La Generalitat no se personará, por ahora, en el caso sobre posible fraude de subvenciones que afecta a Francis Puig, hermano del jefe del Consell. La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha descartado este jueves en Les Corts que sea el momento procesal adecuado para ir al juzgado, como exige el PP, ya que considera que aún no se sabe "ni siquiera si hay delito de fraude, tampoco de falsedad documental" en la gestión de las ayudas recibidas por las empresas investigadas. Del mismo modo, ha coincidido con la línea de defensa del hermano del president al afirmar que el tipo penal de fraude de subvenciones "exige que la cantidad irregularmente obtenida supere los 120.000 euros, dato que no ha podido concluir la Guardia Civil después de dos años y de tan prolijo informe".

Bravo ha mantenido un intercambio de reproches con la diputada del PP Eva Ortiz, que tras escuchar la respuesta de la titular de Justicia ha anunciado que presentará una queja ante el juzgado que investiga el caso al entender que la consellera ha revelado datos que están bajo secreto de sumario, en alusión al informe de la Guardia Civil en cuyo contenido se basó el juez para llamar a declarar como investigados a Francis Puig, a su socio Adell Bover y al director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, en relación a ayudas, entre otras, al fomento del valenciano.

La consellera ha dicho desde la tribuna de Les Corts que la Generalitat no puede personarse "porque a pesar de los más de 388 folios de informe de la Guardia Civil hay dudas más que razonables sobre la comisión de delito de fraude en las subvenciones". Por ello, "el Ministerio Fiscal ha pedido el informe a la Intervención de la Generalitat Valenciana y de Cataluña, porque si no se da esa premisa, no hay fraude y por tanto no hay perjuicio que resarcir en la vía penal", ha añadido. "A usted solo le interesa fabricar su propio bulo, traficar con él y lanzarlo a la opinión pública con fines mezquinos", ha espetado a Ortiz.

Bravo ha asegurado que en todos los controles realizados por la Administración a las empresas de Francis Puig "ha salido impoluto y por eso no ha reclamación alguna". Del mismo modo, ha acusado al PP de mentir al hablar de un cártel: "Francis Puig únicamente forma parte de dos empresas Comunicació dels Ports y Mas Mut Produccions con 117 accionistas y él es socio minoritario: tiene un 4,95% de las acciones".

Ortiz: "Hay un quebranto de dinero público"

Por su parte, la diputada del PP ha denunciado que hay "un quebranto de dinero público sin que el Gobierno valenciano haga nada por evitarlo" y ha cifrado en 1,2 millones de euros la cantidad total salida de las arcas públicas valencianas en concepto de subvenciones a las empresas investigadas "justificadas ilegalmente", que ascienden hasta los 2 millones si se suman las de Aragón y Cataluña.

Por otro lado, Ortiz se ha preguntado "por qué al socio del hermano de Puig sí que se le han pedido siete reintegros y al hermano de Puig no se le ha solicitado que reintegre ninguna cantidad. No quiero pensar que el apellido Puig en este asunto pesa demasiado", ha manifestado.