Entrevista | David Lucas, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda: "El bono joven de alquiler es inminente"

El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas Parrón
El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas Parrón
Daniel Ramo

Meses después de la aprobación del bono joven de alquiler, el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, conversa con 20minutos sobre la "inminente" puesta en marcha de la medida. Lucas, que ha ocupado otros cargos como senador electo por Madrid en la XII Legislatura, alcalde de Móstoles o portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, aclara cuestiones sobre el alcance de la ayuda al alquiler, el calendario de su publicación y el perfil de los potenciales beneficiarios de la misma. Adelanta además información sobre la ley de la vivienda, una de las propuestas más importantes del Gobierno, que se encuentra actualmente en proceso de tramitación. 

El 18 de enero, día de la aprobación del bono, la ministra Raquel Sánchez dijo que las convocatorias tardarían "como mucho" dos meses en salir adelante. Han pasado ya cuatro meses, ¿a qué se debe este retraso y cuándo se prevé que se publiquen las distintas convocatorias?

Todo el proceso se ha hecho en tiempo récord. Después del 18 de enero se tuvo que adoptar una decisión por parte de la conferencia sectorial, que la componen el ministerio y las comunidades autónomas. Eso fue a principios de febrero, luego se llevó la autorización del gasto al Consejo de Ministros, también en febrero, y ya el 9 de marzo se aprobó la distribución definitiva. A finales de abril se mandaron las resoluciones a las comunidades, ya concediéndoles la parte que les correspondía del bono, y a partir de ese momento han tenido que aportar documentación para acreditar que no tienen deudas tributarias, que están al frente de sus obligaciones en la Seguridad Social y también al frente de posibles pagos a la Administración General del Estado. Una vez han ido comunicando esta información, se ha ido tramitando el pago. Ya se han trasladado a Hacienda las cantidades referentes a varias comunidades y algunas de ellas entiendo que están cobrando.

Todas las comunidades, además de Ceuta y Melilla, han aceptado los presupuestos negociados y publicados por el ministerio. ¿Cuáles han llevado a cabo los trámites para recibir el dinero?

Yo tampoco quiero ir señalando a unas comunidades o a otras, todas están trabajando en ello y hay 11 que lo tienen ya todo previsto. Se van a empezar a sacar las convocatorias de manera inminente.  En lo que queda de esta semana y la que viene, estarán listas todas las comunidades, muchas de ellas ya con los recursos disponibles.

Desde el ministerio se ha confirmado a 20minutos que Madrid, Cataluña, Asturias, Galicia, Canarias, Cantabria y La Rioja han realizado los trámites y están a la espera de recibir el dinero del bono. ¿Hay alguna otra comunidad que esté en su misma situación?

Asturias, Galicia, Ceuta, Canarias, Cantabria, Melilla, Cataluña, La Rioja, Madrid, Baleares y la Comunidad Valenciana han llevado a cabo todos los procesos para cobrar el dinero del bono. Se está fiscalizando la documentación de la mayoría de ellas, pero ese proceso ya ha terminado para Asturias, Galicia, Ceuta, Canarias, La Rioja y Melilla.

¿Desde el Ministerio se ha puesto alguna fecha tope ahora que se está entregando el dinero?

No, no se ha puesto ninguna fecha tope porque no está establecido en el real decreto, entendemos que las van a sacar de manera inminente. Está todo el mundo esperando esta convocatoria y me consta que todas las comunidades tienen el trabajo muy avanzado.

Según los cálculos del Ejecutivo, el bono tendrá unos 70.000 beneficiarios. Habiendo casi cinco millones de trabajadores de entre 18 y 35 años en España, ¿no le parece una cifra algo baja?

El bono nunca ha pretendido ser una ayuda universal. Lo que está intentando es ayudar a las rentas más bajas, a los jóvenes que tienen más dificultades, los que están tres veces por debajo del IPREM. Lo que sí quiero comentar es que las competencias en materia de vivienda las tienen las comunidades autónomas, las transferencias las reciben anualmente y de manera generalizada por parte del Estado. Estas ayudas son una aportación adicional que hace el Estado para ayudar a hacer más políticas que ya están realizando las comunidades. Lo que es evidente es que tener estos 400 millones de euros disponibles es mejor que no tener recursos.

Pedro Sánchez declaró en enero, el día siguiente a la aprobación del bono, que es una política que "ha nacido para quedarse" y dijo que iría "expandiéndose" en cuantía y beneficiarios. ¿Hay alguna novedad al respecto?

Por ahora está previsto para este año y para el que viene, vamos a esperar a que se implemente el bono, a que las comunidades lo lleven a cabo y una vez que veamos su implementación, se harán las valoraciones oportunas. Quiero recordar además que tiene carácter retroactivo desde el uno de enero.

Entre las condiciones para beneficiarse del bono joven se requiere que el precio mensual no supere los 600 euros al mes, ampliables a 900, en el caso de la vivienda. El límite en el caso de las habitaciones alquiladas es de 300 euros, ampliables a 450 si lo decide la comunidad. ¿A qué responde este requisito?

