vox, con el oportunismo político que le caracteriza y el populismo punitivo del que hace gala, había presentado una proposición de ley a debatir en el Pleno del Congreso, a las puertas de la campaña electoral andaluza, que rechazamos. Paralelamente, el PDCAT tenía una enmienda presentada sobre el mismo tema en diferentes leyes en tramitación, que tenían que verse el mismo martes.

Desde hace bastantes meses, los socialistas hemos estado reuniéndonos con alcaldes, con gremios de comerciantes, con colectivos perjudicados por la existencia del fenómeno de la multireincidencia, recogiendo opiniones, viendo propuestas y tratando de encontrar la solución que pudiera dar respuesta a una demanda generalizada y que se hizo más amplia, a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo que en 2017 dejó sin efecto la reforma del Código Penal que hizo sobre el delito de hurto y la multireincidencia el legislador en el 2015.

Una de las máximas es hacerlo con la máxima seriedad, sin alardes populistas y buscando el consenso más amplio posible

Como dije en mi intervención del martes pasado en el Pleno del Congreso, creemos que había que regular la multireincidencia y hacerlo de la forma correcta, para que pudiera dar respuesta al vacío que en este punto supuso la citada sentencia, pero siempre respetando la misma, en especial el criterio de proporcionalidad. Siendo sensibles a la preocupación existente, especialmente en grandes urbes y grandes ejes comerciales, pero sin entrar en reformas jurídicas que pudieran romper el principio de proporcionalidad y sin caer en el populismo punitivo y oportunista de la ultraderecha.

Es por ello que llegamos a un acuerdo entre el grupo socialista y el PDCat para una redacción transaccional de su enmienda, que se incluiría en una de las leyes en trámite en la comisión de interior. La enmienda transaccionada dice: “El apartado 2 del artículo 234 del Código Penal queda redactado como sigue: ‘Se impondrá una pena de multa de uno a tres meses si la cuantía de lo sustraído no excediese de 400 euros, salvo si concurriese alguna de las circunstancias del artículo 235. No obstante, en el caso de que el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos comprendidos en este Título, aunque sean de carácter leve, siempre que sean de la misma naturaleza y que el montante acumulado de las infracciones sea superior a 400 €, se impondrá la pena del apartado 1 de este artículo. No se tendrán en cuenta antecedentes cancelados o que debieran serlo”. De esta forma se daba respuesta a lo que se venía solicitando y se hacía desde los parámetros expresados.

A nivel parlamentario y legislativo, esta enmienda transaccionada fue introducida ya en el informe de la ponencia que se aprobó el pasado martes por la mañana y se ha remitido para votar la ley en su conjunto en la próxima sesión de la comisión de Interior el 8 de junio, y, previsiblemente, será debatida y esperemos que aprobada por el pleno del Congreso durante la semana del 21 de junio.

Cuando uno legisla, muchas veces encuentra las respuestas y las soluciones tras mucho trabajo que no se ve, y una de las máximas es hacerlo con la máxima seriedad, sin alardes populistas y buscando el consenso más amplio posible. Respetando las sentencias judiciales y adaptando la legislación.

Hay que encontrar una solución acorde con el principio de proporcionalidad y demás principios inspiradores del Código Penal

Porque somos conscientes de que el Tribunal Supremo en numerosas sentencias ha rechazado tanto el delito grave a partir de un delito leve, como que el delito grave de hurto pueda formarse a partir de un delito menos grave, pero con previas condenas de delitos leves. Criterio ajustado al principio de proporcionalidad punitiva. Razona el Alto Tribunal que no es admisible el doble salto por multirreincidencia (de leve a menos grave agravado, sin pasar por el menos grave básico).

Somos conscientes de la confluencia de dos elementos, en primer lugar la problemática que puede suponer los casos de multirreincidencia en importantes núcleos del país, así como encontrar una solución acorde con el principio de proporcionalidad y demás principios inspiradores del Código Penal. 

Una vez llegado a este acuerdo, que creo sinceramente que ha sido bien recibido por las instituciones y colectivos que lo venían demandando, es también el momento de abrir una reflexión sobre otras medidas no de tipo punitivo, que puedan acompañar y ayudar a la efectiva aplicación de la reforma. En este sentido, la propia ministra de Justicia, anunció esta semana que se va a seguir aportando soluciones, en la línea del acuerdo alcanzado en el Congreso. 

Y adicionalmente hay que pedir que, en materia de seguridad ciudadana, la administración competente en Catalunya, la Generalitat, a través de la Conselleria de Interior, trabaje para implementar medidas que refuercen la reforma.

Legislar es hablar, dialogar, es llegar al acuerdo buscando puntos de encuentro para poder así dar solución a los problemas de la ciudadanía

En el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y como refleja el Ministerio del Interior, por ejemplo, se ha puesto en marcha el “Plan Comercio Seguro” para combatir este tipo de hechos delictivos, tratando desde un punto de vista integral la problemática de la seguridad en el comercio. El protocolo de denuncias “in situ” con apoyo telemático para determinados delitos leves en grandes superficies comerciales, ha permitido agilizar y simplificar los trámites para las denuncias por este tipo de delitos, como desarrollo de la Instrucción 5/2020 de Secretaría de Estado de Seguridad.

Por todo ello, y no nos cansaremos nunca de repetirlo, es tan importante el diálogo y la negociación, porque legislar es hablar, dialogar, es llegar al acuerdo buscando puntos de encuentro para poder así dar solución a los problemas de la ciudadanía.