El nuevo modelo de residencias tendrá que esperar. El Gobierno no ha logrado recoger los apoyos necesarios de las comunidades autónomas para dar luz verde a un documento que se preveía aprobar en el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales celebrado este miércoles. Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales cuentan a 20minutos que se ha pactado "posponer la votación" con la confianza puesta en lograr un consenso más sólido "a lo largo del próximo mes". 

El nuevo acuerdo de acreditación y calidad de los centros de los servicios de atención a la dependencia, que vendría a sustituir al actual (de 2008), fija una serie de medidas de obligado cumplimiento a implantar de aquí a 2030. El objetivo del Gobierno, según el texto al que ha tenido acceso este periódico, es avanzar hacia un modelo de residencias que ponga "a cada persona, a sus necesidades y a sus preferencias en el centro" y transforme los centros en un "ambiente hogareño".

Entre otras medidas, el ministerio dirigido por Ione Belarra propone disminuir la ratio en las residencias hasta un trabajador por cada dos residentes, ampliar el número de habitaciones individuales en las residencias públicas y establecer núcleos de convivencia de 15 personas como máximo. Pero, como ya venían manifestando algunas comunidades y la patronal, estas acciones, que implicarían un aumento considerable de contratación de personal, son insuficientes si no van de la mano de un incremento de la financiación. "Habrá que trabajar sobre ello para conseguir un mayor consenso", subrayan fuentes de Derechos Sociales.

El documento se ha consensuado durante los últimos meses con entidades sociales, sociedades científicas y profesionales en la Mesa de Diálogo Social, pero debe ser ratificado por las autonomías para que salga adelante. Según informa la Agencia EFE, al nuevo modelo se han opuesto Cataluña y País Vasco, comunidades gobernadas por el PP -Madrid, Galicia, Andalucía y Murcia-, así como dos del PSOE como son Extremadura y Castilla-La Mancha.

Centros con menos plazas y en zonas urbanas

La propuesta que había puesto encima de la mesa el Gobierno fija una serie de criterios que buscan, "en todo lo posible", asemejar las residencias a un hogar. Así, para reducir afecciones como la ansiedad y la depresión o el uso de psicofármacos, el documento establece que las unidades de convivencia sean de, como máximo, 15 personas, y cuenten con sala de estar y acceso gratuito a dispositivos con Internet. Además, los centros proyectados no podrían superar entre las 75 y las 120 plazas, dependiendo de la densidad de población.

En esa línea, el documento plantea minimizar las rotaciones del personal de atención directa e involucrar a los propios usuarios en la personalización y decoración de sus espacios, así como en la distribución de los muebles. 

Además, todos los nuevos centros que se vayan construyendo, deberían asegurar un 65% de habitaciones de uso individual en las plazas públicas, y "con carácter general", tanto las residencias como los centros de día tendrían que ubicarse en suelo urbano con acceso próximo a espacios de actividad social y comunitaria. 

Más participación de las familias

Otro de los objetivos marcados es fomentar la comunicación entre los usuarios, las residencias y los familiares. Por ejemplo, las familias podrán participar también en la personalización de las habitaciones. Más concretamente, el nuevo modelo establece canales de comunicación permanente y la obligación de celebrar reuniones periódicas para el intercambio de información. Asimismo, "se facilitará que las personas residentes puedan recibir visitas de sus familiares o allegados siempre que lo deseen", explican desde el Ministerio de Derechos Sociales. 

Eliminación de las sujeciones mecánicas

Uno de los cambios destacados en el documento es que, en el plazo de tres años, se eliminen por completo las sujeciones mecánicas y coerciones en los centros de día y residencias. Es lo que desde Derechos Sociales califican el camino hacia "la cultura de la no sujeción". 

"Las sujeciones físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas no curan, no ayudan a un diagnóstico, no son terapéuticas, ni un modelo de intervención ético. Restan capacidad a las personas y son causas de graves complicaciones, tanto a nivel físico como a nivel psicológico", subrayan. 

Mejora de la atención domiciliaria

Dentro del marco de incrementar la personalización de la atención, la propuesta del Ejecutivo contempla la mejora de los servicios de ayuda a domicilio, que deberán organizarse preferentemente en pequeños equipos de proximidad. El fin es que esos equipos se distribuyan por áreas territoriales para minimizar los tiempos de desplazamiento a las viviendas de los usuarios. Además, se fortalece la "teleasistencia" dando especial importancia a los "aspectos relacionales y emocionales", y dejando atrás la habitual línea telefónica para evolucionar hacia dispositivos y sensores del IoT.

Calidad en el empleo y en los centros

Teniendo en cuenta los "nuevos roles" que se reconoce que asumirán los profesionales de atención directa con ese cambio de paradigma hacia la personalización, el texto marca tres puntos de interés a mejorar en el personal: la calidad en el empleo, la formación continua y el apoyo a los propios profesionales. 

Así, se mejoran "sustancialmente" los ratios de personal. En residencias de mayores, la ratio se irá incrementando paulatinamente de 0,39 en diciembre de 2023 a 0,51 en 2029. En centros de personas con discapacidad pasará de 0,50 a 0,58 en ese mismo periodo de tiempo. En centros de día se fijan en 0,25 para 2023, hasta el 0,30 que tendrá que primar antes de 2030.

También se establecen por primera vez ratios concretos para el servicio de ayuda domicilio por cada 1.000 horas de atención. Además, los trabajadores dispondrán de una reserva de al menos el 5% de su jornada laboral para "tareas de coordinación" con el resto de personas que intervienen (servicios sociales, sistema de salud, familiares, etc.). 

Además, las entidades desarrollarán planes de formación para trabajadores y el personal de atención directa de primer nivel deberá contar con la cualificación profesional que acredite sus competencias. 

Ya de cara al funcionamiento general, el documento marca el diseño de un sistema común para evaluar la calidad de los servicios en base a cinco principios: dignidad y respeto; personalización y atención centrada en la persona; participación, control y elecciones; derecho a la salud y bienestar personal; y proximidad y conexiones comunitarias. Los resultados, detalla el documento, serán "públicos y transparentes" y permitirán establecer categorías distintas en función de la calidad que, a su vez, podrán utilizarse "como criterios de solvencia técnica en los procedimientos de contratación y concierto".