Los criterios establecen los precios medios de los alquileres en determinadas zonas de España, sobre todo muy tensionadas. La ampliación a 900 euros se diseñó pensando en aquellas zonas donde los precios de los alquileres son mayores, pero también es verdad que la ayuda al bono tiene una limitación en cuanto al precio del alquiler en sí mismo. Si se está pagando un alquiler de 200 euros, se tendría derecho a cobrar una ayuda de hasta 200 euros al mes y no hasta los 250.

¿Se pueden ocasionar problemas por falta de oferta de viviendas de alquiler a esos precios en las zonas más tensionadas?

En la Comunidad de Madrid, o en otras comunidades, puedes encontrar precios por debajo de los 900 euros, pero es cierto que en algunas zonas que pueden estar tensionadas tenemos que tener presente la posibilidad de tener esa modulación de 600 a 900 euros y de 300 a 450. El problema en España, muchas veces, es la falta de viviendas de alquiler, pero no creo que estas limitaciones afecten, porque se vienen estableciendo en el Plan Estatal de Vivienda y han funcionado bien.

¿Se contempla que ciudades como Madrid o Barcelona decidan dejar los topes en 600 y 300 euros?

No sé lo que pensarán hacer Madrid o Barcelona. Lo que sí sé es que esas decisiones se tendrán que trasladar a la comisión bilateral existente entre el Estado y la comunidad correspondiente, que tendrá que acreditar cuáles son las cantidades que se establecen y las posibles modificaciones hasta los 900 euros.

¿Temen desde el Ministerio que la ayuda pueda incitar a los propietarios a subir los precios del alquiler?

Yo creo que no, porque todas las ayudas que hemos establecido históricamente no han tenido ese efecto. Esas ayudas no son universales. Si lo fuera, se podría tender a tener esa intención, pero no es así. Además, para tener opción a la ayuda hace falta tener un contrato previo, por lo tanto no sería lógico que se produjese esa subida del precio.

El bono es una ayuda dirigida al individuo, ¿cómo se gestionarán los casos de vivienda compartida en los que hay un único contrato para toda la vivienda y no uno para cada habitación?

En este caso se establece el cómputo individualizado por cada uno de los jóvenes, por la parte que le corresponde afrontar en el alquiler de la vivienda. Lo que se hace es tener en cuenta la solicitud que haga cada uno de ellos, porque se puede dar el caso de que no todos lo soliciten. Si hay un contrato de alquiler de 1.200 euros para un domicilio en el que viven tres jóvenes, cada uno afronta un tercio de la cantidad del alquiler. Cada uno tendrá la capacidad de solicitar el bono en función de la renta que el afronta.

Otra de las grandes medidas de la legislatura es la ley de la vivienda. Grupos como ERC o Bildu, que son claves para que se apruebe en el Congreso, insisten en que el mecanismo de regulación de alquileres debe ir más allá y obligar también a los pequeños tenedores a bajar los precios hasta el tope que establezca el Gobierno. ¿Hay margen para modificar la ley en ese sentido?

Hay margen para poder hablar con todos ellos, estamos trabajando con todos ellos. Son ochocientas y pico enmiendas las que se han presentado y las estamos estudiando. Lo que sí está claro es que la ley va a salir adelante con el máximo consenso posible.

¿Están dispuestos a negociar que no se dilate un año y medio la entrada en vigor del mecanismo de control de precios una vez se apruebe la ley?

Vuelvo a reiterar, son cuestiones que estamos trabajando en el debate parlamentario, que van a ser fruto de un diálogo intenso y darán como resultado la solución. Como digo, hay diferentes propuestas, no puedo avanzar mucho más.

¿Para cuándo calculan que podría haber una ley de vivienda en marcha?

El compromiso que tenemos con la Comisión Europea es que a finales de septiembre o principios de octubre pudiera estar aprobada. Queda todavía toda la tramitación parlamentaria en el Congreso y en el Senado, pero vamos a intentar que esté para esas fechas.

Varias comunidades ya han anunciado que no piensan aplicar este control de precios. ¿Cómo lo valora? ¿Hay capacidad por parte del Estado de obligarlas?

Cada comunidad es responsable de lo que hace. De todas formas, la ley contempla muchísimas cuestiones que serán de obligado cumplimiento para todos. En cuanto a la limitación de precios, es verdad que se deja en manos de las comunidades la declaración de áreas tensionadas, que conlleva beneficios fiscales para los arrendatarios y que es beneficiosa para los ciudadanos. Tendrán que valorar y explicar por qué no se pueden aplicar los beneficios a los arrendadores y arrendatarios cuando está previsto que ambos se beneficien.

Las medidas del plan económico contra la guerra, incluyendo las relativas a la vivienda como el límite del 2% a la subida anual de los alquileres para evitar que crezcan con la inflación, decaen el 30 de junio. ¿Se plantean ampliarlas más allá de esa fecha? ¿Están ya negociando?

Vamos a analizar cómo evolucionan los precios, como evoluciona el IPC, y en función de eso, en las próximas fechas se hará la elaboración oportuna y se tomará la decisión. Es un análisis que tenemos que hacer sobre la evolución de los precios y en función de ese análisis se tomarán las decisiones que haya que adoptar. Todavía queda tiempo para esa fecha. 

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