Madrid pone fin al concepto de incapacidad y a la figura de la tutela en su apoyo a los adultos

  • La nueva Agencia tiene como objetivo la defensa judicial de los residentes y el ejercicio inexcusable de la curatela.
Un paciente, a la entrada del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.
Lesión medular.
Ismael Herrero / EFE
Un paciente, a la entrada del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

La Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles el proyecto de Ley de creación de la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad (AMAPAD), un organismo que sustituirá a la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos (AMTA), encargada hasta ahora de asumir las medidas de apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas adultas. Entre las novedades, esta norma implicará la desaparición del concepto de incapacidad y de la figura de la tutela y la creación de un nuevo marco legal, que estará adscrita a la Consejería de Familia, Juventud y Política Social.

Así lo ha anunciado el consejero de Educación, Ciencia y Universidades y portavoz del Ejecutivo madrileño, Enrique Ossorio, en rueda de prensa, y donde ha explicado que el nuevo texto, que consta de 36 artículos, adapta la regulación de la entidad pública a la Ley estatal 8/2021 y otros convenios internacionales que reflejan un avance en los derechos de las personas con discapacidad.

"Esta nueva agencia se centrará en el respeto a la voluntad, deseos y preferencias de las personas adultas que requieren apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, en la promoción de su participación en la toma de decisiones y en su máxima autonomía personal", ha detallado.

Este nuevo organismo tiene como objetivos la defensa judicial de los residentes en la región a los que se haya iniciado un procedimiento de provisión de medidas judiciales de apoyo; y el ejercicio inexcusable de la curatela (figura legal que se define como la medida de atención a una persona que no cuenta con plena capacidad y requiere de asistencia continuada).

Entre las novedades que se incorporan para avanzar en su bienestar y sus derechos está la creación de un comité de ética propio, el establecimiento de códigos de buenas prácticas y de buen gobierno o la constitución de una comisión específica para la participación de las personas con discapacidad apoyadas por la Agencia.

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