El Tribunal Supremo ha dado marcha atrás y acepta revisar los indultos parciales concedidos hace un año por el Gobierno a los condenados a penas de prisión por el proceso independentista catalán de 2017.

Según ha informado este martes el alto tribunal, la Sección Quinta de la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) ha estimado, por una ajustada mayoría de tres votos frente a dos, los recursos de reposición presentados por PP, Vox y Ciudadanos después de que el mismo Supremo rechazara hace cuatro meses revisar las medidas de gracia. 

"El tribunal ordena la continuación de los procedimientos y pospone al trámite de sentencia el pronunciamiento sobre la falta de legitimación de los recurrentes planteada por la Abogacía del Estado en todos los recursos", explica el Supremo. El contenido de los autos y los votos particulares de los dos magistrados que se oponen se conocerá en los próximos días.

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En un primer momento, el alto tribunal desestimó los recursos de PP, Vox y Ciudadanos alegando que no eran partes legitimadas para recurrir los decretos aprobados por el Ejecutivo hace casi un año. Por tanto, los magistrados de la Sala Tercera ni siquiera entraron a revisar el fondo de esos decretos.

Fue la misma Sección Quinta de la Sala Tercera la que el pasado enero rechazó los siete recursos que se habían presentado contra los indultos. La votación también fue ajustada: tres votos contra dos. Entonces, los magistrados señalaron respecto a los partidos políticos que es "abrumadora" la jurisprudencia que declara que "no concurre con carácter general" su legitimación activa, salvo en aquellas actuaciones "que afecten a la esfera de sus derechos e intereses legítimos". Así, entendían que este no era el caso.

La clave: cambio de magistrados

Los tres partidos presentaron recurso de reposición tras esta decisión, y es lo que ahora ha admitido el Supremo, alejándose así de la jurisprudencia que suele venir manteniendo este tribunal en lo referente a las medidas de gracia. La razón por la que ahora se ha enmendado la decisión de enero es que ha cambiado la composición de la Sección: dos de los tres jueces que votaron para rechazar los recursos -Segundo Ménendez y Ángeles Huet- han pasado a otras secciones, mientras que los dos que abogaron por admitirlos, Fernando Román y Wenceslao Olea, se han mantenido.

Por tanto, ahora sí, la Sala de lo Contencioso-Administrativo estudiará si los indultos concedidos al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, los exconsellers Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa, la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, fueron ajustados a Derecho. 

Los decretos en los que se indultó a los exdirigentes independentistas condenados por el Supremo a entre 9 y 13 años de cárcel por sedición alegaban como principal motivación para concederlos la "utilidad pública" en aras de fomentar la convivencia en Cataluña.

"Recuperar la normalidad" en Cataluña

Precisamente este es el argumento utilizado por el Ejecutivo al ser preguntado por este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La portavoz, Isabel Rodríguez, ha defendido la "legalidad de todas" las decisiones del Gobierno y en el caso de los indultos, también su "utilidad" para mejorar la "convivencia" y "recuperar la normalidad en Cataluña". "La situación allí no tiene nada que ver con 2017 ó 2019. En Cataluña en 2020 los delitos de odio bajaron un 60%", ha dicho.

Fuentes gubernamentales han apuntado después que ven la decisión del Supremo de este martes como un mero trámite procedimental, por lo que en Moncloa están seguros de que el alto tribunal terminará avalando las medidas de gracia.