El Gobierno trata de reunir apoyos para salvar la ley de planes de pensiones colectivos de empleo. Una norma con la que pretende fomentar que los trabajadores apuesten por fórmulas de ahorro adicionales para complementar su pensión pública de jubilación.

Que la ley llegue o no a buen puerto no es cuestión baladí. De su aprobación (y de la reforma del sistema de cotización de los autónomos) depende el desembolso de los próximos 6.000 millones de los fondos europeos del plan de recuperación. Y el plazo máximo pactado con Bruselas para tener lista la norma culmina el próximo 30 de junio.

El proyecto recibió el visto bueno del Consejo de Ministros el pasado 22 de febrero y de ahí dio el salto al Congreso de los Diputados, donde actualmente se encuentra parado en fase de ponencia desde hace meses. En esta ocasión, sus socios parlamentarios habituales (ERC y EH Bildu) le han dado la espalda al Gobierno, pues arguyen que la ley pone en peligro el sistema público de pensiones. 

Para tratar de desatascarlo, el Ejecutivo ha ofrecido añadir deducciones fiscales adicionales a las que ya incluía el proyecto, con las que ha conseguido granjearse el apoyo de Ciudadanos. Según informó EFE, el Gobierno está dispuesto a que las empresas puedan deducirse en la cuota íntegra del impuesto de sociedades el 10% de las contribuciones que hagan a los planes de pensiones de empleo de sus trabajadores, para retribuciones brutas anuales de hasta 27.000 euros. El PP, con quien el Gobierno también mantiene conversaciones, de momento mantiene su 'no' a la reforma.

El segundo pilar del sistema de pensiones

El proyecto está llamado a reforzar lo que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, denomina segundo pilar del sistema de pensiones. El primero lo forman las pensiones públicas y los otros dos restantes incluyen mecanismos de ahorro complementarios. Se trata de los planes de pensiones de empleo (segundo pilar) y los individuales (tercer pilar)

La norma busca potenciar estos planes de pensiones colectivos de empleo, que existen desde 1987, pero que se han quedado muy rezagados en comparación con los planes individuales. Actualmente, los planes de empleo cubren solo cubren al 10,2% de los trabajadores, frente a un promedio europeo del 18,7%. En el primer trimestre del año, únicamente 1,9 millones de trabajadores tenían ahorros en planes colectivos de empleo, frente a los 7,4 millones con fondos en planes privados.

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El Gobierno sostiene que el escaso patrimonio acumulado en los fondos colectivos de empleo les resta atractivo para los trabajadores, al hacerlos menos eficientes y rentables. El diseño actual, arguyen, favorece los planes colectivos solo en grandes empresas y provoca que los trabajadores opten en su mayoría por planes individuales, muy orientados a niveles de renta altos.

Para seducir a pymes, autónomos y empleados públicos, la ley propone crear fondos públicos impulsados por el Gobierno y simplificar los trámites para que empresas y sindicatos puedan pactar planes de empleo sectoriales. En el segundo de los casos, la idea consiste en que, a través de la negociación colectiva, los agentes sociales puedan pactar un plan de empleo para un sector al que puedan acceder todas las empresas pertenecientes a él.

El sector de la construcción se convirtió en pionero hace dos semanas tras aprobar un preacuerdo para poner en marcha el primer plan de pensiones colectivo sectorial de la historia de España. El pacto permitiría a 1,3 millones de trabajadores del sector beneficiarse de este fondo, que solo se pondrá en marcha si prospera la ley propuesta por Escrivá. Según fuentes sindicales y empresariales consultadas por este periódico, la construcción es el único sector en el que se están negociando planes colectivos por el momento.

Incentivos fiscales

Otra de las herramientas para hacer más atractivos los fondos de inversión colectiva para la jubilación son los incentivos fiscales. Los Presupuestos Generales del Estado para 2022 permiten deducirse hasta 8.500 euros al año en la declaración de la renta por aportaciones a planes de empleo. Un límite que está condicionado a la cuantía de las aportaciones que hagan el trabajador y la empresa.

En principio, los trabajadores no pueden realizar aportaciones superiores a las de su empleador, aunque la ley lo permite hasta los 1.500 euros. Además, el trabajador puede deducirse otros 1.500 euros adicionales por aportaciones a título personal a planes individuales o colectivos. En el caso de los autónomos la norma permitiría deducciones de hasta 5.750 euros anuales por aportaciones, más del triple de lo autorizado actualmente.