El Govern de la Generalitat está ultimando un decreto ley que excluye porcentajes de lenguas en la enseñanza en las aulas catalanas, y que otorga a Educació la responsabilidad de dar el visto bueno a los proyectos lingüísticos de los centros.

Mientras que en el Parlament ERC, PSC y comunes apuran el plazo de 24 horas para lograr acercar a JxCat al consenso para impulsar una normativa legal para blindar el catalán, en paralelo el Govern trabaja en un decreto ley que permita proteger los centros educativos y sus proyectos lingüísticos frente a las resoluciones judiciales que los obligan a impartir un 25 % de clases en castellano.

Los contactos entre los dos socios de gobierno se suceden y, en esa línea, el martes se produjo una cumbre al máximo nivel entre ambos partidos en el Palau de la Generalitat, aunque sin avances relevantes, según fuentes conocedoras de las negociaciones.

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Estuvieron presentes, por parte de ERC, el presidente catalán, Pere Aragonès, las conselleras Laura Vilagrà y Natàlia Garriga, el secretario general de Política Lingüística del Govern, Francesc Xavier Vila, y la secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta; por parte de Junts, el vicepresidente catalán, Jordi Puigneró, la presidenta del Parlament y futura presidenta de JxCat, Laura Borràs, el actual secretario general del partido, Jordi Sànchez, y el que con toda probabilidad le sucederá en el cargo, el exconseller Jordi Turull, y el líder del grupo parlamentario, Albert Batet.

El Ejecutivo de Pere Aragonès ultima un decreto ley en el que se dejaría claro de forma explícita que no pueden haber porcentajes por razón de lengua en las aulas catalanas; una medida opuesta a la sentencia del TSJC. Desde el Govern están convencidos de su "solvencia jurídica"

En el escenario actual y conscientes de la fecha límite de dos semanas que dio el TSJC para ejecutar la sentencia, plazo que finalizará el 31 de mayo, se trabaja en varias líneas para intentar proteger la inmersión lingüística en catalán.

Por un lado, según fuentes de la Generalitat, el Ejecutivo de Pere Aragonès ultima un decreto ley en el que se dejaría claro de forma explícita que no pueden haber porcentajes por razón de lengua en las aulas catalanas; una medida opuesta a la sentencia del TSJC, pese a que desde el Govern están convencidos de su "solvencia jurídica".

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Además de rechazar porcentajes, el decreto también precisaría que el conseller de Educació asumiría la responsabilidad de validar y firmar los proyectos lingüísticos de los centros educativos, para no dejar a la intemperie a direcciones y profesores.

Un decreto ley que iría en paralelo al acuerdo que tratan de cerrar los grupos políticos en el Parlament para modificar la actual ley de Política Lingüística o una nueva ley, y que también podría ir en la misma línea de legislar "explícitamente" que "no puede haber porcentajes" de lenguas en la educación en Cataluña, como ayer ya sugirió la portavoz republicana, Marta Vilalta.